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Etiquetas:   Banca   Público   -   Sección:   Opinión

Un banco público para el cambio

El banco público sería el único autorizado para acceder a los créditos del BCE al tipo de interés que, actualmente, rige para la banca privada, es decir, del 0%
Mario López
jueves, 5 de mayo de 2016, 08:39 h (CET)
Ya hace tiempo que no se oye a nadie hablar de que los trabajadores hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que es eso lo que nos ha llevado a la ruina. De un tiempo a esta parte, los trabajadores de la prensa, los expertos en investigación y comunicación, parece que se han puesto manos a la obra para poner nombre y apellidos a los verdaderos causantes de la quiebra de la economía productiva y la desastrosa situación financiera de los estados y los subsiguientes recortes presupuestarios en políticas sociales que nos han llevado al desempleo masivo, la precariedad laboral y la merma en la calidad del sistema sanitario nacional y la educación pública. Quizá, porque se van obteniendo datos irrefutables, ya casi nadie habla de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.

Que nos queda mucho tiempo por vivir en el capitalismo, parece una evidencia. Pero, una cosa es el capitalismo y otra bien distinta es el capitalismo de amiguetes o economía canalla; ese capitalismo organizado de forma mafiosa, tal y como van desvelando los datos que la prensa de investigación nos van ofreciendo día a día, para escándalo público, sin solución de continuidad.

Quizá la batalla política debería plantearse actualmente atendiendo a esta nueva dicotomía: capitalismo-economía canalla. Quizá de lo que ahora se trate, si lo que queremos es recuperar el estado de bienestar, sería desmontar el entramado mafioso que ha originado y mantiene la economía canalla. A mi parecer, ese entramado está constituido por los siguientes agentes: las organizaciones criminales que mueven ingentes sumas de dinero realizando actividades delictivas; los bancos y otras sociedades financieras que blanquean el dinero de las organizaciones criminales; los mercados de valores que detraen dinero de la economía productiva y del erario para generar beneficios ficticios especulando con los ahorros de los trabajadores, las divisas y los bienes de consumo; el fraude fiscal de las grandes corporaciones y grandes fortunas; los bancos y otras sociedades financieras que ocultan el capital proveniente del fraude fiscal; el gigantesco entramado de despachos de abogados que trabajan al servicio de las bandas criminales, los defraudadores y los especuladores; los gobiernos e instituciones supranacionales que gobiernan anteponiendo los intereses del entramado de la economía canalla, quebrantando la soberanía nacional y cercenando los legítimos derechos del conjunto de la sociedad.

Bueno, pues cómo poner orden en todo esto, cómo, al menos, luchar para volver a un capitalismo “decente” desde el gobierno de la nación. Creo que todos los partidos que quieren llevar a cabo esta tarea han de aparcar temporalmente otros anhelos programáticos y unirse bajo una sola bandera: la creación de una banca pública. Una banca pública responsable de la captación y recaudo de la masa salarial del país, los ingresos del impuesto al rendimiento de las personas físicas y jurídicas, el valor añadido y las costas, fianzas y multas judiciales; además, ejercería las labores de organismo regulador de los mercados de valores y las distintas transacciones financieras entre grandes corporaciones, el crédito y los contratos con las administraciones del Estado. Se valdría de los bancos privados los cuales, mediante concurso público, se podrían convertir en entidades financieras encargadas de gestionar las distintas operaciones realizadas por los depositantes con la banca pública, por medio de sucursales, cajeros y plataformas digitales. El banco público sería el único autorizado para acceder a los créditos del BCE al tipo de interés que, actualmente, rige para la banca privada, es decir, del 0%, y sería el banco público el que concediera créditos a la banca privada, al tipo de interés que se fijara por ley. De esta manera, se acabaría con el blanqueo de capital, la corrupción política, con el fraude fiscal y se garantizaría la custodia de los ahorros de los trabajadores y el crédito para las familias y las pequeñas empresas.
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