La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos ha instado este martes al Gobierno de México a tomar medidas con respecto a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición en Iguala de 43 estudiantes en septiembre de 2014, así como el asesinato de seis jóvenes más en el mismo año.

El portavoz de esa dependencia de Naciones Unidas, Rupert Colville, ha recordado en una rueda de prensa en Ginebra que el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el estado de Guerrero recibió gran atención en todo el mundo, "poniendo así a prueba la voluntad y capacidad del gobierno para afrontar crímenes violentos y corrupción".

Colville ha incidido en la importancia de que las autoridades mexicanas garanticen el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares.

"Les urgimos a explorar las nuevas líneas de investigación sugeridas por el GIEI y a fortalecer las investigaciones. Estamos preocupados por los numerosos retos y obstáculos indicados por los expertos, que podrían haber evitado una mayor exploración de ciertas líneas, incluidas las relacionadas con el papel y la responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales", ha agregado.

Colville se ha referido a la voluntad expresada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de considerar las recomendaciones del Grupo y ha instado al gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento que establecerá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso de Iguala muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de violaciones graves a las garantías fundamentales, ha apostillado el portavoz.

Por otra parte, un grupo de relatores de la ONU en derechos humanos ha emitido un comunicado conjunto en el que incide en las fallas de las investigaciones oficiales en el caso de los 43 estudiantes y afirma que aún "queda mucho por hacer para conocer la verdad y asegurar la justicia y la reparación de las víctimas".

"Las víctimas deben estar en el centro de toda la acción del Estado. Las alentamos a ellas, así como a la sociedad mexicana, a seguir adelante en su legítima exigencia al Estado mexicano para que dé a conocer la verdad, esclarezca el paradero de los estudiantes, sancione a todos los responsables conforme a las reglas del debido proceso y garantice su derecho a la reparación integral", añade la nota.