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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

Cortar la búsqueda de culpables

David S. Broder
Redacción
sábado, 25 de abril de 2009, 03:53 h (CET)
Si alguna vez ha habido un momento en que el Presidente Obama debe confiar en su intuición y mantenerse en sus trece, es éste, cuando está siendo presionado para cambiar su opinión sobre cerrar el capítulo de las políticas "de tortura" del pasado.

Obama, en su favor, ha puesto fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia americana, en el que determinados sospechosos de terrorismo eran arrastrados a cárceles secretas y sometidos a interrogatorios por asfixia y otras formas de coacción dolorosas con la esperanza de obtener información sobre posibles amenazas contra Estados Unidos.

Llevaba razón en hacer esto. Pero estuvo igual de acertado en anunciar que no se imputaría a aquellos que llevaron a cabo lo que había sido la política del gobierno de los Estados Unidos. Y acertó al enviar a su jefe de gabinete, Rahm Emanuel, a anunciar que la misma amnistía debía aplicarse a los abogados y burócratas que idearon y justificaron las prácticas de la administración Bush.

Pero ahora Obama está siendo presionado por electores y políticos que quieren algo más -- la humillación y/o el castigo de aquellos responsables de las políticas del pasado. Andan buscando cabelleras individuales -- o, al menos, carreras y reputaciones.

Su discurso consiste en que sin identificar y castigar a los autores materiales, no se puede rendir cuentas -- y por tanto no puede haber lección disuasoria de cara a administraciones futuras. Es un análisis razonado que suena plausible, pero esconde un frívolo deseo de venganza.

Obama se ha mostrado contrario incluso a las formas más diplomáticas de investigación, la denominada comisión de la verdad, y se ha mostrado dispuesto a plantar cara a este tipo de enfado populista. Cuando la ciudadanía de a pie se vio sacudida por el deseo de venganza contra los directivos de AIG que recibieron primas contractuales salidas de los fondos públicos de rescate, Obama ganó tiempo a base de cuestionar la táctica. Enseguida, el impuesto del 90% patentemente inconstitucional que la Cámara quería imponer sobre esas bonificaciones pasó al olvido.

El asunto de las torturas es mucho más serio, y Obama tiene que conducirlo personalmente, como empezó a hacer -- sin pasar la patata caliente al fiscal general Eric Holder, como parecía estar sugiriendo en sus declaraciones posteriores en la materia.

Obama está siendo culpado por algunos de desatar la cólera con su decisión de saltarse a la torera las objeciones de funcionarios de Inteligencia nacional anteriores y actuales y desclasificar cuatro memoranda muy delicados que detallan los métodos que se utilizaron con algunos de los detenidos "de elevado valor”.

De nuevo, tenía motivos para hacerlo, porque estas políticas se pusieron en práctica en nombre del pueblo estadounidense, y precisamente sólo somos nosotros, el pueblo, quienes debemos afrontar lo que hicimos. Los remilgos no están justificados en este caso.

Pero habiendo prometido poner fin a las prácticas, Obama tendría que utilizar toda la influencia de su cargo para cortar la búsqueda de chivos expiatorios con efecto retroactivo.

No es esta otra situación tipo 11 de Septiembre, cuando casi 3.000 estadounidenses perdieron la vida. Teníamos que investigar las decepcionantes actuaciones y los vacíos en el sistema, y llevar a cabo las reparaciones necesarias para reducir las probabilidades de una mortal repetición.

Los memoranda de las torturas fueron una decisión política deliberada, e internamente bastante debatida, tomada en las instancias adecuadas -- la Casa Blanca, las agencias de Inteligencia y el Departamento de Justicia -- por los funcionarios que debían tomarla.

Una administración después, un grupo distinto de individuos que ocupan las mismas instancias -- afortunadamente -- han tomado la decisión contraria. ¿Van a dar ahora marcha atrás e investigar o imputar a sus predecesores?

Por ese camino, inevitablemente, se llega al enfrentamiento político sin final. Se sentaría el precedente de convertir todas las futuras discrepancias políticas en venganzas políticas o criminales. Por ese camino hay una amargura inimaginable -- e injusticia.

Suponga que Obama se retracta y Holder o algún otro empieza a arrastrar a los abogados y asesores de la administración Bush a vistas o salas de justicia.

Suponga que los investigadores deciden que el país no quiere ver al ex presidente y el vicepresidente sentados en el banquillo. Entonces los subordinados pagan el pato mientras los peces gordos se van de rositas. Pero en algún momento, si es que es un hombre de honor, George W. Bush se sentirá obligado a decir: fue mi política. Yo era presidente. Si quiere procesar a alguien por ello, soy su hombre.

¿Es ahí a donde queremos llegar? Yo creo que no. Obama puede evitarlo manteniéndose en sus trece.

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Diario SIGLO XXI dispone de los derechos de publicación en exclusiva para medios digitales españoles de este y muchos otros columnistas del Washington Post Writers Group.

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