Es posible que existan intereses, legítimos sin duda, por evitar que se produzcan unos nuevos comicios que pudieran cambiar la correlación de fuerzas políticas que surgió de las pasadas elecciones del 20D. Todos conocemos los esfuerzos que ha llevado a cabo el líder del PSOE para conseguir obtener los apoyos necesarios para ser investido y también conocemos lo que ha estado dispuesto a ceder para evitar, a toda costa, que sus adversarios políticos, el PP, tuvieran la menor ocasión para hacer valer su mayoría, llegando incluso a repetir, una y otra vez, su no a las continuas ofertas que ha recibido, por parte del señor Rajoy, de formar una alianza mayoritaria para establecer un gobierno sólido que satisficiera a Bruselas y sirviera para evitar que, el país, cayera en manos de la extrema izquierda y los separatistas, representados por los grupos Podemos, sus franquicias y todos los partidos nacionalistas catalanes, partidarios de la ruptura con España.

El hecho es que se ha llegado al final del plazo fijado por Ley, para que se pudiera presentar un candidato que contara con los respaldos precisos para formar gobierno y nadie había conseguido los avales precisos para presentarse a la investidura, con posibilidades de salir elegido. El presidente del Parlamento, señor Patxi López, cumplió con su misión e informo al Rey de la situación de estancamiento en la que se encontraba el proceso de investidura; lo que ha dado origen a una nueva ronda de consultas con todos los partidos políticos para que, Felipe VI, supiera de viva voz de cada uno de los portavoces con los que se ha entrevistado, si existía alguna posibilidad de evitar el acudir a unos nuevos comicios que, con toda seguridad, tendrían lugar alrededor del día 26 del próximo mes de Junio.

Parece que las últimas propuestas de última hora presentadas por el grupo Junts pel Sí no han tenido buena acogida y, con toda probabilidad, el Rey no va a tener más remedio que ordenar la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas legislativas. El mismo señor Sánchez ha reconocido que no disponía de la mayoría precisa para poder constituir un gobierno con posibilidades de subsistir en minoría. Sin embargo, a algunos nos ha extrañado que el monarca insistiera en salvar, en un último momento, la formación de un gobierno aludiendo al “cansancio que unas nuevas elecciones podría representar para los ciudadanos” y objetando el coste que, para el Estado, representaría la convocatoria de una nueva consulta para el mes de Junio.

En cuanto al segundo extremo, el del coste, no me queda más remedio que considerarlo un argumento inconsistente, ridículo y si se me permite, impropio de una institución de solvencia demostrada, que conoce perfectamente que las tribulaciones de nuestro país y sus problemas económicos no se verán agravados por 150 millones más o menos; al menos si este gasto está destinado a una causa tan importante como sería aclarar quienes van a gobernar el país y qué garantías de solvencia y eficacia son capaces de ofrecer a los ciudadanos de la nación española. En lo que pudiera repercutir el repetir, en tan corto espacio de tiempo, unos comicios en el ánimo de los españoles, podemos estar de acuerdo y es muy posible, como ya están adelantando determinadas encuestas, que la abstención sea una de las características que puedan influir en los resultados de las votaciones. No obstante, si tenemos en cuenta las posibilidades que se han barajado durante los tres meses de interinidad del gobierno, deberemos reconocer, y el monarca el primero, que lo mejor que nos puede haber pasado es que ninguna de las opciones posibles se hayan materializado en un acuerdo.

Las posibilidades de formar un gobierno de derechas se han descartado desde el mismo día siguiente a la celebración de las elecciones del 20D cuando, desde el PSOE y en la voz del señor Pedro Sánchez, se afirmó categóricamente que no existía posibilidad alguna de formar una coalición con el PP. Y esta negativa se repitió durante los tres meses de negociaciones, aunque sí se mostraron dispuestos a negociar “sin líneas rojas” con cualquier otro partido, salvo los separatistas. Y, si alguien hubiera pensado que se trataba de una postura exclusiva del señor Sánchez, el resto del partido socialista lo ratificó, con lo que la opción, mil veces repetida por Rajoy (incluso con demasiada insistencia) de una alianza mayoritaria PP-PSOE, quedaba completamente descartada.

A partir de este supuesto, todo el resto de combinaciones, incluso la del PSOE–Ciudadanos que, por si sola, no bastaba por no sumar los escaños precisos, ya suponía entregarse a un gobierno de izquierdas en el que participara Podemos y, si Ciudadanos no se avenía a ello, con el apoyo o abstención de los partidos catalanes separatistas. Un escollo que ha desbaratado cualquier posibilidad de entendimiento entre ellos, si tenemos en cuenta que los barones del PSOE impusieron a su candidato la prohibición de entrar en discusión sobre cualquier propuesta de los catalanes, que supusiera la celebración del famoso referendo “por el derecho a decidir”.

Es obvio que la monarquía no sería la más favorecida si, como es evidente que se hubiera producido en cualquier combinación, de las posibles, para formar gobierno. Un gobierno de izquierdas con Podemos de partenaire, aunque lo presidiera el señor Sánchez del PSOE, llegaría un momento en que, como le sucedió a Luis XVI en Francia, una parte de la coalición pretendería que Felipe VI y su familia se convirtiera, como le llama el señor Garzón al Rey, en un “ciudadano Borbón” y se le relegara, en el mejor de los casos, a la categoría de un ciudadano de a pie, como tantos otros millones de españoles. Felipe VI se vería en un grave problema si, como sucedió con su bisabuelo Alfonso XIII, se tuviera que enfrentar a un país en el que existiera una república y, todavía peor, si esta república, a diferencia de las que actualmente existen en Europa, salvo Grecia, fuera de izquierdas, comunista y bolivariana.

Alguien diría que, la familia real, pretendía convivir y hacerse simpática a la progresía que hoy parece que domina nuestra nación. No quisiéramos pensar que, la rama más democrática de la pareja real, pudiera pensar que, en España, podría subsistir una monarquía parlamentaria con un gobierno de izquierdas, integrado por comunistas de extrema izquierda, ni tan siquiera republicanos, con ínfulas totalitarias y dispuestos a comerse por los pies a los socialistas, en el hipotético caso que se avinieran a formar gobierno con ellos. Sin duda, el señor Pablo Iglesias, de gran parecido físico con el artista americano, Johnny Depp, con su coleta de pirata, no se sentiría cómodo siendo presidente de gobierno con un rey desempeñando el cargo de Jefe de Estado.

Es evidente que, la familia real, debiera de poner velas a Santa Rita pidiendo que fuera el PP quien pudiera formar gobierno, aunque da la sensación de que las simpatías de nuestra reina no están a favor de esta formación, sin embargo, es posible que las consecuencias de un vuelco en la política española, la entrada de un gobierno reformista que pretendiera cambiar la Constitución lo primero de lo que se ocuparía sería el cambiar aquella parte de ella que hace referencia a la monarquía y todas sus competencias.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no acabamos de ver claro que la imparcialidad del Rey, que nadie pone en duda, pueda llegar al punto de querer actuar, aunque fuere con pequeñas indicaciones, con posturas que favorecieran acuerdos de última hora que, evidentemente, en nada le iban a favorecer. No obstante, es obvio que uno, que no es precisamente monárquico, no es quien para enmendarle la plana a nuestra familia real ¡Dios nos libre de tamaño atrevimiento!