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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

A tres años de Atenco

Natalia Zamorano (México)
Redacción
sábado, 9 de mayo de 2009, 14:00 h (CET)
En los días 3 y 4 de mayo se cumplió un año más de uno de los sucesos que más ha marcado a México a nivel internacional en cuestión de derechos humanos: en el 2006, casi 3000 policías tomaron parte del operativo en contra de las manifestaciones en Texcoco y en San Salvador Atenco, en el estado de México, manifestaciones que estuvieron a cargo de la población civil y de una organización local de agricultores llamada Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en donde además se incluían activistas y comunicadores de otras partes de México y el mundo. El saldo: 207 personas detenidas, dos civiles muertos, decenas de manifestantes y policías heridos, varios miembros de los cuerpos de seguridad tomados como rehenes, la tortura y maltrato a muchas de las personas detenidas, y la denuncia de toda clase de agresiones sexuales e incluso violaciones a las mujeres presentes.

Amnistía Internacional (AI), es una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que se ha preocupado porque cada año recordemos la importancia que tiene para nuestra sociedad el que actos así no queden impunes. Dicha organización, junto con el Comité Libertad y Justicia para Atenco, han expresado su enorme preocupación ante las irregularidades en torno a todo este asunto legal, que además ha vulnerado el derecho a un juicio justo de los acusados: 12 presos políticos que se mantienen en la cárcel gracias a dichas irregularidades, con condenas exageradas que alcanzan los 112 años de prisión.

Además, AI ha considerado que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de descartar por adelantado la supuesta responsabilidad de altos funcionarios federales y estatales (entre los que se cuentan el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada, el Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el entonces Presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, el Comisionado General de la Agencia Estatal de Seguridad que era Wilfrido Robledo Madrid, el ex Procurador de Justicia del Estado de México Abel Villicaña, y Eduardo Medina Mora entonces Secretario de Seguridad Pública Federal), no se encuentra dentro de las obligaciones de nuestro país bajo la legislación internacional de derechos humanos, pues acorde al derecho convencional, México está obligado a investigar a los funcionarios que sean sospechosos de ordenar, incitar o cometer directamente actos de tortura, y a quienes pudiendo impedirla, no lo hagan. Dicha resolución ha ignorado el trabajo que la comisión investigadora ha realizado, además del Informe que el Ministro Gudiño presentó al plenario de la Corte, en el que se concluye que aún sin la evidencia de que altos funcionarios hayan ordenado los abusos, éstos pueden estar implicados por no haber tomado las medidas necesarias para detenerlos aún cuando estaban informados de lo que estaba ocurriendo, y por el tremendo fracaso en asegurar una investigación creíble y efectiva de los abusos cometidos. En realidad, el trabajo de la Suprema Corte de Justicia se limitó a ciertas recomendaciones para que actos semejantes no volvieran a repetirse, sin que eso implicara castigo algunos a los culpables de lo ocurrido, a pesar de que la Constitución le señale que como máximo órgano judicial tiene la obligación de intervenir en los casos en los que exista una falta grave a las garantías constitucionales.

A tres años después, los responsables por los abusos cometidos no han sido llevados ante la justicia ni las víctimas han recibido las debidas reparaciones a los daños, pero los mexicanos seguimos demandando la liberación de los presos políticos y la cancelación de las órdenes de aprensión a los perseguidos, además del respeto a sus derechos humanos y el justo castigo a los verdaderos responsables. Ante toda esta situación, es completamente necesario que el gobierno del Presidente Felipe Calderón asuma la responsabilidad de garantizar justicia por los actos en Atenco, pues lo ocurrido nos ha marcado, y definitivamente no puede seguir pasándose por alto.

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