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“El sistema de pensiones español es financieramente insostenible” E.Ceca Gómez-Arevalillo

Las jubilaciones anticipadas, un peligro para el sistema de pensiones

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Hace ya muchos años, tantos como cincuenta, que ya se hablaba de la insostenibilidad, en un futuro, del sistema de pensiones público para nuestras clases pasivas y se ponía en cuestión que, un sistema llamado “de reparto”, pudiera subsistir en una forma pura, hablándose de compaginarlo con otro de “capitalización”, como una salida mixta para garantizar que, los pensionistas, tuvieran asegurada una pensión mixta capaz de asegurar un nivel de vida digno para todos aquellos que por las circunstancias que fueren, especialmente jubilación y enfermedad, tuviesen que abandonar su vida laboral activa.

Era previsible que, a medida que avanzaban los tiempos, que la medicina iba progresando y que los nuevos descubrimientos, en cuanto al conocimiento de los remedios para enfermedades que antes se cobraban la vida de las personas a unas edades tempranas; la supervivencia de los jubilados se iría prolongando y, en consecuencia, que aquellas personas pensionistas estarían más años percibiendo su pensión. Esto se podría compensar, en principio, con un mayor número de personas que se incorporaran a la Seguridad Social y que, con sus cotizaciones, fueran permitiendo que las personas mayores fueran recibiendo sus pensiones y, lo que aún resultaba más atractivo, que cada año, de acuerdo con el incremento del coste de vida, sus rentas fueran revalorizadas. Evidentemente esta teoría era válida en un contexto de crecimiento de la economía sostenido y una incorporación, cada vez, mayor de personas que, con sus cotizaciones fueran capaces de sostener el sistema.

Por desgracia, periódicamente, se producen grandes baches económicos que, en ocasiones, afectan a un solo país pero, como hemos tenido la desgracia de comprobar, últimamente con la crisis de las “sub-prime”, no sólo afectan a muchos países, adquiere proporciones mundiales, sino que, por añadidura, se prolongan durante años. Ocurrió en 1929, el gran descalabro americano y ha vuelto a suceder el 2008, con consecuencias nefastas para los trabajadores y empresas en ambos casos. El primer efecto que se produce en estos casos es la caída de la demanda, la subsiguiente disminución de la producción, el cierre de empresas o la necesidad de reducir sus plantillas, la disminución de trabajadores en activo y el crecimiento del desempleo; con derivadas negativas para el caso de las clases pasivas que, para que se mantenga el cobro de sus pensiones, precisan de que la economía mantenga trabajando al número preciso de trabajadores que, con sus cotizaciones, permitan la sostenibilidad del sistema. Cuando no es posible, como ha ocurrido en estos últimos años, el sistema pasa por una crisis. No sólo el número de cotizantes disminuye, sino que el desempleo exige que una parte de la recaudación de la Seguridad Social pase a cubrir las ayudas por desempleo.

Cuando la situación excepcional es corta, las reservas acumuladas pueden resistir el impacto pero ¿y cuando la crisis se prolonga por encima de los tiempos previstos? Entonces nos encontramos ante un grave problema que puede llegar a obligar al gobierno de turno a cambiar el sistema, a reducir la cuantía de las prestaciones o a alargar la edad de jubilación; lo que, por otra parte, va en contra de los intereses de aquellos jóvenes que esperan su turno para empezar su vida laboral. Algo que ha ocurrido en España cuando e los universitarios del 15M salieron a la calle para ocuparlas en protestas por no poder encontrar una ocupación digna. La solución no es fácil y requiere tiempo, porque el aplicar un sistema de capitalización requiere mucho tiempo antes de que las aportaciones sean suficientes para poder garantizar una pensión al que suscribió la póliza. Es cierto que, desde la Administración pública, se viene recomendando a los trabajadores que se aseguren una pensión complementaria de la pública, mediante la suscripción de un seguro privado. Lo malo es que hay personas que no pueden acudir a este remedio debido a que, cuando se tiene una edad determinada (más de 40 años, por ejemplo) el constituir una póliza que asegure una cantidad importante para la edad de retiro resulta de un coste prohibitivo.

