Si alguien piensa que por ser el título del artículo un tanto duro e imperativo, voy a ser irrespetuoso con el director general al que se refiere, no solo está muy equivocado sino que es mejor que no siga leyendo el artículo.

Varios centros de educación de personas adultas de Castilla y León han pedido en los medios de comunicación la dimisión del director general de Recursos Humanos, ante los destrozos efectuados recientemente en los citados centros. Desde hace tres años, los atropellos son cada vez mayores respecto a las unidades de esta variante del sistema educativo.

Toda la labor que se hizo durante los gobiernos de Felipe González, donde los centros destinados a la población adulta se potenciaron sobremanera, los gobiernos de derechas se la están cargando. La derecha no tiene a la educación como uno de sus valores y mucho menos como uno de sus objetivos. Castilla y León precisa en este momento un giro a la izquierda. Y además lo precisa con urgencia.

En cierto modo, la actitud de la rancia derecha española respecto a la educación me recuerda el chiste de aquel director general que volcó recursos en un centro penitenciario al que no le faltaba detalle y, sin embargo, infravaloró y despreció las muchas necesidades existentes en un colegio de secundaria. Cuando el secretario del Ministerio le preguntó el porqué de ese desprecio al centro educativo, el ministro respondió: “¿Acaso cree usted que vamos a volver al colegio?” ¡Pues eso!

Recientemente, la Dirección General de Recursos Humanos ha publicado una resolución aprobando la relación definitiva de las plazas vacantes para el concurso de traslados y la modificación definitiva de las unidades de determinados centros de educación de personas adultas, además de otro tipo de centros. ¡Qué destrozo! ¡Qué desprecio a la educación de adultos! ¡Qué atropello más vulgar y traicionero! ¡Qué sufrimiento para el profesorado! ¿Acaso algún docente está dispuesto a votar al Partido Popular, cuando se conocen medidas tan hipócritas y miserables como las que aparecen en el Anexo VI de la resolución a la que antes aludíamos? ¡No es conveniente seguir ‘alimentando’ gobiernos formados por indigentes intelectuales o catedráticos de la estupidez, fantasmas del sentido común y ‘besamanos’ al uso!

Pues esta misma gente --que adopta ese tipo de medidas contra la ciudadanía-- es la misma a la que se le llena la boca cuando habla de corregir la despoblación de Castilla y León. No tengan ustedes duda de que eliminar centros educativos de la zona rural es lo que conduce, entre otros muchos motivos, a que la población acabe deslocalizándose y formando parte de ese éxodo rural que aumenta cada día en comunidades autónomas de Castilla y León. Y si a eso se une el hecho de que las empresas se marchan y el gobierno regional no es capaz de alentar ni fomentar nuevas inversiones y empresas, además de que las Cortes van “a su bola” y el Gobierno regional monta mentira sobre mentira, falsedad sobre falsedad e hipocresía sobre hipocresías,… ¡Créanme que vamos “jodidos” hacia el futuro, sobre todo en comunidades autónomas como la que preside Juan Vicente Herrera Campo!

Incluso, esa misma gente es la que pide que el Gobierno central no retire los más de trescientos millones de euros que ya tenía presupuestados. ¿Y en qué los emplea? ¿En educación, sanidad o bienestar social? Pues no, señores, aunque ellos lo digan, no se ven. Hasta se permitieron el lujo de planificar el céntimo sanitario que tanto daño hizo a la comunidad, con la pérdida de más de doscientos millones de euros y cierre de alguna estación de servicio.

Si alguien duda de los destrozos llevados a cabo en los centros de educación de personas adultas (mueven en Castilla y León cerca de 33.000 matrículas) a los que aludíamos, que entre en internet y consulte el BOCyL del 26 de abril, desde la página 16888 y Anexo VI. Ahí podrá encontrar cómo se ha destrozado la plantilla de maestros del centro “Victoriano Crémer” de Burgos; “Faustina Álvarez” de León; “San Jorge” de Palencia; “El Inestal” y “Giner de los Ríos” de Salamanca; “Antonio Machado” de Segovia, así como “La Victoria” y “Muro de Valladolid”. Un destrozo de ese mismo calibre se llevó a cabo en el centro “Felipe II”, de Valladolid, durante los tres últimos cursos, con tres supresiones sucesivas e injustificadas. Siempre eliminando plazas de profesores de EPA: de ahí que en algunos centros, las listas de espera lleguen a ser abrumadoras y se queden fuera de los centros más de dos millares de alumnado en toda comunidad.

Siempre pensé que la educación era un derecho y no un comercio. Pues en Castilla y León la actitud mercantilista de la administración educativa canta y huele, en cuanto se refiere a la educación de personas adultas. Tal vez me digan… ¿Y qué hacen los sindicatos docentes? Pues… ¡Mejor ni me lo pregunten! Ni creo en ellos ni creo que sirvan para defender derechos del alumnado adulto o del profesorado. Como lo desconocen, no se ocupan de esta variante y, por tanto, cuando hablan del tema no saben si matan, hieren o espantan. Doy fe.

¡Ah, se me olvidaba! Antes de que sea tarde y prescinda de usted el señor consejero… ¡Váyase, señor Hurtado Olea, váyase cuanto antes! Y si va a seguir haciendo estas barbaridades en los centros de EPA, el consejero de educación, señor Rey Martínez… pues eso… ¡Márchese, también, señor Rey, la ciudadanía y la oposición se lo agradecerán infinitamente!