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Bancos, banqueros y fallos gubernamentales

Miguel Massanet
Miguel Massanet
lunes, 9 de febrero de 2009, 00:39 h (CET)
Si es que quisiéramos usar el sentido común nadie se debiera de extrañar de lo que está ocurriendo en la actualidad con el sector bancario. Si acaso nos debiéramos preguntar cómo los expertos del Gobierno pudieron pergeñar algo tan mal concebido, tan falto de un plan bien estructurado y de un control más estudiado al tratarse de una ayuda tan importante ( 50.000 millones de euros) destinada a ayudar a los bancos mediante la compra de activos “saneados”, a criterio del gobierno, o activos “tóxicos” para el resto de personas que tuvieran dos dedos de intelecto. Si el señor ZP se creyó en algún momento que sería capaz de engañar a los bancos o si tuvo la menor idea de que conseguiría cambiar la mentalidad de los banqueros que acudieron a la reunión de los butacones y los sofás; supongo que ya habrá tenido tiempo de darse cuenta de que lo único que consiguió hacer fue un ridículo mayúsculo porque, en definitiva, el Estado se quedó la bazofia que le dieron los bancos y los fines para los que se arbitraron los cincuenta mil millones de ayuda no se han cumplido. Pero es que, cualquiera que haya seguido un poco el deterioro de las entidades financieras a partir del derrumbe de la burbuja inmobiliaria, tendría que haberse dado cuenta de que el endeudamiento que tienen nuestros banco con entidades extranjeras tiene unos vencimientos y que el leñazo que recibieron muchos bancos y cajas, no nos olvidemos de ellas, a causa de las hipotecas sobrevaloradas y los préstamos a constructoras meramente especulativas, los ha dejado en lo que en términos vulgares pudiéramos calificar de “situación de horas bajas”.

Si usted debe dinero y además tiene que pagar sus correspondientes intereses en un plazo determinado no sería prudente, ni inteligente ni, por supuesto, práctico que se dedicara a dejar dinero a los demás cuando, por añadidura, no está seguro de que, quienes vana a recibir el crédito estén en condiciones de asegurarle que se lo van a devolver en el plazo determinado y, además, con sus correspondientes intereses. Se argumentará que el Estado se ha comprometido a avalar los créditos, pero todos somos conocedores de cómo responden los poderes públicos cuando se trata de pagar. Por ejemplo, se calcula que, en la actualidad, los ayuntamientos españoles deben a sus proveedores la friolera de 30.000 millones de euros. Una bonita cifra que, sin duda, ha contribuido de una manera definitiva a que muchas empresas, especialmente del sector de la construcción e industrias auxiliares, se hayan visto obligadas a suspender pagos cuando no a declarase en quiebra. ¿Sabían ustedes que el plazo promedio que se ha calculado respecto al tiempo que tardan los ayuntamientos en pagar sus deudas es de nueve meses? Añadan ustedes a ello el hecho cierto de que, el derrumbe de la construcción, ha dejado a muchos ayuntamientos sin una de sus principales fuentes de financiación o sea los permisos de obras, las tasas y demás impuestos y arbitrios que están relacionados con las construcciones nuevas; y, a todo ello, súmenle una crisis que no lleva visos de cesar hasta el 2010 por lo menos, aunque que algunos la prolongan al 2011 o el 2012. Un cóctel explosivo capaz de acabar con cualquier municipio y, mucho más, si se tratan de pequeños pueblos en los que el paro se ha generalizado hasta afectar a partes importantes de la población.

Los intentos del señor ZP y el abúlico, señor Solves, de poner en la picota al sector bancario y, las amenazas del señor Sebastián de nacionalizarlos ( no se puede interpretar de otra forma aquello de que al Gobierno se le acababa la paciencia); no han conseguido más que dos resultados. Uno, previsto, poner en guardia a todos los países que negocian con nosotros o que tienen participación en los bancos españoles (la mayoría de nuestros principales bancos tienen fuertes participaciones de instituciones financieras extranjeras) alarmados ante una medida tan impopular y peligrosa, teniendo en cuenta la incapacidad demostrada por el Gobierno en gestionar la crisis y, dos, poner en pie de guerra a los banqueros que, por si a alguien se le hubiere olvidado, tienen prestados a todos los partidos políticos importantes préstamos que duermen el sueño de los justos y que los banqueros consideran ya una parte de su pasivo, porque saben que seguramente nunca los van a cobrar. Sin embargo, allí están, convenientemente registrados y documentados en las sedes de las entidades prestamistas, como salvaguarda contra cualquier jugada del Gobierno que quisiera ponerlos en un brete. Observen ustedes la rapidez del señor Blanco en salir a darle un capote a su compañero de equipo, desmintiendo de una manera categórica cualquier intención del Gobierno de incurrir en tales prácticas.

El señor Botín, ¡qué curioso que haya sido él, el mismo que compartió con el señor Zapatero los prolegómenos de las ayudas a los bancos, quien haya salido a la palestra para ponerle un par de banderillas de fuego al Gobierno!, ha sido extraordinariamente claro y tajante: no se van a dar créditos a tontas y a locas y, los que se den, se otorgarán a personas o sociedades de confianza, con proyectos de futuro convenientemente contrastados y con perspectivas de éxito; lo contrario sería un suicidio económico y no haría si no que aumentar los efectos de la crisis. ¡Y tiene razón, como no iba a tenerla! El Gobierno se equivocó usando el sistema de subvencionar a los bancos en lugar de, a través del propio ICO, intentar ayudar a las empresas que padecían problemas de liquidez pero que por su estructura, rentabilidad y perspectivas económicas merecían que se las ayudara. Dar dinero a quienes están con el agua al cuello para que se salven es lo mismo que tirarlo y no debemos olvidar que el dinero que maneja el Estado es el recaudado de nuestros impuestos y cada euro que se dilapida o se pierde por su mala administración es un euro que nos empobrecemos los españoles. Eso parece que hay algunos que no acaban de entenderlo y, por ello, nos siguen gobernando los socialistas.

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