Se las prometían felices cuando aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2016, sobre todo porque cerca estaban las elecciones y creían haber hecho unos presupuestos sociales, además de que serían bien acogidos por la ciudadanía. Pero una cosa es lo que se piensa y otra bien distinta la realidad con la que han chocado. Bruselas ha dicho que hay que seguir con los recortes porque el desmadre de España sobrepasa todos los límites. Y, al parecer, en eso está la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sáenz de Santamaría ya ha anunciado en pequeño comité, y antes sus más cercanos colaboradores, que no se puede seguir así y que nuevamente tienen que ser los funcionarios quienes se sacrifiquen para que el resto de la sociedad no altere su marcha normal ni su proyecto de vida. De ahí que, en los próximos meses, posiblemente los funcionarios vean elevado su IRPF en dos puntos, así como mermada su paga extraordinaria de junio (Antes era la del 18 de julio) en aproximadamente un 22%. Salvo que encuentren otro sitio de dónde detraer las “perras”, la decisión parece tomada en firme, pero con numerosas reservas. Por eso hay que hacérselo pagar en las próximas elecciones del 26 de junio, si llegan a celebrarse.

¡Es así de crudo! Una vez más, los funcionarios vuelven a cargar con el peso de la crisis, el choriceo de los ‘padrastros de la patria’, la evasión a paraísos fiscales y los gastos desmedidos de muchos políticos en paraísos sexuales. No sé cómo va a llevar a cabo el Gobierno en funciones eso de la “no disponibilidad del gasto en los PGE”. Soraya tendrá un problema serio en el momento en que deba anunciarlo. Cuanto ha circulado al respecto ha puesto en “pie de guerra” a los servidores del Estado que, sin duda, entienden que ahora toca a otros. ¡Ya está bien de que sean los mismos quienes carguen con la cruz hasta el Calvario! El Gobierno tiene de dónde elegir: políticos, evasores fiscales, blanqueadores puntuales,… Solo en estos tres sectores, los 2.162 millones se obtienen con la gorra y sin esfuerzo excesivo.

Precisamente por lo indicado, este viernes pasado el Ejecutivo ha anunciado eso del acuerdo “de no disponibilidad del gasto en los PGE de 2016 por importe de unos 2.000 millones de euros, con la finalidad de recortar el déficit público, que acabó 2015 en el 5%”. Ese 5% está por encima del compromiso del 4,2% inicial. Ello hace más difícil aún lo de alcanzar el objetivo del 2,8% para 2016.

El próximo Gobierno va a tener un problema serio con las instituciones europeas y con la propia ciudadanía española. Esos 2.162 millones de euros no son moco de pavo y afectarán en muchos aspectos a ámbitos diferentes. Está claro que estos líderes políticos ya no sirven y lo mejor que pueden hacer es dejar paso a otros más idóneos. Si ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo para gobernar, ¿cómo podemos esperar de ellos que sean capaces de adecuar la economía a las necesidades ciudadanas y a las exigencias de las instituciones?

Esta vez, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), es más importante que en otras ocasiones. El Gobierno aspira a aplicarse la misma medicina que la que pretende que apliquen las CC.AA. en su ámbito de actuación. Al parecer tal medida es acorde a lo notificado a Bruselas el pasado 9 de marzo, en cuanto se refiere a la reducción del déficit.

De momento se va a intentar cumplir lo impuesto desde la UE, pero eso mismo está muy alejado de que sea una medida que lleve a un camino de corrección permanente.