Sin embargo, cuando hay que despedir trabajadores a causa de circunstancias económicas adversas, existen desde hace años sistemas en los que se pueden acordar expedientes de regulación de empleo en los que, si se requiere obtener la conformidad de sindicatos o comités de empresa, hay que acudir al ingenio que, en la mayoría de casos, se traslucía en ofrecer a los empleados a partir de los 58 años de edad, acudir al sistema del desempleo durante dos años ( este caso la empresa solía complementar en todo o en parte la diferencia respecto al salario real) y, una vez transcurrido este periodo, pasar a la jubilación ( posible a partir de los 60 años con un 8% de rebaja por cada año de adelanto a los 65 años. Es cierto que ahora se ha prolongado la edad de jubilación y puede haber cambiado). Este sistema ha sido utilizado, prácticamente, en todos los casos de despidos masivos y ello ha aportado que muchos trabajadores hayan accedido al sistema de jubilación con mucha antelación a la edad en la que les correspondía hacerlo.

Parece que los últimos gobiernos han querido reducir estas prácticas que, sin duda, han contribuido a que el problema de las jubilaciones haya necesitado, cada vez más, acudir al Fondo de Reserva de las Pensiones (que estableció el señor Aznar y que llegó a alcanzar una cuantía superior a los 60.000 millones de euros). Sin embargo, lo cierto es que se sigue practicando el mismo método y ahora, con estupefacción y preocupación, vemos como parece que, en un periodo en el que se está reduciendo la reserva para pagar a los pensionistas, entidades bancarias que tienen unas cuentas de resultados epatantes, tales como el Banco de Santander y el BBVA, avisan de que se van a desprender de miles de trabajadores y a cerrar, en el primer caso, 450 sucursales y en el caso del segundo banco, según su consejero delegado, Carlos Torres, parece que se pretende, paulatinamente, dejar reducido el número de agencias unas 1000 del total de 3800 que tienen en la actualidad. En ambos casos el motivo del ajuste de personal se debe a la implantación de sistemas modernos de digitalización que, como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, constituye una de los problemas importantes para el mantenimiento del empleo que, si no se le encuentra una solución rápida y eficaz, es posible que la cuestión de la insostenibilidad del desempleo que ahora nos agobia, pase a ser una nadería respecto al que se nos vendrá encima.

¿Quién pagará a estos empleados, una gran mayoría de los cuales van a pasar a la jubilación? Es evidente que una parte, la de las indemnizaciones que se acuerden, las pagarán las entidades bancarias pero, una vez entren en el sistema público de la Seguridad Social, quienes van a tener que pagar, con sus cotizaciones, van a ser los trabajadores en activo que, si ya no eran capaces de cubrir las actuales necesidades de financiación para los jubilados actuales; ya me dirán ustedes si además, aparte de las jubilaciones que, por haber llegado a la edad reglamentaria, cada año se incorporan al sistema, ya se consideran insuficientes, que pasaría si además se debieran hacer cargo de las de miles de trabajadores que los bancos, para ahorrarse gastos de personal y ganar más dinero, deciden ir enviándolos al sistema público, como si el resto de ciudadanos tuviéramos la obligación de pagarles sus gastos. ¡Una jugada de cara dura que, el Gobierno, debiera de impedir que se llevara adelante!

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, en este caso con experiencia sobre el tema en cuestión, debemos denunciar que, a un sistema que ya está cogido con agujas, que todos los expertos advierten que, cada día que pasa, se hace más insostenible y que es preciso que se tomen decisiones para que, los nuevos trabajadores que se vayan incorporando a la vida laboral, sepan que van a tener que cobrar menos y contratar, desde jóvenes, un seguro particular que les garantice unas vejeces sin problemas; no se le puede continuar cargando aquellos excedentes humanos de las empresas privadas, especialmente cuando no se trate de salvar una grave situación económica, sino para conseguir más beneficios a costa del erario público que, en realidad, somos todos los españoles. ¿O no?

