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Etiquetas:   El crisol   -   Sección:   Opinión

Justicia y alarma social

Pascual Mogica
Pascual Mogica
jueves, 26 de febrero de 2009, 13:10 h (CET)
Sin duda alguna se puede afirmar que el Partido Popular, al igual que cuando se dio lo del “caso Naseiro”, está contribuyendo con su actitud al descrédito de la Justicia, de los jueces y fiscales, y creando una gran alarma social.

Por si faltaba algún ataque más al sistema judicial, el ex alcalde de Alicante y hoy diputado en las Cortes Valencianas, Luís Díaz Alperi, que recientemente ha sido exculpado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) por su supuesta relación con el desfalco de seis millones de euros en la empresa mixta “Mercalicante”, ha declarado que “es muy fácil imputar a alguien, sólo hace falta ponerse de acuerdo con un fiscal con el que tengas confianza”. Terrible afirmación del ex alcalde y hoy diputado regional. La verdad es que no entiendo que el aforamiento, por su condición de parlamentario, sea para soltar cargas de profundidad de este calibre contra la Justicia. Aprovecharse de esta situación de aforado nos hace llegar a dudar de si de Díaz Alperi, que en los siete años que han transcurrido -en los cinco primeros no gozaba de la condición de aforado- desde que se le involucró en dicho desfalco, se hubiera atrevido a decir lo que, lamentablemente, acaba de manifestar. Pero así funcionan ciertos aspectos de la democracia. Si a usted se le ocurre decir algo parecido a lo que ha dicho este ex alcalde y diputado sobre él, sobre Díaz Alperi, se puede ver usted ante un juez acusado de insultos, injurias y calumnias y puede tener serios problemas, pero esa es una de las ¿grandezas? de la democracia que hace bueno aquello que dijo no recuerdo quien, de que “en democracia todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales”. En cualquier caso, y teniendo en cuenta el artículo 15 en sus puntos 1 y 3 del Estatuto del Diputado en las Cortes Valencianas que dice: Art. 15.1. “Los diputados y diputadas gozarán de inviolabilidad, aún después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”. Y el mismo artículo en su punto 3 manifiesta: “Igualmente gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo”. Es evidente que Díaz Alperi, pierde esa inviolabilidad y ese aforamiento en este caso concreto ya que su afirmación de que “es muy fácil imputar a alguien, sólo hace falta ponerse de acuerdo con un fiscal con el que tengas confianza” no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones por su condición de diputado autonómico. No es una opinión o afirmación expresada en el desempeño de su cargo. Lo de “Mercalicante” no tiene nada que ver con las Cortes Valencianas.

En el diario Información de Alicante del pasado domingo día 22, y en relación con la supuesta participación del presidente de la Generalitat, Francesc Camps, en la trama de corrupción que viene investigando el juez Garzón, se publicó un reportaje en el que el autor traslada a los lectores las palabras de un miembro de la cúpula del PP en la Comunidad Valenciana que manifestó lo siguiente: “No tenemos dudas de que cuando el caso llegue a Valencia se acabará archivando”. Pero no se porqué el firmante del reportaje, antes de reproducir estas palabras, hace referencia a la “estrecha amistad que el presidente del TSJ valenciano, Juan Luís de la Rua, mantiene con el titular del Consell –con Camps-“. Ante este apunte del periodista a uno solo le queda pensar si es que de verdad los ataques del PP a jueces y fiscales están calando en la opinión pública. Si esto fuera así sería terrible y de una gravedad extrema. No pueden quedar impunes afirmaciones como las de Díaz Alperi. Ante ataques de esta naturaleza la Justicia debe mantenerse firme y ante todo digna.

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