De vez en cuando, me acuerdo de Ronald Reagan con cariño -- no a causa de sus políticas sino por su habilidad en el arte de la persuasión. Ahora, por ejemplo, me gustaría que Reagan volviera para levantar su cabeza, ponernos ese gesto curioso y decir “ allá van de nuevo.”

Sí, allá van de nuevo. Son los defensores del estatus quo de la sanidad -- es decir, la industria sanitaria y sus protectores de ambos partidos en el Congreso. Vienen argumentando de manera frenética estas últimas semanas que cualquier reforma inminente del sistema de protección sanitaria no puede, no debe -- y no va a, si se salen con la suya -- incluir un plan de sanidad pública que los particulares sin seguro puedan adquirir si no disponen de un seguro asequible, o de ningún seguro en absoluto.

Mantener lo que se reduce a un monopolio del seguro para la población en edad laboral se ha convertido en el objetivo central de la industria aseguradora, que teme con toda razón que el gobierno proporcione una cobertura más amplia a un precio más razonable. Ésta es, por supuesto, la idea de reformar el sistema de protección. Pero no importa.

La industria se teme que los estadounidenses descubran que la sanidad pública no sólo no es una catástrofe socialista (véase por ejemplo el programa de protección por enfermedad Medicare) sino que es un sistema más justo y más eficaz a un coste más reducido que el caro, ineficaz -- y fallido -- sistema basado en el mercado que tenemos ahora.

Las aseguradoras han llegado nada menos que a ofrecer dejar de cobrar más por asegurar a la gente con problemas médicos anteriores a la firma de la póliza, si el Congreso y la administración Obama siguen tragando con un sistema más parecido al que tenemos ahora que al que necesitamos realmente. El objetivo es hacer que la reforma de la protección sanitaria conceda automáticamente acceso a las aseguradoras a más clientes, pero sin la competencia a la que se enfrentarían si el gobierno creara un plan que ofreciera mejor cobertura. En otras palabras, la sanidad universal (y los subsidios públicos presuntamente imprescindibles para permitir a la gente sin asegurar que suscriba pólizas) beneficiará a las aseguradoras tanto al menos como a los consumidores.

Esencialmente, esto es lo que quieren los partidarios de un sistema así: un nuevo sistema sanitario "reformado" que esencialmente funciona como el que tenemos ahora.

Pero el motivo mismo de que volvamos a estar a punto de seguir la vía políticamente traicionera de abordar la reforma es que el sistema que tenemos no funciona, se mire por donde se mire.

Según la última auditoría oficial, deja sin asegurar a 45 millones de estadounidenses. Y eso era antes de que la recesión arreciara, perdiendo millones su puesto de trabajo y su plan de seguro con él. Según estimaciones de la Fundación Familia Kaiser, más de otras 6 millones de personas se han quedado sin seguro debido a la pérdida reciente del puesto de trabajo.

Los gastos per cápita en sanidad en Estados Unidos "son con diferencia los más elevados" en relación a los 30 países que componen la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde el sistema de protección médica más frecuente es un sistema sanitario nacional y público, según un estudio difundido en febrero por tres economistas de la OCDE. Y aunque pagamos más, a cambio no tenemos una sanidad mejor. “El estado de salud general de la población estadounidense, reflejado en variables tales como la esperanza de vida o los años de vida perdidos, parece situarse entre el tercio inferior de países de la OCDE,” reza el informe.

Sabemos todo esto desde hace algún tiempo. Y durante algún tiempo, lo que hemos hecho es adoptar el mismo enfoque arcaico que confía en el sector privado y la supuesta magia del mercado para curar los achaques crónicos de nuestro sistema.

Hemos intentado la sanidad dirigida por la industria aseguradora. Hemos creado cuentas de ahorro sanitario privadas para los particulares, y el uso de planes de seguros privados en Medicare para proporcionar cobertura médica genérica y prestaciones en las recetas médicas. Ninguna de estas iniciativas se tradujo en que más gente estuviera asegurada. Ninguna redujo el gasto.

De hecho, los datos del gobierno demuestran que la introducción de las aseguradoras privadas en el sistema Medicare de protección por enfermedad ha significado gastos más elevados para el contribuyente a cuenta de los beneficiarios cubiertos por los planes con intermediarios, en comparación con los beneficiarios que teniendo más o menos la misma edad y el mismo estado de salud, se quedan únicamente en el Medicare financiado por el gobierno.

Hasta el momento hemos "reformado" el sistema de sanidad poniendo énfasis precisamente en lo que no funciona de él. Hacer esto otra vez producirá precisamente el mismo resultado.

No sería un sistema reformado. Sería solamente otra forma más de que la industria aseguradora arriesgue el que ya tenemos.

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