Cuando alzo la vista y miro desde el puerto de Vitoria, mis ojos se acercan a visualizar un verdadero atropello democrático. Un situación que parece sacada de la época de los señores feudales, con castillos y dragones; un cuento de hadas tristemente convertido en realidad.

Hablamos de Treviño, un enclave a modo de chincheta en el corazón de Araba. Treviño es el ejemplo perfecto de la sinrazón y el nulo sentido común. Los propios ciudadanos y ciudadanas que viven en el enclave de Treviño son los que están sufriendo directamente las consecuencias de un conflicto que se alarga en los años, un conflicto agónico y desesperador.

Los propios ciudadanos y ciudadanas son los que están demandando la búsqueda de soluciones de forma explícita, manifestando su voluntad a través de sucesivos referéndums de forma clara y contundente: ¡Queremos ser alaveses y alavesas!, pero esta inequívoca expresión democrática topa siempre con la misma piedra en el camino. La nula voluntad política de los partidos políticos e instituciones españolas.

Tristemente, la voluntad de la ciudadanía del Condado de Treviño no se lleva a la práctica, y no se lleva porque no hay voluntad política por parte de algunas instituciones. En concreto la Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León y el Gobierno español.

No es una cuestión jurídica, ni histórica, ni política, es una cuestión de sentido común. Desde mi humilde opinión, creo que para cualquier observador imparcial que aterrizase ahora mismo sobre el territorio, la cuestión de Treviño sería incompresible. Sería incompresible ver que, una vez tras otra, la voluntad de un grupo de ciudadanos y ciudadanas es obviada, es ignorada, es tergiversada y es cambiada. Porque eso es precisamente lo que hacen desde algunas instituciones.

En este caso la Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León, juega el papel del “perro del hortelano”, que ni come ni deja comer. Ni da solución a los problemas de estos ciudadanos y ciudadanas, ni permite que se dé solución a esos mismos problemas desde Gobierno Vasco o desde la Diputación Foral de Álava.

¿Y que hay de los llamados “cauces legales”?. Los llamados cauces legales son actualmente cauces cegados por la sin razón, la burocracia política partidista y las mentiras de algunos mal llamados “representantes de la ciudadanía”. Desde la plena objetividad, son verdaderamente obstáculos que se han puesto para que no haya solución a este tema.

Para el PSOE y el PP, Treviño es la chincheta que sujeta Euskal Herria a España, y planteando así el tema, planteándolo como una cuestión de Estado, fantaseando con que si Treviño forma parte de Araba, la independencia ya estaría hecha, no sólo no conseguimos avanzar ni un milímetro, sino que estamos dejando indefensos a miles de ciudadanos y ciudadanas, están callando sus voces al más puro estilo dictatorial.

No se puede plantear la “legalidad como cadena que ata”, “como obstáculo a la voluntad de la ciudadanía”. La legalidad, y las leyes en general están precisamente para ser cambiadas, actualizadas y mejoradas en base a cada contexto concreto. El único requisito que se precisa, además de los cauces democráticos, es que exista una voluntad política.

Es necesario buscar una solución, y una solución a corto plazo, porque no podemos alargar este problema otros 25 años más. No podemos abandonar a esa gente, esa gente que nos reclama que actuemos y que luchemos por sus intereses. No podemos seguir alimentando esa indefensión, sino que debemos erigirnos como sus mayores defensores.

Estos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a formar parte de nuestra comunidad, tienen derechos a participar en las cuestiones, en los debates, en los acuerdos que son fundamentales también para el futuro de nuestro pueblo. Tienen derecho a participar en el proceso de normalización política, de resolución del principal político que tiene nuestro pueblo. Tienen derecho a participar como cualquier ciudadano y ciudadana vasca más.