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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

Mandato vitalicio inmerecido

Marie Cocco
Marie Cocco
martes, 21 de abril de 2009, 05:10 h (CET)
Se permitió que George W. Bush y Dick Cheney abadonaran sus cargos en la administración sin trabas de ningún tipo excepto sus limitadas sensibilidades a las punzadas de la conciencia por el trato moralmente repugnante dispensado a los detenidos por terrorismo. Los demás arquitectos de un sistema que violó la Constitución, la Convención de Ginebra y los preceptos más básicos de la decencia humana también han abandonado en general el ámbito público.

Con una excepción notable: Jay Bybee, funcionario del Departamento de Justicia Bush que fue autor de algunos de las memorandas que estiraron el concepto de maltrato aceptable hasta el extremo de aprobar el interrogatorio por ahogamiento -- el ahogamiento simulado de un preso. Ahora es juez federal con mandato vitalicio. Merece ser expulsado.

Bybee preside la sala novena del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, cuya jurisdicción abarca California y ocho estados occidentales más. Bybee ejerce un enorme poder a la hora de decidir el destino de millones de estadounidenses -- incluyendo a aquellos con reclamaciones que presentar por el trato recibido en manos de las fuerzas del orden -- y otros con agravios civiles a los que no queda otro remedio que recurrir a los tribunales federales.

Se espera de él, en otras palabras, que resuelva un proceso judicial y razone de manera imparcial para garantizar el interés de la justicia.

Es asombroso que alguien que ha demostrado a través de sus escritos carecer de juicio y ser tan ideológicamente retorcido en su razonamiento como para extender carta blanca de inmunidad judicial a aquellos que querían torturar ahora ocupe uno de los puestos de mayor peso y prestigio a los que puede optar un letrado. Es igualmente notable -- pero enteramente predecible -- que haya partidarios haciendo cola para proteger a Bybee considerando que no debe ser expulsado del tribunal a causa de los documentos que redactó cuando trabajaba en la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Eso es pasado, reza el argumento. Esto es el presente.

Esto ignora deliberadamente una idea crucial: si el Comité Judicial del Senado hubiera sabido del papel crucial de Bybee como garante legal de conductas claramente ilegales -- e inhumanas -- es bastante improbable que hubiera sacado adelante su candidatura. Es aún menos probable que el Senado constituido le hubiera confirmado.

Examinar el proceso de confirmación de Bybee es descubrir un ejercicio de engaño administrativo.

En aquel entonces -- marzo de 2003 -- todo lo que los senadores conocían de las políticas de detención era que la administración Bush afirmaba poder mantener detenidos indefinidamente a los sospechosos de terrorismo sin presentar cargos, incluso en el caso de que el sospechoso fuera ciudadano estadounidense detenido en suelo estadounidense. Esto era lo bastante polémico para despertar inquietudes. El Senador de Vermont Patrick Leahy, candidato Demócrata al panel judicial por entonces, preguntó a Bybee por el abandono por parte de la administración Bush de la Convención de Ginebra, la detención sin presentar cargos de un ciudadano estadounidense -- José Padilla -- y el inusual secreto del que la oficina de asesoría legal había empezado a rodear su trabajo. “Me preocupa el papel que pueda haber jugado a la hora de perpetuar la cultura de secreto que ha envuelto al Departamento de Justicia durante el último par de años," decía Leahy.

Los Senadores John Edwards, D-N.C., y Russ Feingold, D-WIS., preguntaron por la política hacia "los combatientes enemigos," y el convencimiento de la administración de poder mantenerlos detenidos sin presentar cargos. Querían saber si Bybee jugaba algún papel o no en el desarrollo de esta teoría legal novel, que desde entonces el Supremo ha declarado inconstitucional.

A éstas y otras preguntas acerca de las políticas de terrorismo de la administración, Bybee respondió de la misma forma: no podía revelar el consejo que podría haber dado a la administración. “Estoy obligado por la confidencialidad del consejo legal que proporciono a otros dentro de la rama ejecutiva. No puedo hacer comentarios acerca de si he proporcionado o no consejos así y, en caso de haberlo hecho, el contenido del consejo," escribía.

Parte de los consejos que Bybee no divulgó incluyen su aprobación punto por punto de "técnicas" de interrogatorio tales como colocar a un preso el collar que utilizar para estamparlo contra las paredes; meter a los prisioneros en cajas minúsculas; privarles del sueño; y el interrogatorio por ahogamiento, que Bybee describía en una nota como "simplemente un episodio controlado y puntual" que no indujo "a mayor sufrimiento.”

El asesoramiento jurídico de altos funcionarios de la administración Bush como Bybee era citado por el Presidente Obama como motivo para no procesar a los funcionarios de Inteligencia que en la práctica perpetraron las torturas, pero que lo hicieron convencidos de estar siguiendo las normas.

¿Pero qué pasa con el hombre que inventó cuidadosamente estas cuestionables normas -- y que a continuación se negó tajantemente a comentarlas con vistas a asegurarse un puesto de juez federal? ¿Debe seguir siendo juez? A través de un portavoz de la sala, Bybee se negó a hacer declaraciones.

Si en interés de la justicia no dimite, la Cámara debería recusarle.

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Diario SIGLO XXI dispone de los derechos de publicación en exclusiva para medios digitales españoles de este y muchos otros columnistas del Washington Post Writers Group.

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