Como casi todo lo relativo a las cuentas de los partidos políticos o los sindicatos, las cuentas y gastos de los procesos electorales navegan también por aguas turbulentas, más que oscuras, negras. Y a nadie de los que de oficio debieran fiscalizarlas parece importarles, pues la política lo anega todo; ninguno de los órganos y organismos públicos escapan a los largos y pegajosos tentáculos de los partidos políticos que se afanan en legislar para perpetuarse en su control, desoyendo la división de poderes del ya para ellos trasnochado Montesquieu.

En efecto, la separación de poderes es una idea que repugna a la esencia de los partidos políticos, pues se arrogan la depositaría del poder pleno al margen de la soberanía popular que desprecian y esa es la razón por la que actualmente la separación de poderes se conozca como separación de funciones o separación de facultades, pues es claro que el poder lo detentan los partidos políticos. Por si las dudas, pregúntenles a ellos.

Esta reflexión se perfecciona al observarse que los partidos no están interesados en actualizar la Constitución y adaptarla a los tiempos actuales porque al igual que la separación de poderes, la han dejado al margen de la gestión política y tan sólo se preocupan por los derechos fundamentales, pues es ahí donde está el caladero electoral; ahí están los votos.

Constitución, Separación de Poderes y Derechos Fundamentales son los tres pilares del Estado de Derecho, así que marginados los dos primeros, los esfuerzos de los partidos se vuelcan en el tercero, razón por la que se está legislando como se hace: todos tienen derecho a todo aunque sea un disparate. Aún pasando por encima de los derechos de la mayoría, que ha dejado de ser hombre y mujer en el Código Civil, pongamos por caso, para poder incrustar a la fuerza en él los matrimonios homosexuales, para así hacerse con el voto de esos grupúsculos, en lugar de elaborar una norma imaginativa y moderna que les permita a éstos ejercer los mismos derechos que los matrimonios tradicionales o las parejas de hecho, sin tener que rebajar por ello los atributos de la mayoría.

Los comentaristas coinciden estos días en la baja estofa de la campaña electoral; es vergonzosa. Nada se dice de Europa pues carece de interés para los partidos, cuyo único objetivo es alcanzar mayores cotas de poder y brindar de paso, un retiro de oro de cinco años, a los veteranos de los partidos o segregarlos de su núcleo duro. Es por ello que en sus mítines no dejan de insultarse los unos a los otros; es simplemente un pero tú más. Mienten como bellacos, así sea enumerando los propios logros que se inventan, exageran o magnifican, al tiempo que se menosprecia y difama al adversario como si de enemigos se tratara. El mensaje único es: El bacán soy yo.

Ahora sale a colación que Zapatero se desplaza por España para acudir a los mítines electorales de su partido en el avión oficial que pagamos entre todos los españoles y el gasto que origina no computa en los de campaña del PSOE. Unos dicen que es una desfachatez y los otros que es una cuestión de seguridad y comunicación. Y la Junta Electoral Central (JEC), cuya competencia novena es “Velar por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales por parte de las candidaturas durante el período comprendido entre la convocatoria y el centésimo día posterior a la celebración de elecciones”, aún no ha dicho esta boca es mía. Podría haberse limitado, para zanjar tan mezquina reyerta, uno por usar ese medio de transporte y otro por convertirlo en cuestión capital, a emitir un comunicado que advirtiera que al final de la campaña harían una valoración del gasto que el uso de los medios de transporte oficiales del Estado representa y que sería aplicado al presupuesto de la campaña electoral del PSOE y franquicias satélites. Pero la JEC no se ha pronunciado.

Ésta es otra prueba de la sumisión de los órganos y organismos públicos a los partidos dominantes y el gobierno a considerar como de su propiedad todos los medios del Estado a su alcance por razón de su sola condición de gobierno.

La ciudadanía se pregunta si más transparencia en las cuentas de los partidos políticos no es posible. Pero la competencia exclusiva de la fiscalización económica y financiera de los partidos políticos recae en el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. El Pleno del Tribunal está integrado por los doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales es el Presidente, y el Fiscal. Corresponde al Pleno ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflictos que afecten a las competencias o atribuciones del Tribunal, conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas por otros órganos del Tribunal, y las demás funciones que le encomiendan la Ley Orgánica y la de Funcionamiento. Y los Consejeros de Cuentas son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado. Círculo cerrado.

Debe de haber una forma de elegir a los Consejeros de Cuentas que no pase por los partidos políticos. Porque si aquellos han de ser elegidos por el Senado y el Congreso y senadores y diputados son elegidos por los partidos políticos al incluirlos en sus listas electorales y los ciudadanos tan sólo pueden limitarse a votar una lista cerrada, considerar que es democrático y emana de la soberanía popular la formación del Tribunal de Cuentas y el nombramiento por parte del Rey de su presidente, a propuesta del Pleno, es sencillamente un eufemismo.

Una fórmula podría ser hacer intervenir en la formación del Pleno del Tribunal de Cuentas, al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y las asociaciones de fiscales, siempre que sean ajenas a cualquier adscripción política. Así, un Pleno compuesto por profesionales sin adscripción política tendría más credibilidad que uno nombrado por los propios partidos políticos y elegido en mascarada parlamentaria, por senadores y diputados. Tal vez en ese caso habría una mayor presteza y más esmero en la inspección financiera y económica de los partidos políticos, cuestión ésta de capital importancia habida cuenta que el grueso de sus ingresos sale de los bolsillos de todos los contribuyentes.