El lamentable desenlace en el caso de la desaparición de la joven Marta del Castillo, no sólo sume a la opinión pública en el estupor y la incredulidad, sino que vuelve a poner sobre la mesa el debate no cerrado en relación a la inicua Ley del Menor, engendro legislativo inspirado por la mente portentosa de Javier Urra. La autoría, como es lógico, no fue sólo suya; pero quizá fuera él quien más demagogia exhibió como “psicólogo estrella” –que no sólo son los jueces- durante la época en que desempeñó el cargo de Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Aún hoy se pueden escuchar sus trasnochadas teorías roussonianas en un programa de radio de gran audiencia.

Una siniestra casualidad –o eso que llamamos “casualidad”- ha querido que la confesión del presunto asesino de la chica coincida con la identificación de otro asesino –en este caso nada presunto- que “saldó” su deuda con la sociedad con tres añitos de confinamiento en un centro especial para menores, claro, tras haber asesinado a sus padres con la mayor frialdad, en 1994. Esa identificación fue llevada a cabo por espectadores que contemplaban atónitos desde sus casas, cómo Cyril Jaquet estaba a punto de convertirse en un personajillo popular a través de su participación en uno de esos tediosos concursos de televisión. Descubierto el pastel, no se descarta que semejante individuo llegue a hacer negocio con su crimen, si algún productor avezado decide aprovechar el filón de morbo que el caso ofrece.

Matar es fácil y las consecuencias son mínimas. El adolescente puede tener el cerebro maduro para concebir un plan y perpetrar un sofisticado crimen y, sin embargo, hay que ofrecerle la mayor benevolencia a la hora de juzgarle.

Por fortuna –si es que cabe aplicar esta expresión en una historia con final tan triste- el presunto asesino de Marta es mayor de edad, y se debe exigir que sobre él caiga todo el peso de la ley. También sobre sus cómplices y encubridores.

Es absurdo que los delitos de sangre prescriban como una multa de tráfico. En España alguien puede concebir y realizar un asesinato y, si tiene suerte de que no le detecten, a los veinte años explotar comercialmente su “hazaña”.

La sociedad no puede permitirse olvidar los nombres ignominiosos: Miguel Cascaño figura por derecho propio entre ellos.