“Lo que ocurre en España, no ocurre en ninguna parte”, Lo dijo Alejandro Castro Manzanares, ebanista fino donde los haya, un artista, hincha y vecino del Rayo Vallecano, después de liar el cigarro y pasar con parsimonia de un tirón la lengua mojada por el borde engomado del papel de fumar. Si en este mundo hubiera imparcialidad, su nombre figuraría entre los sabios y filósofos que en nuestra Patria han sido. Suyos son muchos de los dichos y sentencias que en esta columna se van recogiendo con justa justicia, y de las que tanto habría para aprender si, en silencio, y sin hacer acepción de personas, se sentara uno a su lado para verlo trabajar y escuchara como “respira” de vez en cuando.
La que inicia hoy esta columna al aire libre es consecuencia de que el Senado ha rechazado “por una amplísima mayoría -233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones- una enmienda a la ley de Memoria Histórica para que sea el Estado quien sufrague los gastos de desenterramiento de las fosas comunes de la Guerra Civil”. De este modo, las familias afectadas y organizaciones que promueven las pesquisas, tendrán que apañárselas para sufragar las investigaciones y gastos que se ocasionen con el fin de procurarles el enterramiento digno y definitivo que consideren oportuno.
No parece sino que el tema ya hubiera dado de sí el rendimiento político mediático que se buscaba por parte de quienes lo promovieron, y que, a la vista, está no era el de resolver el problema, sino el de montar el alboroto y, después, si te he visto, no me acuerdo, lo que no puede ser más que cruel una vez provocadas las ilusiones entre personas, algunas muy mayores, y otras, más jóvenes, pero igualmente dignas de respeto en la memoria de sus abuelos y parientes más o menos cercanos.
En su inmensa mayoría, esas víctimas lo fueron del bando vencido, porque las del vencedor tuvieron tiempo, y las circunstancias favorables, para remover la tierra donde los suyos también fueron enterrados de descuidada manera después de ser asesinados y darles cristiana sepultura tras una dolorosa identificación. Las fosas de los “rojos” cayeron en el abandono de todos menos de sus inconsolables familias que nunca pudieron olvidar aquel rincón de la madre tierra que los acogió, y en muchos casos, algunas circunstancias imponderables llegaron hasta borrar los detalles que los identificaba. Así se escribe la historia.
Con justas albricias muchos corazones recibieron la Ley de memoria histórica que podía reparar una injusticia de decenas de años, y que, el tiempo, indudablemente, había llenado de dificultades, a pesar de que la investigación científica -el descubrimiento del ADN-, hizo albergar en el corazón de muchas personas nuevas ilusiones que la falta de recursos va a echar por tierra. Un jarro de agua fría ha sido derramado por los mismos que hace año y medio al aprobar dicha Ley, hicieron despertar en esa media España que parecía tener una deuda con la otra medía. Pues no, ha sido la misma mitad la que ya, sacado el rédito político a lo Garzón -cabria decir-, les ha dicho, ¡allá os las compongáis!... Es duro, injusto, y sangriento. Ya, de por sí, era una tarea que el tiempo había hecho muy dificultosa, pero, una vez puesta en marcha solo por eso, por imposible, se tenía que haber abandonado. Lo que ocurre en España, no ocurre en ninguna parte. Que la justicia divina y el polvo de la tierra acoja a todos por igual.
