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Etiquetas:   Ver   juzgar y actuar   -   Sección:   Opinión

La declaración de la renta y los ciudadanos

Francisco Rodríguez Barragán
Francisco Rodríguez
miércoles, 13 de mayo de 2009, 07:41 h (CET)
Estamos en las fechas en las que todos nos dedicamos a confeccionar, o que nos confeccionen, la Declaración de la Renta. Quizás nuestra preocupación esté polarizada por averiguar si al final nos saldrá a pagar o a devolver, pero pienso que deberíamos meditar atentamente sobre la cifra con la que realmente contribuimos al presupuesto del Estado y a los de las demás administraciones.

No es sólo el IRPF por el que tributamos, tenemos además el IVA que grava todas nuestras compras y consumos, alimentación, vestido, calzado, agua, gas, electricidad, teléfonos, saneamiento, recogida de basuras, desplazamientos y viajes, más el que encarece los carburantes si utilizamos el automóvil. También pagamos impuestos sobre las facturas de odontólogos y sus prótesis, oculistas y gafas, podólogos y muchos otros profesionales, a los que recurrimos. Podemos añadir las tasas y exacciones municipales, circulación de vehículos, contribución urbana, etc.

Si los ciudadanos cayéramos en la cuenta de lo que realmente pagamos a las diversas administraciones, pienso que seriamos mucho más exigentes en orden a la forma en que se gasta nuestro dinero. Frente al aparato coercitivo de las administraciones para hacernos contribuir nos sentimos acomplejados, pero lo razonable es que quienes pagan exijan y los que administran rindan cuentas de su gestión. No me vale el argumento de que para eso están las elecciones cada cuatro años y que nuestros votos validan su gestión. A lo más que se puede llegar es a que cambie el partido en el poder, sin ninguna garantía de que los sucesores vayan a exigir responsabilidades a los anteriores. La pérdida de unas elecciones parece suficiente para purgar las responsabilidades políticas. Pero no es eso.

No se trata de que los ciudadanos persigamos a los políticos corruptos que nos roban, para eso están, o deben estar, los tribunales de justicia. Sin llevarse el dinero, nuestros políticos pueden utilizar el poder para gastar sin austeridad o sin buscar el bien común.

Tenemos derecho a exigir cada día, de forma individual o asociada, que el Estado garantice de forma eficiente nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad sin ningún condicionamiento.

También tenemos derecho a una justicia imparcial y sin dilaciones, en todos los litigios en que nos veamos envueltos, tanto frente a otros ciudadanos como frente a los poderes públicos, cosa que hoy no ocurre.

El Estado viene obligado a promover y garantizar una educación de calidad a todos los niveles, sin imposiciones adoctrinadoras ni dependencias económicas que vulneren los derechos de los educandos y de sus padres y la libre iniciativa social para organizarla y donde ésta no llegara actuar subsidiariamente. No es ésta precisamente la orientación de este gobierno.

Hay que exigir de nuestros legisladores que no se aprueben más leyes y disposiciones que las imprescindibles para que los ciudadanos puedan perseguir sus propios fines y objetivos en un marco de igualdad, seguridad y libertad. La maraña legislativa de tantos parlamentos es pavorosa.

El intervencionismo de los poderes públicos solo puede justificarse por razones del bien común. Las políticas de fomento de la actividad económica, medios de comunicación y control financiero tienen que estar dirigidas a conseguir el mejor desarrollo y solidaridad posible entre las regiones. Los nacionalismos lo hacen imposible.

El gasto público tiene que regirse por criterios de austeridad y eficacia sin que los políticos puedan convertirse en una casta privilegiada, creadora de clientelas subvencionadas y adictas, ni dominante en los medios de comunicación, como está ocurriendo.

Al igual que cualquier familia, ninguna administración debe endeudarse por encima de sus posibilidades, salvo que tal endeudamiento revierta en beneficio de las generaciones futuras. ¿Se está haciendo así ahora?

En la actual situación de crisis, es la sociedad misma la que debe intervenir. No solamente porque la soberanía reside en el pueblo, sino porque los ciudadanos somos quienes contribuimos con buena parte de nuestras rentas y salarios a mantener al Estado y sus profusas administraciones, necesitadas sin duda de una poda implacable.

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