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Contradicciones de los gobernantes

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 6 de marzo de 2009, 07:24 h (CET)
Hay algunas decisiones del Gobierno que a uno le pueden chocar por lo que puedan discrepar de recientes declaraciones, procedentes de la propia cúpula del Ejecutivo. Se nos viene repitiendo, con machacona insistencia, que “de ningún modo van a peligrar las conquistas sociales de los trabajadores” y cabría preguntarse lo que entenderán por conquista social aquellos que, con tanta firmeza, lo afirman. Efectivamente, podríamos decir que la mayor conquista social, el mejor derecho de cada persona es, sin duda, su opción a disfrutar de un trabajo remunerado digno, que le permita acceder a un nivel de vida justo y suficiente para atender sus necesidades básicas y las de su familia. Ello no obstante, podemos observar, entre perplejos y admirados, como la oferta de contratación pública (OPE) para el 2009, el año terribilis para el que se nos han anunciado los peores efectos de la recesión –materializados en un desmesurado incremento del desempleo y una verdadera tempestad económica para todas aquellas empresas que no consigan adaptarse a las rudas realidades impuestas por una competencia a cara de perro y una evidente proliferación del llamado “credit crunch”, limitación de los créditos bancarios derivados de la desconfianza de los sectores financieros en la solvencia de sus clientes, justificada por la reciente morosidad registrada en el sector – ha sido reducida a casi la mitad de la que se oferto en el 2008.

Cuando se han puesto en circulación 8.000 millones de euros para que los ayuntamientos contraten a trabajadores destinados a poner en marcha distintas obras de carácter público destinadas a paliar, dentro de unos límites, los efectos de la recesión; vean ustedes que, sin embargo, la oferta pública sólo alcanzará a cubrir el 30% de las plazas que quedan sin cubrir por las bajas ocurridas en el año anterior. Cuidado, no me interpreten mal, porque todos sabemos que la megalomanía de la Administración ha sido tal que, el número de funcionarios que hoy tenemos en España se estima cercano a los 500.000, lo que supone que estamos excedidos de lo que sería lo correcto para un país como el nuestro. Sin duda, una política restrictiva del gasto pública basada en una disminución de esta rémora que estamos arrastrando, desde que los socialistas se hicieran con el poder, sería, quizá, una de las mejores recetas para disminuir nuestro proverbial endeudamiento. No obstante, resulta chocante en boca de los mandamases del Gobierno, de aquellos a los que tanto les “duele” el desempleo que padecemos. els que sean los primeros que se resistan a disminuirlo contratando más gente para el servicio público.

Ello no obstante, creo que existe una explicación que queda corroborada, a mi modesto criterio, con la noticia proporcionada por el señor Corbacho de que, desde el Gobierno, ya se está barajando el congelar el sueldo de un millón de funcionarios. A este tipo de medidas siempre se había resistido el señor Zapatero que, en cada ocasión que se le presentaba, acusaba al señor Aznar de haber aplicado tal remedio durante su mandato. Ahora, no obstante, parece que ya no les parece tan mal y es posible que se vean obligados a aplicar tan impopular medida por una simple razón y es que, de pronto, se han dado cuenta de que meterse en un endeudamiento superior al 6’2%, que es lo que se está vaticinando para este año, es algo que, a nivel europeo, puede resultar muy difícil de digerir. No hay posibilidad de poner en marcha la máquina de fabricar dinero y la Deuda Pública española ya nadie la quiere ni para empapelar paredes; lo que deja pocas posibilidades al Gobierno de extenderse en sus tan frecuentes brindis al sol que, a copia de repetirse, se han convertido en otras tantas promesas incumplidas o cumplidas a medias o postergadas, a la espera de que cante el gallo otra vez y el horizonte económico de España amanezca más despejado.

No debemos olvidar que, las consecuencias de la recesión, tienen consecuencias imprevisibles en lo que respecta a la financiación de las Arcas públicas y que, es muy posible, que el Erario español se vea obligado a restringir sus gastos ante la más que probable baja de las recaudaciones por impuestos, como el de la Renta y el de Sociedades, sin dejar de contemplar la evidente repercusión en la recaudación del IVA como consecuencia de la moderación de los ciudadanos que, ante la perspectiva que se les ha anunciado, han optado, sabiamente, por estrecharse el cinturón y reducir sus gastos a lo estrictamente necesario. Tampoco deberemos de desatender los posible movimientos promovidos por IU y otros grupos extremistas que, es muy verosímil, vean la posibilidad de aumentar su popularidad, explotando el descontento en los sectores marginales y, muy especialmente, en aquellos colectivos afectados directamente por el desempleo, que están agotando el periodo de percepción del subsidio y van a entrar, si Dios no lo remedia o el señor ZP no encuentra alguna solución milagrosa para evitarlo, en el grupo de los que se han quedado a dos velas y a merced de la caridad de los demás. Una situación que, a nadie se le oculta, pudiera devenir en graves alteraciones del orden público y en un aumento (como ya se está notando) en determinados tipos de delitos contra las personas y la propiedad, que pudieran engendrar una situación de crisis institucional de insospechadas consecuencias.

En este sentido, deberíamos destacar las declaraciones del coordinador general de IU, el señor Cayo Lara que parece que ha decidido prender fuego a la hoguera de la lucha de clases, cuando pide que Hacienda se convierta en el super inquisidor general ,al estilo del más puro bolchevismo, y reclama que se aumenten en 120.000 funcionarios más, las ya nutridas huestes del organismo recaudador; con el fin de poner sitio a los bolsillos de aquellas personas que puedan ser sospechosas de tener algún capital escondido. Si bien parece justo que se exija a todos los contribuyentes que cumplan honestamente con sus deberes hacia el fisco, nos tememos que una “caza” –y no me refiero en este caso al dimitido señor Bermejo –, al estilo estaliniano, de cualquier persona sobre la cual cualquier mal intencionado quiera descargar su odio o su malquerencia denunciándola de ocultar dinero para evadir al fisco; sea lo que, en estos momentos, pudiera resultar lo más aconsejable para una nación que apenas consigue mantener el tipo, en una tormenta económica que no tiene parangón en ninguna de las naciones europeas que nos rodean..

No volvamos a las andadas, no reproduzcamos situaciones extremas que, de cara a la galería, pudieran resultar muy demagógicas e, incluso, reclutaran a los descontentos de siempre y a los antisistema, deseosos de acabar con todo orden establecido y ansiosos de pasar de la pasividad a la acción; como ocurrió, lamentablemente, cuando el gobierno del Frente Popular permitió que antiguos agravios y latentes odios se manifestaran libremente y dieran lugar a los, tristemente famosos, sucesos de todos conocidos y que sólo en Barcelona costaron la vida a muchos miles de personas inocentes. No apuremos la mecha no sea que nos quememos los dedos.

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