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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Orden público, legalidad y control de la calle

Miguel Massanet
Miguel Massanet
lunes, 9 de marzo de 2009, 06:04 h (CET)
Me temo que se hace preciso que, de una vez por todas, en este país se tome conciencia de que: sin respeto a las leyes, sin seguir los procedimientos establecidos, sin apoyo incondicional a las fuerzas del orden, sin el control de la calle y sin poner una mordaza a determinados medios de comunicación que, sólo por afán sensacionalista y con la evidente ambición de conseguir una audiencia facilona, desinformada y propensa al melodrama y el lagrimeo; utilizan, para ello, a unos profesionales mediocres y, frecuentemente, carentes de escrúpulos que, para mantenerse en sus puestos, se dedican a explotar el morbo de la gente sencilla; no importándoles hacerse cómplices de las pasiones desatadas de grupos de personas que, a menudo, se mueven más por el efecto “masa” que por análisis razonados de los hechos que se valoran.

Es frecuente que, en estos últimos tiempos, veamos espectáculos de esta índole, linchamientos morales a cargo de multitudes que, influenciadas por los más exaltados, no dudan en presionar a las fuerzas de orden público, inmiscuirse en el terreno de la Justicia y crear una opinión pública basada, únicamente, en un sentimiento de venganza, crueldad y e instintos atávicos contra determinadas personas a las que, de antemano, han declarado culpables y han condenado, sin darles la oportunidad de exponer sus razones y ejercer sus legítimos derechos de defensa. Estas personas, jaleadas e incitadas, muchas veces, por aquellos que pudieran tener intereses de por medio o, saboreando la efímera fama de unos momentos de gloria que les permite verse, de improviso, aupados por la atención de los medios a una popularidad insospechada; no tardan en percatarse de los beneficios que pueden sacar de la situación y se agarran a ello como lapa a la roca, pensando en sacar de ello el mayor beneficio posible. Estas actuaciones, en lugar de favorecer una correcta aplicación de la Justicia, una investigación escrupulosa de los hechos, sin presiones ni condicionamientos, y unas actuaciones fiscales y judiciales efectivas; lo que consiguen es crear prejuicios y, en ocasiones, indefensión para aquellas personas imputadas que, en muchos casos, a la postre, resultan inocentes de los hechos que se les achacan.

Claro que, cuando estamos viendo como se viene aplicando la Justicia en España, por aquellos que tienen la obligación de hacerla respetar; las intromisiones que, en determinados casos, se producen en cuanto a la actuación de fiscales y jueces, por parte de los políticos y las irregularidades de determinados miembros de la judicatura cuando se trata de dañar a miembros del partido rival, claramente condicionados por sus propias ideas políticas; no nos deberíamos de extrañar de que, a nivel de ciudadanos de a pie, se empiece a dudar de la efectividad del aparato de la Justicia y se llegue a la conclusión de que lo mejor es seguir el procedimiento de la Ley del Talión. Hechos tan sangrantes e incomprensibles como el intento, burdo y premeditado, de imputar, en periodo de elecciones, a algunos miembros del PP, involucrándolos en una supuesta trama de corrupción, por parte del juez Garzón, persistiendo en instruir el sumario y tomar declaraciones a una multitud de supuestos prevaricadores, aún a sabiendas de que no le correspondía a él hacerlo, ha quedado descalificado y desautorizado, desde el momento en que, la propia fiscalía, le ha recomendado inhibirse del caso y remitirlos a los juzgados de Madrid y Valencia, por no demostrarse la participación de ninguno de los aforados del PP. El CGPJ hace ya tiempo que le debiera haber parado los pies al señor Garzón (por otra parte un desastre instruyendo sumarios) que, más que un juez ,parece un relaciones públicas de su propia persona. Ahora, por si no bastara con su historial mediático y su descuido de los asuntos que le corresponde solucionar en la Audiencia Provincial, se dedica a promocionarse para el cargo de Presidente de la misma. Curiosa pretensión, teniendo en cuenta lo poco que le importan las formas y los procedimientos cuando se trata de arrimar el ascua a su sardina. Por cierto, ¿qué ha hecho el CGPJ respeto a la famosa cacería con el señor Fernández Bermejo y el Jefe de la policía judicial?, o ¿es que con la dimisión de Bermejo ya se da por saldado el tema y pelillos a la mar?

Estamos entrando en un periodo en el que se están dando claros síntomas de deterioro de la seguridad ciudadana. Los problemas de empleo y de una inmigración incontrolada, están propiciando que determinados tipos de delitos (hurtos, robos, atracos, asaltos y estafas) se estén convirtiendo en algo habitual en nuestras calles. Son numerosos los comercios que denuncian los continuos asaltos de los que son objeto, se habla de “alunizajes” como de una cosa corriente y cada vez más repetida; mientras que, por otra parte, se producen hechos insólitos en determinadas barriadas, en las que los ciudadanos se rebelan contra cualquier actuación de las fuerzas del orden; como ha sucedido en un caso reciente en el que la policía pidió el DNI a dos muchachos para identificarlos, a lo que ellos se resistieron, motivando que los policías tuvieran que actuar como era su deber; pero, vean ustedes, como los vecinos, en lugar de cooperar, se levantaron contra la autoridad, agrediendo a los agentes y organizando una verdadera batalla campal. Son, evidentemente, síntomas preocupantes que, no obstante, no deben sorprendernos cuando el propio presidente de la Generalitat, señor Montilla, se niega a cumplir las resoluciones del TSJC sobre la enseñanza del castellano o cuando, con toda tranquilidad, amenaza públicamente al TC si éste declara inconstitucional parte o todo el famoso Estatut, intentando coaccionar al alto Tribunal diciéndole que una resolución en contra daría lugar a una quiebra en la sociedad catalana. ¡Menudo ejemplo de acatamiento a las leyes!

No perdamos de vista que, en el instante en que, en una nación, las autoridades pierden el dominio de las calles, se permite a las multitudes imponer su propia ley y, aquellos que debieran ser garantes de que ello no ocurriera, como ocurre con el señor Saura de IC yV, en lugar de evitar que se cometan tales infracciones, participan personalmente en tales demostraciones, en las que, aparte de los lemas y pancartas anticostitucionales y separatistas, hubo un sujeto que disparó un arma de fuego; ante la impasibilidad absoluta del conseller de Gobernació. Es obvio que, el darle cuerda al nacionalismo excluyente, el permitir que el separatismo arraigue en parte de la ciudadanía y el hacer oídos sordos a las peticiones de los amantes del orden y de la Constitución, cuando se reclama a quienes les competa que se ponga remedio al incumplimiento de las leyes y, las autoridades no responden, antes bien apoyan la rebelión en contra de los preceptos constitucionales y, por añadidura, los fiscales no actúan conforme a su deber y, desde el Gobierno central, se desvía la mirada; entonces, señores, es que nos encontramos ante un grave problemas de convivencia y un evidente peligro de que el deterioro progresivo de las relaciones sociales acabe por producir situaciones, como las que tuvieron lugar en los años que precedieron a la Guerra Civil. Quien avisa no es traidor y alguien debiera tomar cartas en el asunto antes de que la recesión, el paro y la miseria, hagan que la situación se convierta en irreversible. Luego se quejarán, pero la culpa de lo que ocurra va a ser, enteramente, suya.

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