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La Justicia al garete. Garzón, Chávez y el CGPJ

Miguel Massanet
Miguel Massanet
lunes, 8 de junio de 2009, 00:49 h (CET)
Ya sabemos que la Justicia no es igual para todos. ¡No, no se me amontonen!, quiero decir que, en la práctica, en lo que podemos constatar cada día y en lo que el transcurso de los tiempos nos ha podido confirmar es que, a pesar de que esta oronda dama de la balanza y la venda delate de los ojos, cómodamente aposentada en lo que deberían ser los inamovibles cimientos de los principios del derecho; esta virtuosa Astrea de los romanos, hermana de Pudor; en algunas ocasiones, más de lo que sería conveniente que sucediera, se deja arrastrar por la tentación de levantarse levemente la venda que le impide ver, para atisbar por debajo de ella si, aquel sobre el que ha de impartir su sabiduría justiciera, se merece que se haga una excepción con él. No debiera ocurrir pero ocurre. Y ello nos debe llevar a reflexionar sobre aquellos que no tienen empacho en justificar sus acciones, en pretender fundamentar sus abusos de poder, su falta de sensibilidad, su nepotismo y clientelismo, su desprecio por la inteligencia de los demás y su pétrea facies, alegando que, aquellas acciones presuntamente delictivas que se les achacan, aquellos actos que se cometieron con el convencimiento de que su posición dominante, su cargo sobresaliente y sus influencias partidistas le daban licencia para llevarlos a cabo impunemente; le autorizaban y le permitían darle una larga cambiada a la legalidad para, bajo la lapidaria expresión de haber actuado “por imperio de la Ley”, justificarse ante aquellas voces críticas que le demandaban explicaciones, denunciando una acción que, si no tenía todas las característica de una prevaricación, al menos, disponía de las suficientes para parecerlo.

Y es que, cuando vemos que se levantan, se desempolvan y se paren noticias que tienen todas las trazas de intentar poner en evidencia la comisión de determinados hechos con apariencia de irregularidades presuntamente cometidas por personajes que, por su categoría social, su prestigio, su cargo preeminente o su notoria influencia, deberían ser paradigma de honradez y modelo de honestidad; sentimos que en nuestro interior se enciende una alarma que reclama una actuación rápida, eficaz, libre, contundente y, por supuesto, exhaustiva de la Justicia, con el fin de que se aclare, sin dilaciones ni aplazamientos interesados, si aquellos hechos que han sido puestos en cuestión, tienen alguna de las características que los puedan tipificar como constitutivos de una acción delictiva; en cuyo caso, los ciudadanos tenemos el deber, el derecho y la obligación de exigir que las leyes se apliquen sin la menor condescendencia. Por desgracia, estamos hartos de ver como en muchas ocasiones las leyes se administran con el máximo rigor cuando al infractor es persona de baja extracción social y no puede disponer de buenos abogados que lo defiendan; hasta el extremo de que hemos visto, recientemente, condenar con dureza a un pobre hombre que sólo quería llevarse una barra de pan para saciar el hambre y, por el contrario, salirse de rositas personajes autores de una estafa de miles de millones de pesetas todo por tener buenas relaciones con las más altas instituciones de la nación.

Es imperdonable que, ya fuere por endogamia, ya se debiera a ciertos escrúpulos corporativistas o ya por temor a las consecuencias que, para la carrera particular de algunos jueces o magistrados, se pudieran derivar de imputar a ciertos personajes –protegidos por su cargo en el Gobierno, por su destacada presencia en la Alta sociedad, por pertenecer a la judicatura o por gozar de la protección de un partido político determinado –; se den casos en los que, delitos que causan alarma social, actos de manifiesto abuso de cargos públicos, presuntos fraudes de ley, malversación de caudales públicos o prevaricación; se encubren, se eternizan en el tiempo o se archivan sin más trámite; como si, para determinadas personas, las leyes no contaran. Nadie pondrá en duda que, el procedimiento expeditivo con el que, el Consejo General del Poder Judicial, ha resuelto el expediente que se le incoaba al juez Garzón, por su negligencia, al permitir que un narcotraficante turco fuera puesto en libertad; no cause perplejidad y escándalo a la ciudadanía, que se tiene que enfrentar a una resolución por la que se sanciona al juez que permitió la fuga de un criminal que atentaba contra la salud pública de los ciudadanos, con la mísera cantidad de 100 euros. Pero es que, por si no bastara, el mismo CGPJ se ha negado a cumplir un requerimiento del TS por el que se les ordenaba investigar las cantidades percibidas por el juez “estrella” en sus periplos por Hispanoamérica, alegando que ya habían archivado dicho expediente. Que un organismo que tiene la misión de velar por que los jueces cumplan con sus funciones, se comporten conforme a los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se atengan a las incompatibilidades que comporta su cargo; resulte que, a la postre, se ha convertido en un centro de acogida de jueces descarriados, para ampararles y sacarlos de sus apuros, nos puede dar la medida de la precaria situación de la Justicia en España.

El mismo estupor nos produce que el ex presidente de la Junta de Andalucía, señor Chávez, se escude detrás de “el imperativo de la Ley” para querer cubrirse las espaldas en un caso tan meridiano como es el que se subvencionara, precisamente a la empresa de la que es apoderada su hija Paula, con diez millones de euros. Es intrascendente si su hija intervino o no en la negociación de la subvención, porque es evidente la relación causa efecto entre el cargo que se le dio a su hija y la entrega de la subvención que, si antes se cifraba en 7 millones de euros, con la incorporación de la nueva apoderada, pasó a ser de 10 millones de euros. Resulta patético que, una persona de la talla de Chávez, disponga de tan pocas armas legales para enfrentarse a unos hechos que, de confirmarse y la política funcionase como es debido, le obligarían a presentar su dimisión del cargo que actualmente ocupa en el Gobierno. El primer imperativo de la legalidad, señor mío, es, precisamente, cumplir con las normas y, como debía haber sido su proceder en el caso que nos ocupa, su deber era inhibirse de tomar parte en dicho expediente, dejando que fueren otros, personas imparciales, quienes tomaran los acuerdos pertinentes. Y es que, señor Chávez, en estas cuestiones tan delicadas, toda precaución es poca y toda prudencia insuficiente a la hora de presentarse ante los ciudadanos como una persona intachable y digna de toda confianza. Usted, inocente o no, no tuvo la precaución de apartarse de la negociación que, por cierto, ratificó; por lo que sus excusas llegan a destiempo y usted, como jurista que es, debiera saber mejor que nadie que: “excusatio non petita acusatio manifiesta”.

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