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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Salomón no siempre acierta

Miguel Massanet
Miguel Massanet
jueves, 5 de marzo de 2009, 11:09 h (CET)
Las consecuencias de un Estado de Derecho que tiene más de Estado que de derecho se materializan en sentencias como la emitida por el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados, por los objetores a la asignatura de EpC, en contra de dicha Ley que, por lo visto, salvo para los señores magistrados de dicho tribunal, a la mayoría de personas sensatas, formadas en el respeto a la lógica y amigas de que la Constitución española se interprete según fue redactada y no se acuda a artilugios y artificios de leguleyos, para desvirtuarla por medio de interpretaciones alambicadas y, claramente, sesgadas hacia lo que al poder le interesa. A nadie sorprende pues que, a estas alturas de esta legislatura, segunda parte corregida y aumentada de la primera, las presiones políticas, los resabios partidistas y la práctica de nuevos hábitos surgidos en la magistratura, en virtud de los cuales parece que importa tanto lo que dicen las leyes o lo que pretendió decir el legislador, como la oportunidad de aplicarlas en un momento determinado. Todos recordamos la patética frase del señor Bermejo cuando, refiriéndose a ellas, se manifestaba en el sentido de que las normas debían aplicarse, “según convenga a la jugada”; dando a entender, con esta lúdica expresión que, en ocasiones, las necesidades o conveniencias políticas pudieran tener prioridad sobre las propias leyes; afirmación, por otra parte, muy propia de aquellos regímenes absolutistas que suelen dar prioridad a los fines sobre la legalidad de los medios utilizados para conseguirlos.

Es obvio que el Tribunal Supremo, con esta sentencia de corte salomónico, ha pretendido quedar bien con el Gobierno y a la vez, ¡qué remedio le quedaba!, no le ha quedado más remedio que reconocer que el poder, quienes gobiernan las nación y los partidos que le dan soporte al Ejecutivo no pueden valerse de las leyes para adoctrinar, en sentido favorable a sus intereses políticos, a la población sobre la que tiene el poder de gobernar. Lo malo de tal actitud es que ha quedado patente que, dentro de las más altas instituciones de la nación, se está produciendo un fenómeno que podríamos calificar de cáncer de la justicia, mediante el cual la aplicación de las normas y la resolución de los contenciosos que les son sometidos, no se resuelve tanto en cuanto a la hermenéutica, el sentido de la norma, la razón y el sentido común de quienes tienen el deber de emitir un fallo, sino que las reyertas que preceden a cualquier decisión del órgano colegiado que se ocupe del contencioso, no se basan en temas de interpretaciones estrictamente jurídicas si no en los prejuicios de los componentes del tribunal en función de sus filiaciones políticas.

No se puede negar que la sentencia del Supremo contiene todos los elementos para que su aplicación práctica se convierta en una verdadera pesadilla, tanto para los que pretendan salvar a sus hijos de un adoctrinamiento sectario por parte del Ministerio de Cultura o derivado de las distintas ideologías de aquellos centros educativos a quienes les corresponda dar la asignatura o de aquellos textos en los que, las distintas autonomías, quieran materializar lo que sus gobiernos entiendan que debe contener la asignatura; como, por parte de los mismos tribunales de justicia de las distintas comunidades que, si como parece, pueden tener que enfrentarse a más de 50.000 recursos en contra de los contenidos de los libros por medio de los cuales se imparta la asignatura EpC; es evidente que el colapso de la Justicia va a adquirir proporciones inenarrables; como no sea que, desde el Ejecutivo, se decidan a doblar el número de jueces y a ponerse al día en cuanto a dotar de los suficientes medios humanos y técnicos precisos para desatascar el inmenso tapón que hoy viene obstruyendo, como ha quedado patente en los patéticos casos denunciados últimamente, el normal funcionamiento de esta institución encargada de velar por el correcto funcionamiento de la Justicia..

Es cosa sabida que, si se confirma que la Ley de Educación para la Ciudadanía no puede ser objetada por los ciudadanos porque el TS la considera uno de los derechos del Estado, también resulta cierto que, a continuación, se afirma que en ella no se podrán insertar materias que puedan considerarse atentatorias a la libertad que concede la Constitución a los padres, para elegir la clase de orientación moral, religiosa y ética que quiere que se les enseñe a sus hijos. Así es que, señores,¡la polémica está servida!. Veamos, no hubiera sido más lógico que el propio tribunal, previo el asesoramiento pertinente, hubiera decidido específicamente que puntos concretos debían ser evitados? O ¿no hubiera sido preferible declarar la ley, en su formato actual, ilegal y obligar al Gobierno a que propusiera un texto reformado, único para todas las autonomías, con un contenido adaptado a las recomendaciones del alto Tribunal? Al menos, si el Gobierno hubiera insistido en incluir, en el nuevo texto, algún tipo de adoctrinamiento no admitido por la Constitución, el método para recusarlo se hubiera simplificado; ya qu, con un solo recurso de quienes vieran desatendidos sus derechos, sería suficiente para que los posibles errores, defectos de redactado o partes ilegales de la norma fueran sometidos a la decisión de los tribunales, el Supremo en concreto, quien sería el que, a la postre, decidiera sobre el tema.

Estas, sin embargo, son las consecuencias de la prepotencia que acompaña a todas las decisiones del Ejecutivo que se basan, en el mayor número de casos, en la conveniencia política o en la necesidad de contentar a determinados sectores que les han ayudado a hacerse con el poder y, por ello, al no haber precedido un diálogo con las posibles partes afectadas, no haberse tomado un tiempo prudencial en sopesar los pros y contras de la medida y no tener la humildad precisa para escuchar a los expertos en la materia antes de, como vulgarmente se dice, “lanzarse a la piscina”; las leyes así promulgadas ya nacen con un importante cargamento de rechazo por parte de un sector de la ciudadanía, que no ve en la ley más que el intento de un recorte de sus legítimos derechos constitucionales y un “trágala” a cargo de la Administración, que sólo pretende con este tipo de actuaciones enfrentarse a aquella parte de la ciudadanía que no comulga con sus ideas y que, potencialmente, según el particular concepto que estos gobernantes absolutistas tienen de los ciudadanos, son enemigos, a los cuales hay que abatir para que no se constituyan en un obstáculo para sus pretensiones de permanencia indefinida en el poder. De aquí a la tiranía nada más hay un paso semántico.

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