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Opinión
Etiquetas:   La parte por el todo  

Falacias

Óscar Arce Ruiz
Óscar Arce
domingo, 1 de marzo de 2009, 09:09 h (CET)
En el marco de una discusión, en ocasiones se supone un contexto normativo general en el que se desarrolla la exposición de argumentos. La aplicación positiva de tal contexto no precisa de prueba, es decir, no es necesario demostrar su validez pues es algo que beneficia a todas las partes.

Por el contrario, si alguna de las partes considera que el contexto no puede ser sostenido en la situación precisa en que se desarrolla el diálogo, será ésta la que tendrá que sostener la carga de la prueba.

Este tipo de recurso dialéctico se conoce como ‘presunción’, y su representante más interesante y más habitual es la ‘presunción de inocencia’. Nadie ha de probar su inocencia ante un proceso en el cual la presunción de inocencia reside en la base. En cambio, es el acusador quien ha de preocuparse por demostrar la veracidad de la acusación.

Esto se lleva a cabo para evitar un razonamiento falaz en el que el acusado tiene siempre las de perder. La falacia ad ignorantiam supone que una acusación es cierta si el acusado no tiene la capacidad de responder al ataque. Para que no sea declarado culpable ha de demostrar activamente que no incurrió en los actos que la acusación le imputa. Si no se demuestra que la acusación es falsa, entonces es verdadera.

Aquí se vulnera el principio que dice que la carga de la prueba depende de quien acusa, no de quien niega. Nos encontramos, pues, ante un caso de inversión de la carga de la prueba.

En muchas ocasiones, no obstante, se convierte éste en un argumento aceptado. Sobre todo es así en los momentos de cierta alarma general. Es lo que se produjo en el episodio de la caza de brujas o, más cerca en el espacio aunque no en el tiempo, en los procesos de inquisitoriales.

Sea como sea, es importante remarcar que la aplicación del procedimiento en cuestión no asegura tampoco la inocencia del acusado. Lo único que se afirma es la no-culpabilidad sobre los cargos que se imputan. Lo que se persigue es proteger al acusado de acusaciones infundadas.

Por eso los procedimientos abiertos últimamente contra tantos componentes de ayuntamientos españoles (ahora también socialistas) están también definidos en términos de presunción de inocencia. Por mucho que algunas fuentes se esfuercen por apresurar un resultado basado en supuestas pruebas, los argumentos siempre han de vincularse de manera decisiva al acusado para concluir una sentencia de acusación.

De lo contrario estamos ante un razonamiento erróneo, que no comporta necesariamente la culpa del inculpado y, por consiguiente, no puede probarse que sea culpable aunque efectivamente lo sea. Es, repito, un seguro ante las acusaciones infundadas en un proceso judicial.

Ante algunos medios no parece existir la presunción de inocencia, y bien parece que salir por la televisión convierte a cualquiera en culpable, independientemente de lo que pueda decir el juez.

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