La negativa de George W. Bush a trabajar con el Congreso y las demás naciones en la actualización de las normas legales nacionales e internacionales para combatir a al-Qaeda tras el 11 de Septiembre persigue ahora a la nación y a su sucesor. El obstinado rechazo de Bush a compartir la autoridad, y la responsabilidad, nos deja a nosotros para combatir al enemigo del siglo XXI con las herramientas de la justicia de mediados del siglo XX.

El fracaso a la hora de captar la necesidad de cambio creada por la globalización de la delincuencia y el castigo ha emigrado hoy al extremo opuesto del espectro -- a la Unión Americana de Libertades Civiles y demás críticos de la extrema izquierda que acusan absurdamente al Presidente Obama de haber hecho propia la agenda de Bush en seguridad nacional. Ahora son ellos los que están atrapados en el pasado.

Hablando de forma algo cáustica en el edificio del Archivo Nacional, Obama animaba implícitamente a estos críticos a no sacar conclusiones precipitadas.

Al contrario que Bush, este presidente insiste en la supervisión de sus acciones por parte de la justicia y el Congreso. Y quiere colaborar con el Congreso en las políticas de detención que "no deberían ser la decisión de un solo hombre.” Obama hacía alusión a que entre las modificaciones que le gustaría ver hay una forma de detención preventiva para los sospechosos de terrorismo que no puedan ser condenados en tribunales estadounidenses pero que "sigan en guerra con Estados Unidos.” Él los interpreta como prisioneros de guerra -- pero de una guerra diferente.

Ese pensamiento fue central en su convincente refutación de los fanáticos del miedo en el Partido Republicano que retratan a los estadounidenses como especie en peligro de extinción automáticamente si los sospechosos de terrorismo son desplazados de la penitenciaría de Guantánamo a territorio estadounidense.

Pero lo que propuso Obama en su claro y equilibrado discurso fue abiertamente modesto en comparación con los enormes desafíos que plantean los cambios rápidos que se están imponiendo en cada nación-estado y su ejercicio del estado de derecho. Al mismo tiempo que ello hace más necesario que el gobierno tenga más competencias, la globalización vuelve obsoleta su práctica gubernamental.

Obama ofreció la supervisión del Congreso en asuntos de seguridad nacional como la panacea. Pero los roces de Nancy Pelosi con la CIA a causa de lo que pudo estar informada o no subraya la actual insuficiencia de esa supervisión. Debe ser ampliada con efecto inmediato, y profundizada, como proponía la semana pasada el director de la CIA Leon Panetta.

Y Obama no ofreció apoyo a propuestas innovadoras de un nuevo sistema de tribunales de seguridad nacional capaces de procesar y juzgar crímenes transnacionales al tiempo que gestiona información clasificada entre fuentes nacionales o extranjeras. La necesidad de tales tribunales debería ser evidente para cualquiera que lea estas dos sentencias aparecidas en un artículo del Washington Post la semana pasada:

“Ahmed Khalfan Ghailani, presunto operativo de al-Qaeda condenado por los atentados de 1998 contra dos embajadas estadounidenses en África, será juzgado en Nueva York. Ghailani, natural de Tanzania, fue capturado en Pakistán en el año 2004, confinado en un lugar secreto por la CIA y transferido a Guantánamo junto a otros presos 'de elevado valor' en el año 2006.”

Vaya. El rápido desplazamiento de ubicación nubla las ideas. Y, como indicaba Obama el jueves, el caso Ghailani es relativamente evidente. La labor del Presidente corrigiendo el equilibrio entre libertades civiles y seguridad nacional apenas acaba de empezar.

La Convención de Ginebra y las nociones tradicionales de daño colateral son directrices inadecuadas para confrontar guerras en Irak y Afganistán y la amenaza global de las redes terroristas yihadistas. El vocabulario y la lógica de los conflictos pasados ya no cubren todos los casos.

La guerra de Afganistán es un asunto de daño colateral hasta la médula. Sin grandes unidades militares coordinadas enfrentándose independientemente a lo largo de frentes fijos, el resultado es casual y aleatorio, una cuestión puntual que hiere y destruye lo que se le cruza en su camino.

El caos, no el orden de la victoria o la derrota final, es el propósito que empuja a al-Qaeda y a sus aliados. El desmantelamiento de las guerrillas y de cualquier entorno civil que puedan controlar -- el mar de Mao en el que nadan las pescadillas -- es el antídoto impuesto por fuerza por Estados Unidos, la OTAN, y ahora el ejército paquistaní en el valle del Swat.

Las instituciones internacionales existentes y los códigos legales no fueron diseñados para recoger la realidad fluida y dura de la guerra global asimétrica. Pero proporcionan una base lo bastante sólida para el cambio que preserve los fundamentos de la democracia.

Al prometer cerrar Guantánamo y poner fin a los abusos de los interrogatorios de la era Bush, Obama ha ganado credibilidad en el extranjero. Ahora debería hacer uso de ella convocando una conferencia internacional plurianual encaminada a modernizar las normas del conflicto armado. Su presidencia ofrece a Estados Unidos la mejor posibilidad que probablemente tenga de influenciar tal conferencia, lo que también obligaría al Congreso a centrarse en actualizar la ley estadounidense de seguridad nacional. Es una gran idea que va siendo hora abordar.