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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Un Gobierno inane ante la crisis

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 13 de marzo de 2009, 23:21 h (CET)
No hay duda de que España ha entrado en una fase de absoluto divorcio entre lo que podríamos denominar como el común de los ciudadanos, lo que constituye esta amplia base social que, a mediados del siglo pasado, comprendía a los agricultores del campo, los jornaleros y los obreros industriales, pero que, con la llegada de las modernas técnicas y la ampliación, a las masas obreras, de la enseñanza y la cultura, se ha producido la incorporación de la sufrida clase media que, tradicionalmente ,se mantenía en una postura muy digna, intentando mantenerse en un término medio que, ineludiblemente, redundaba en ser la clase social más sufrida, peor retribuida y más indefensa, por ser la peor tratada por las clases altas y la peor vista por el proletariado. Por otra parte está la clase privilegiada en la que podríamos incluir, metidos en el mismo saco, a los funcionarios y los políticos, aquellos que se nutren del trabajo del resto de ciudadanos, dictan las leyes para esquilmarlos y aprenden con rapidez lo que es la norma esencial de cualquiera que pretenda estar en el escalafón de la Administración: trabajar poco y cobrar mucho.

Así vemos que, las preocupaciones de unos distan mucho de coincidir con las actuaciones de los otros, como si, entre ambos sectores, la comunicación fuera algo imposible y los objetivos radicalmente dispares. Sólo existe un momento de encuentro que, precisamente, se produce cuando los políticos precisan del voto de los ciudadanos para acceder a su particular Nirvana, la poltrona pública; entonces parece que sí se produce una sintonía entre unos y otros, y las promesas surgen con una fluencia torrencial de parte de aquellos que piden el voto y la inocencia, la credibilidad y la estupidez se instala en las mentes de aquellos que quieren creer que es posible que exista un mundo donde las injusticias no sean el pan nuestro de cada día. Pero, entre tanto engaño y tanta abulia, siempre hay un árbitro que se ocupa de poner las cosas en su sitio, un inflexible cancerbero que no entiende de política ni de engaños, un verdadero tirano que no da tregua: la economía. Tiene sus reglas fatales y siempre reclama a quienes pretenden infringirlas la correspondiente penitencia, que se materializa en las llamadas crisis, recesiones, bancarrotas o derrumbes de los sistemas tradicionales, con sus correspondientes secuelas de pobreza y desempleo..

En España, los políticos, los mandamases, los del Ejecutivo y el señor Zapatero, nos quieren mostrar un horizonte diáfano y, para ello, hacen como los emperadores romanos, nos montan un circo para distraernos. Nos hablan del aborto, nos entretienen con denuncias de fraude, nos apasionan con eventos deportivos y nos deslumbran con actuaciones judiciales de jueces, especialmente preparados para servir de espectáculo para la audiencia. Sin embargo, lo que vemos los ciudadanos, lo que nos hiela la sangre y nos inmoviliza la respiración son las cifras que, con una persistencia machacona, se van repitiendo cada vez con datos más descorazonadores y noticias más pesimistas que contrastan con la forma con la que se nos quieren engañar por los que debieran saber lo que hacer para remediarlo. Según FUNCAS, para este año, se prevé una caída de la economía de un 3%; una tasa de paro del 17’3% lo que supone la cifra de 4’5 millones de parados (recuerdan a Corbacho cuando afirmaba que no se llegaría a los 4 millones). Las previsiones de paro para el 2010 se fijan en un 20’5%.

Pero, sin querer fijarnos en las espeluznantes previsiones que se nos hacen, basta que nos centremos en la actualidad y nos encontramos ante el sórdido panorama de que, en 442.000 hogares españoles, no se percibe ingreso alguno (datos del INE). Si nos fijamos en los ciudadanos que carecen de sustento, estamos hablando de 893.000 un 40% más que en el 2006. Al respeto, es conveniente hacer un inciso para decir que desde Cáritas Diocesana y desde muchas de las parroquias y comunidades religiosas, se está haciendo una eficaz labor de comedores públicos que, vean ustedes la contradicción, no tiene su correspondencia en los organismos Administrativos ni mucho menos en las centrales sindicales que, si bien reciben más de quince millones de subvenciones del Estado cada año, parece que prefieren dedicarlos a su particular parafernalia que a contribuir a disminuir la falta de atención de muchos ciudadanos que se encuentran próximos a la miseria. En cuanto a las viviendas, su demanda continúa en caída libre, tanto que desde el G-14, las grandes empresas inmobiliarias, parece que hace ya dos meses que no se construye ni una sola vivienda nueva. Se calcula que, en el presente año, la inversión residencial caerá un 21’6% y un 15’8 el año que viene.

La gente no gasta, ahorra para enfrentarse a sus gastos más ineludibles lo que favorece que suba el ahorro de las familias en orden a un 17’1% en el 2009; en cambio el déficit de las cuentas públicas parece que se disparará hasta el 7’4% del PIB en este año y el 9’3% en el 2010. Un gran contraste, un abismo, que no se puede entender cuando vemos a miembros del Ejecutivo hablar de éxitos, de avances y de control de la situación y sólo podemos pensar que se trata de brindis al sol, bajo los cuales subyace la impotencia para poner en práctica medidas adecuadas por haberse gastado las reservas nacionales en planes descabellados, en parches ineficaces y en iniciativas que han resultado fracasos sin paliativos. Los recursos del Estado cada vez se quedan más limitados y las fuentes de ingresos procedentes de los impuestos y los tributos, así como las recaudaciones de la Seguridad Social, a causa de la crisis y de la destrucción de puestos de trabajo, son inferiores a las que se habían previsto. Se acude a los fondos de reservas y, entre ellos, parece que no se va a librar el Fondo de Garantía de las Pensiones de la Seguridad Social. Nadie protesta, y aún menos los Sindicatos, que debieran velar por la defensa de las pensiones y el mantenimiento de los salarios en lugar de pretender aumentos del 3%, cuando las empresas están al borde de la quiebra y el IPC por debajo del 2%. Hace falta coherencia y sentido común y parece que, ambas cualidades, brillan por su ausencia tanto en el Ejecutivo como en los agentes sociales.

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