Las jubilaciones anticipadas, un peligro para el sistema de pensiones

“El sistema de pensiones español es financieramente insostenible” E.Ceca Gómez-Arevalillo
Miguel Massanet
sábado, 9 de abril de 2016, 12:21 h (CET)
Hace ya muchos años, tantos como cincuenta, que ya se hablaba de la insostenibilidad, en un futuro, del sistema de pensiones público para nuestras clases pasivas y se ponía en cuestión que, un sistema llamado “de reparto”, pudiera subsistir en una forma pura, hablándose de compaginarlo con otro de “capitalización”, como una salida mixta para garantizar que, los pensionistas, tuvieran asegurada una pensión mixta capaz de asegurar un nivel de vida digno para todos aquellos que por las circunstancias que fueren, especialmente jubilación y enfermedad, tuviesen que abandonar su vida laboral activa.

Era previsible que, a medida que avanzaban los tiempos, que la medicina iba progresando y que los nuevos descubrimientos, en cuanto al conocimiento de los remedios para enfermedades que antes se cobraban la vida de las personas a unas edades tempranas; la supervivencia de los jubilados se iría prolongando y, en consecuencia, que aquellas personas pensionistas estarían más años percibiendo su pensión. Esto se podría compensar, en principio, con un mayor número de personas que se incorporaran a la Seguridad Social y que, con sus cotizaciones, fueran permitiendo que las personas mayores fueran recibiendo sus pensiones y, lo que aún resultaba más atractivo, que cada año, de acuerdo con el incremento del coste de vida, sus rentas fueran revalorizadas. Evidentemente esta teoría era válida en un contexto de crecimiento de la economía sostenido y una incorporación, cada vez, mayor de personas que, con sus cotizaciones fueran capaces de sostener el sistema.

Por desgracia, periódicamente, se producen grandes baches económicos que, en ocasiones, afectan a un solo país pero, como hemos tenido la desgracia de comprobar, últimamente con la crisis de las “sub-prime”, no sólo afectan a muchos países, adquiere proporciones mundiales, sino que, por añadidura, se prolongan durante años. Ocurrió en 1929, el gran descalabro americano y ha vuelto a suceder el 2008, con consecuencias nefastas para los trabajadores y empresas en ambos casos. El primer efecto que se produce en estos casos es la caída de la demanda, la subsiguiente disminución de la producción, el cierre de empresas o la necesidad de reducir sus plantillas, la disminución de trabajadores en activo y el crecimiento del desempleo; con derivadas negativas para el caso de las clases pasivas que, para que se mantenga el cobro de sus pensiones, precisan de que la economía mantenga trabajando al número preciso de trabajadores que, con sus cotizaciones, permitan la sostenibilidad del sistema. Cuando no es posible, como ha ocurrido en estos últimos años, el sistema pasa por una crisis. No sólo el número de cotizantes disminuye, sino que el desempleo exige que una parte de la recaudación de la Seguridad Social pase a cubrir las ayudas por desempleo.

Cuando la situación excepcional es corta, las reservas acumuladas pueden resistir el impacto pero ¿y cuando la crisis se prolonga por encima de los tiempos previstos? Entonces nos encontramos ante un grave problema que puede llegar a obligar al gobierno de turno a cambiar el sistema, a reducir la cuantía de las prestaciones o a alargar la edad de jubilación; lo que, por otra parte, va en contra de los intereses de aquellos jóvenes que esperan su turno para empezar su vida laboral. Algo que ha ocurrido en España cuando e los universitarios del 15M salieron a la calle para ocuparlas en protestas por no poder encontrar una ocupación digna. La solución no es fácil y requiere tiempo, porque el aplicar un sistema de capitalización requiere mucho tiempo antes de que las aportaciones sean suficientes para poder garantizar una pensión al que suscribió la póliza. Es cierto que, desde la Administración pública, se viene recomendando a los trabajadores que se aseguren una pensión complementaria de la pública, mediante la suscripción de un seguro privado. Lo malo es que hay personas que no pueden acudir a este remedio debido a que, cuando se tiene una edad determinada (más de 40 años, por ejemplo) el constituir una póliza que asegure una cantidad importante para la edad de retiro resulta de un coste prohibitivo.

