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Las condenas, y no el crimen, permiten atenuantes

Ben Tanosborn
Magazine Siglo XXI
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domingo, 19 de abril de 2009, 17:07 h (CET)
Si William Shakespeare se reencarnase como presidente de Estados Unidos en estos tiempos, es posible que terminase modificando una de su mas renombradas citas, diciendo ahora: “la mejor parte de la justicia es la discreción, y en esta mejor parte he salvado mi presidencia”. Tal se aplicó a Gerald Ford con su perdón a Richard Nixon; como también a Bill Clinton al no querer desenterrar y examinar el cadáver del caso Irán-Contra; y ahora con nuestro presidente actual, Barack Obama, y su promesa de no llevar a proceso a los oficiales de la CIA en el asunto critico de la tortura.

Así que el valor, en el léxico de nuestro presidente, ha sido reemplazado por la justicia y la vida por la presidencia.

Pero el valor es subjetivo y la justicia es, o debe ser, objetiva… así que para Ford, Clinton y Obama, el perdonar o el negarse a investigar evidencia convincente de la existencia de crímenes no es un signo de discreción o prudencia – y lo siempre citado como “de optimo beneficio para el país” – mas bien un abuso de poder y arrogancia. Nadie debe estar por encima de la ley, pero una y otra vez, en EEUU, permitimos a nuestros presidentes actuar por encima de dicha ley. ¿Es posible que nuestro Jefe Ejecutivo se ve obligado a actuar así debido a ese monstruo del que nos advirtiera Eisenhowe: el complejo militar-industrial? ¿Es posible que América Corporativa y su guardaespaldas/ejecutor, el Pentágono, se hayan convertido de forma permanente e inmutable en Junta de Directores bajo cuya dirección el presidente debe gobernar?

Lo que aparenta ser contradictorio acerca de nuestro agrada-a-todos presidente es su falta de voluntad en llevar a proceso a torturadores al mismo tiempo que permite el que se publique memoranda (4), censurados en parte, sobre prácticas de interrogación. La lógica de Obama sobre la existencia de dos principios que aparentan estar en desacuerdo, operaciones encubiertas asociadas con la seguridad del país y la ley, no es algo que cuaja. O somos un estado de derecho, o no. Como un ex profesor de Derecho Constitucional, Obama sabe demasiado bien que ese no es buen escondite.

Hay indicios, fuertes y repetidos indicios, que no solo ha sido en la CIA donde se ha cometido tortura, sino también en el ejército y por contratistas, norteamericanos y extranjeros, pagados con nuestros impuestos. La tortura y otros crímenes mayores que se han cometido, directa o indirectamente, bajo los auspicios de nuestro gobierno, bien fuera en Irak, Guantánamo u otras partes del mundo, incluso en EEUU, deben ser procesados si queremos considerarnos un estado de derecho. Nadie, ni al presidente ni al fiscal de la nación, ni a fiscal militar cualquiera se le debe permitir de hecho el poder desestimar contra aquellos acusados de crímenes o tortura donde existe evidencia preponderante que hayan cometido tales crímenes.

Fue EEUU y sus aliados quienes decidieron poco antes de que acabase la Segunda Guerra Mundial que la defensa “solo sigo órdenes”, que se anticipaba iban a usar los alemanes acusados de crímenes de guerra o tortura, no era valida. Después de esa guerra, hasta el Código Uniforme de Justicia Militar de EEUU fue modificado para incluir el significado del Principio IV de Núremberg que lee: “El hecho que una persona actúe de acuerdo con ordenes de su Gobierno o de un superior no le quita de su responsabilidad bajo ley internacional siempre y cuando exista para él de hecho una elección moral”.

El presidente Barack Obama y el fiscal general Eric Holder han indicado, y hasta prometido, que los oficiales de la CIA no van a ser procesados por las técnicas de interrogación empleadas, por lo que se han declarado ellos mismos protectores del crimen y la criminalidad. Es triste que los dos protectores de la ley del país hayan fallado no solo a la nación sino al mundo entero.

Aunque el Centro de Derechos Constitucionales puso sus esperanzas en el juez Baltasar Garzón y los tribunales españoles para procesar a Alberto Gonzales, Jay Bybee, John Yoo, Wm. J. Haynes II, David Addington y Douglas J. Feith por crímenes relacionados con la tortura de prisioneros en Guantánamo, es probable que España difiera tomar tal acción en una materia que probablemente piensen, y con buen motivo, que debe quedar en manos de los tribunales norteamericanos. Desafortunadamente, Obama y sus consejeros políticos probablemente piensan que eso pueda mezar su bote presidencial. En otros temas, como la crisis económica, Afganistán o la retirada de tropas de Irak, el presidente ha recurrido a negociar acuerdos; pero esta vez, desvergonzadamente, ha rendido su derecho de hacer lo que debe hacer… dado que tal pudiera caerle mal a una buena parte de la población. Y el político Obama ha derrotado a ese otro idealista Obama que los progresistas ayudamos a ser elegido.

¿No quedaría mejor la nación si se llevara a juicio no solo a los interrogadores acusados de tortura sino también a aquellos responsables en escalones mas altos, no solo para que se haga justicia pero para indicar a la misma vez a la comunidad internacional que somos de hecho, y no solo de nombre, un estado de derecho?

Tan solo después de los veredictos debiera Obama considerar atenuantes antes de que se rindan condenas, o aun perdón presidencial… pero ni un minuto antes.

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