Durante estos últimos meses se ha hablado mucho del papel de Felipe VI en todo este proceso iniciado después de las elecciones del 20D pasado. Como es natural en una democracia las opiniones van por gustos y, como decía Albert Einstein: “La libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga, oralmente o por escrito, y un respecto tolerante hacia cualquier otras opinión individual”. Sin embargo existe la impresión de que hay bastantes que siguen opinando que, el monarca español, debió esperar a nombrar encargado de formar gobierno en tanto, el aspirante a ser investido, no le hubiesen presentado pruebas de que contaban con los apoyos precisos para conseguir la presidencia del gobierno.

Se dice, no obstante, que en la casa real las simpatías por el PP y por el señor Rajoy son perfectamente descriptibles y que, no sabemos si por la influencia de la reina consorte o por amistades de hace años con determinados miembros de la farándula, se respira unos ciertos aires de “cambio”, unas tendencias populistas y, quizá, unas ciertas inclinaciones a tipos de gobierno menos de derechas y más progresistas. Es evidente que alguien ha estado aconsejando a SM el Rey en el tema de su hermana y su cuñado, el señor Urdangarín, y en darle al concepto de familia real un carácter restringido, limitándolo a las cuatro personas integradas por el Rey, la reina y las dos infantas. Seguramente en los tiempos actuales sería difícil de digerir una pompa como la que los monarcas tuvieron en tiempos anteriores; de hecho ya es difícil de sostener la propia institución si no es como una referencia a la unidad de la patria que, como es natural, tiene que estar representada por un poder que, en muchas naciones ha asumido el presidente de la república, elegido por insaculación popular y con un tiempo limitado de permanencia en el cargo, algo que, sin duda, resulta más democrático que una monarquía irremplazable.

No es el propósito de este comentario discutir sobre lo que es más favorable para un país, si monarquía o república; aunque se debe reconocer que las monarquías, la mayoría constitucionales, que quedan en Europa (en América ya no existen) se van quedando reducidas a meros símbolos que, en muchos casos, más que un emblema de poder se trata de una especie de adorno folklórico, con los poderes limitados a funciones representativas. Sin embargo, en España, el papel del Rey en la designación del candidato con más posibilidades de ser investido presidente del gobierno, le corresponde en exclusiva a nuestro Rey. Lo que ya resulta más difícil de asimilar para el pueblo, es que los monarcas pudieran tener un concepto distorsionado respecto a su papel en un estado en el que se instaurara, por ejemplo, un gobierno socialista con el apoyo y colaboración de Podemos, un partido eminentemente leninista, evidentemente de tinte totalitario y por su propia idiosincrasia populista y asambleario, nada propicio a mantener instituciones de carácter monárquico, como se ha demostrado en todas las naciones en las que han llegado a gobernar, empezando por la Rusia de los zares.

En ocasiones puede suceder que ciertas amistades, ciertas concesiones a personajes de dudosa identidad política o de tendencias libertarias pueden constituir un lujo que una institución, como la monarquía, no se debiera permitir. Ya, en su día, nos mostramos contrarios al matrimonio morganático de SM el Rey con la actual reina de España. Si algo les ha estado privado a los monarcas europeos, a través de los siglos, ha sido el matrimonio por amor y todavía más el de miembros de sangre real con simples plebeyas. Es cierto que ya llevamos años en los que los herederos llamados a ocupar el trono de las pocas naciones que conservan la institución monárquica, se han rebelado contra dicha servidumbre y se han casado ( la mayoría con la evidente oposición de sus familias) con quien les ha venido en gana; pero también es cierto que queda por ver el porvenir que les espera a estas nuevas parejas reales, después de que se han apeado de las peanas que los situaban en un puesto privilegiado e inalcanzable para el común de los mortales y se han mostrado como simples seres humanos, difícilmente distinguibles del resto de ciudadanos. Y es que no se puede soplar y aspirar a la vez y, en el caso de las monarquías, el aspirar a disfrutar de las ventajas de la gente llana lleva aparejada la pérdida de los atributos reales. Que, en definitiva, era lo único que distinguía a los reyes de sus propios súbditos.

El Rey ha decidido esperar ¿cuánto se va a esperar? Porque todos sabemos que hay un plazo, dos meses, en el que se puede continuar negociando para conseguir acuerdos. Sin embargo, hay cuestiones que la misma interinidad del Gobierno, la preocupación de los aspirantes a gobernar que se mantienen absorbidos en su afán de lograr acuerdos y apoyos y la inercia de unas elecciones extremadamente complicadas; permiten a los partidos separatistas, especialmente a los catalanes, intentar avanzar en su camino hacia la anunciada independencia. No sabemos lo que va a hacer el TC, muy callado por ahora, en cuanto al desafío del Parlament catalán, que ha constituido sendas ponencias para elaborar tres leyes, todas ellas de carácter independentista, obviando las sentencias del alto tribunal declarando ilegal toda actividad de carácter independentista; tampoco sabemos cuál va a ser la posición de la Justicia respecto a la provocación consistente en la creación, con dinero de los contribuyentes, de estructuras políticas paralelas para puentear las instituciones nacionales. Ahora sabemos que el TC dispone de facultades para poder ordenar directamente la ejecución de sus sentencias, ¿lo va a hacer o va a esperar que la situación llegue a un punto en el que ya no exista otro medio para apagar la insurrección que el recurso a la fuerza?

¿Ha sido acertada la medida real de permitir que se prolonguen los intentos de llegar a acuerdos durante dos meses? O ¿hubiera sido mejor encargar a Rajoy la formación del gobierno aunque sus posibilidades de éxito fueran mínimas y no consiguiera lograrlo? Algunos estamos preocupados respecto a los avances que puedan conseguir los partidos separatistas y de extrema izquierda para conseguir la formación de un nuevo gobierno que, si ellos entraran a formar parte del mismo, estamos seguros de que, al poco tiempo, se habrían hecho dueños de la situación, con las consecuencias nefastas que ello tendría para nuestra nación; no sólo en cuanto a políticas interiores, sino en lo que respeta a nuestra relaciones con otros países, al cumplimiento de nuestros compromisos con la UE y el intentar seguir manteniendo la confianza de los inversionistas foráneos en España.

No creemos que sea momento de que nos planteemos un cambio en el modelo de Jefe del Estado¸ sin embargo, no estamos convencidos de que, detrás de esta pantalla de inmutabilidad, frialdad e imparcialidad con la que el Rey va manejando el tema del cambio de gobierno, no existan influencias con las que se pretenda favorecer a determinados grupos conocidos por sus ideas progresistas, muy en consonancia con algunas que parece que pudieran ser compartidas por algún miembro de la misma familia del Rey. Sin duda cuesta pensar que ello pudiera suceder porque, evidentemente, sería tanto como tirarse piedras en el propio tejado de la institución monárquica o, lo que es lo mismo, un suicidio de la propia monarquía.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, se tiene la molesta sensación de que, en toda esta difícil situación por la que está pasando España y el pueblo español, hay antipatías, prevenciones, movimientos secretos y quien sabe si arreglos convenidos, para evitar que, un nuevo gobierno de centro derecha pudiera conseguir instalarse en España. Sin embargo, por mucho que intentemos hallar otra solución que pudiera ser beneficiosa para el país, que consiguiera mantener el rumbo de la nación en el sentido de mantener la recuperación ya iniciada y de conservar las buenas relaciones con nuestros inversores y la confianza de la UE; no cabe duda alguna de que, el único camino viable, sería el de una coalición con el PSOE, presidida por el señor Rajoy u otra persona del PP, que pudiera sustituirlo con garantías de continuidad.