Las autoridades sanitarias en España, así sean autonómicas como del gobierno central, están muy orgullosas de la buena cobertura médica que dan y del número de asegurados a quienes llega tal cobertura que viene a ser toda la población empadronada en España.

En efecto, la cobertura médica de la sanidad pública española es objetivamente muy buena y más, comparada con la de otros países, como los EE.UU., donde ahora ha saltado a los titulares de toda la prensa que una parte importante de la población americana carece de cobertura médica, siendo la creación de un sistema sanitario al estilo europeo, uno de los retos que se ha planteado Barack Obama.

España tiene 46 millones de empadronados. Catalunya que tiene transferidas las competencias en materia de asistencia sanitaria, acordó el 30 de enero de 2008, una población de referencia de 7,5 millones de empadronados a los que da cobertura médica; o sea, asegurados del CatSalut, nombre comercial de la sanidad pública catalana.

Sin embargo, el presupuesto de salud de la Generalitat de Catalunya no alcanza para cubrir todo el gasto sanitario, siendo ésta una de las reivindicaciones contenidas en el pacto de financiación que sigue aún en el alero, habiendo superado con creces, lo que la propia administración pública calificaría como el período voluntario, el forzoso, la prórroga acordada y la vía de apremio con apercibimiento de embargo.

Dejaremos para otro artículo –tal vez una tesis doctoral– el análisis de los motivos por los cuales no alcanza el presupuesto de 11.800 millones de euros incluyendo las transferencias al ICS o los 9.412 de presupuesto del Departament de Salut o los 9.194 del presupuesto consolidado CatSalud/ICS de 2009, para la sanidad catalana.

Surfeando por entre las cifras de la web del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y a la vista de otros documentos publicados por el mismo departamento, hay cierto baile de millones de euros, confiando que no se trate de una lambada sino más bien de una genuina cumbia.

La cuestión de fondo es otra, así bailen los millones o permanezcan sentados esperando que alguien los saque a la pista. Pues si bien unas cifras indican que para 2009 el gasto en salud de los empadronados en Catalunya será de 1.573,33 euros por asegurado, el Departamento indica en su web que se destinarán a la sanidad 1.254,53 euros por persona en el año en curso.

Es de significar, aunque tal vez no aclare y embrolle más la cuestión que hay dos columnas en los presupuestos de salud en Catalunya, a saber: el que corresponde al Institut Català de la Salut (ICS) que contiene lo que en su día se transfirió del Instituto Nacional de Previsión (INP) la sanidad nacional y; el Servei Català de la Salut (CatSalut) que es lo que creó el Departamento de Salud en el ejercicio de sus competencias sanitarias. Para más INRI, el ICS ha sido reconvertido recientemente en empresa pública.

Hay otro agente en este sector sanitario que es el de las mutuas médicas que se mueven en paralelo a la sanidad pública.

La mutuas ingresaron en concepto de primas en 2007 –los datos de 2008 están empezando a confeccionarse ahora– 5.317 millones de euros a nivel de toda España. No todas las mutuas publican el número de asegurados, pero las principales sí lo hacen, de manera que no resulta complicado hacer un sencillo cálculo estadístico para concluir que el número total de mutualistas es del orden de los 13,4 millones. Mutualistas que no utilizan los servicios de la sanidad pública y la mayor parte de ellos están sujetos al copago –pago de una pequeña cantidad, más o menos 3 euros, por acto médico–.

Así las cifras, de 46 millones de empadronados en España, 13,4 que representa el 29% desoye la oferta de cobertura sanitaria pública. En Catalunya serían 2.175.000 empadronados que no usarían los servicios ni del CatSalut ni del ICS, por mucho que desde el Departament de Salut les voceen: OYEEEEEEE!!! Aquí tienes cobertura médica gratis y sin copago!

Se plantean varias disyuntivas a toda esta reflexión. La primera es que los mutualistas deberían recibir una compensación económica por la vía de la desgravación fiscal por el descargo de la sanidad pública.

La segunda es cómo se complicarían las listas de espera, no ya tan sólo para las intervenciones quirúrgicas, sino también en los propios consultorios médicos de atención primaria si los mutualistas decidiesen en esta época de vacas flacas, abandonar sus caras mutuas y acogerse a la sanidad del estado.

Y la tercera es que debería optimizarse la gestión de la sanidad pública, comenzando por hablar de oferta sanitaria y no de asistencia sanitaria que se circunscribe a dos terceras partes de la población objetivo. Para acto seguido, prever la posibilidad de que se produzca un aluvión de prestatarios de sanidad pública que colapsaría servicios y desbarataría presupuestos.

Así pues, el manejo de estadísticas convencionales para programar la gestión sanitaria que resulta tan deficitaria presupuestariamente, es un riesgo inherente en sí misma dada la actual coyuntura y la facilidad para abandonar las mutuas y pasarse a la medicina pública. Habría que habilitar los recursos necesarios para, en el caso de que los mutualistas dejen de serlo, comprar los servicios de las mutuas para seguir dando la cobertura médica a todos los empadronados.