Sin embargo, cuando hay que despedir trabajadores a causa de circunstancias económicas adversas, existen desde hace años sistemas en los que se pueden acordar expedientes de regulación de empleo en los que, si se requiere obtener la conformidad de sindicatos o comités de empresa, hay que acudir al ingenio que, en la mayoría de casos, se traslucía en ofrecer a los empleados a partir de los 58 años de edad, acudir al sistema del desempleo durante dos años ( este caso la empresa solía complementar en todo o en parte la diferencia respecto al salario real) y, una vez transcurrido este periodo, pasar a la jubilación ( posible a partir de los 60 años con un 8% de rebaja por cada año de adelanto a los 65 años. Es cierto que ahora se ha prolongado la edad de jubilación y puede haber cambiado). Este sistema ha sido utilizado, prácticamente, en todos los casos de despidos masivos y ello ha aportado que muchos trabajadores hayan accedido al sistema de jubilación con mucha antelación a la edad en la que les correspondía hacerlo.

Parece que los últimos gobiernos han querido reducir estas prácticas que, sin duda, han contribuido a que el problema de las jubilaciones haya necesitado, cada vez más, acudir al Fondo de Reserva de las Pensiones (que estableció el señor Aznar y que llegó a alcanzar una cuantía superior a los 60.000 millones de euros). Sin embargo, lo cierto es que se sigue practicando el mismo método y ahora, con estupefacción y preocupación, vemos como parece que, en un periodo en el que se está reduciendo la reserva para pagar a los pensionistas, entidades bancarias que tienen unas cuentas de resultados epatantes, tales como el Banco de Santander y el BBVA, avisan de que se van a desprender de miles de trabajadores y a cerrar, en el primer caso, 450 sucursales y en el caso del segundo banco, según su consejero delegado, Carlos Torres, parece que se pretende, paulatinamente, dejar reducido el número de agencias unas 1000 del total de 3800 que tienen en la actualidad. En ambos casos el motivo del ajuste de personal se debe a la implantación de sistemas modernos de digitalización que, como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, constituye una de los problemas importantes para el mantenimiento del empleo que, si no se le encuentra una solución rápida y eficaz, es posible que la cuestión de la insostenibilidad del desempleo que ahora nos agobia, pase a ser una nadería respecto al que se nos vendrá encima.

¿Quién pagará a estos empleados, una gran mayoría de los cuales van a pasar a la jubilación? Es evidente que una parte, la de las indemnizaciones que se acuerden, las pagarán las entidades bancarias pero, una vez entren en el sistema público de la Seguridad Social, quienes van a tener que pagar, con sus cotizaciones, van a ser los trabajadores en activo que, si ya no eran capaces de cubrir las actuales necesidades de financiación para los jubilados actuales; ya me dirán ustedes si además, aparte de las jubilaciones que, por haber llegado a la edad reglamentaria, cada año se incorporan al sistema, ya se consideran insuficientes, que pasaría si además se debieran hacer cargo de las de miles de trabajadores que los bancos, para ahorrarse gastos de personal y ganar más dinero, deciden ir enviándolos al sistema público, como si el resto de ciudadanos tuviéramos la obligación de pagarles sus gastos. ¡Una jugada de cara dura que, el Gobierno, debiera de impedir que se llevara adelante!

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, en este caso con experiencia sobre el tema en cuestión, debemos denunciar que, a un sistema que ya está cogido con agujas, que todos los expertos advierten que, cada día que pasa, se hace más insostenible y que es preciso que se tomen decisiones para que, los nuevos trabajadores que se vayan incorporando a la vida laboral, sepan que van a tener que cobrar menos y contratar, desde jóvenes, un seguro particular que les garantice unas vejeces sin problemas; no se le puede continuar cargando aquellos excedentes humanos de las empresas privadas, especialmente cuando no se trate de salvar una grave situación económica, sino para conseguir más beneficios a costa del erario público que, en realidad, somos todos los españoles. ¿O no?

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