Existen dos métodos para intentar vaciar de contenido nuestra Constitución del 1978. Uno, buscar su transformación mediante el procedimientos legales establecidos en la misma Carta Magna, por medio de las mayorías adecuadas, en el Parlamento y en el Senado, para darles el tramite adecuado para su modificación o, y este es el sistema, sin duda, más peligroso y el que parece que tienen en la mente los señores de Podemos y sus respectivas marcas blancas, que consiste, sencillamente, en irla vaciando de contenido, mediante el procedimiento de los hechos consumados, contrarios a los preceptos legales constitucionales, pero tolerados y, en ocasiones, favorecidos por las propias autoridades encargadas de velar porque las normas establecidas en nuestra Constitución sean respetadas y evitar que sean infringidas, con la aplicación cuando fuera pertinente y sin más consideraciones, del peso de la ley sobre aquellos que intentaran hacerlo.

Es evidente que España no se encontraría en la actual situación política en la que se halla en la actualidad, si no fuera porque se ha sido demasiado tolerante con comportamientos que han llevado implícito desentenderse de los preceptos constitucionales y, en ocasiones, sin utilizar ningún resquicio que pudiera haber en las leyes, sino que con toda desfachatez, en un desafío abierto a la legislación vigente y a la propia Carta Magna. Claro que, en gran parte, se les puede atribuir a los funcionarios de la Justicia que tienen encomendado el velar por el cumplimiento de las leyes y, especialmente, que la Constitución española del año 1978 sea respetada en sus propios términos, aplicando la hermenéutica que requiere el sentido común y la ética, y evitando convertirse en artífices improvisados de razonamientos sesgados que, como es evidente, pueden llegar a establecer situaciones de injusticia manifiesta.

Hemos tenido algunos jueces que ya han sido inhabilitados por semejantes delitos, como el caso del juez Garzón (prevaricación) pero, sin duda, el hecho cierto es que quedan muchos otros, de los llamados “progresistas” ,que se han dejado llevar por sus ideas políticas y dejado influenciar por ciertas corrientes sociales, emitiendo sentencias, autos y resoluciones que nada tienen que ver con lo que el legislador quiso dejar plasmado en la Ley, cuando la sometió a la aprobación del Parlamento del país. Lo que más puede preocuparnos es que ya van siendo muchas las resoluciones judiciales, las actuaciones de jueces que resultan incomprensibles para la ciudadanía; también son inexplicables determinadas actuaciones judiciales, evidentemente discriminatorias, según cual sea la afiliación política de la persona sobre la que recaen las sospechas de delito, en cuanto a la parafernalia de prensa, activistas, pancartas, scratches y otros métodos de humillación pública que, inexplicablemente, se organizan alrededor de casos de detenciones de personas de derechas, en contraste con las actuaciones, mucho menos espectaculares, comedidas y reservadas, cuando los detenidos son de izquierdas. ¿Quiénes son los que organizan semejantes saraos y cuáles son las fuentes que les avisan de dónde y a qué hora deben acudir para sus particulares representaciones?, ¿cómo es posible que los juzgados no puedan evitar estas situaciones de escarnio para los detenidos, evitando que situaciones semejantes puedan repetirse una y otra vez?

El caso es que la prensa está avisada del día y hora en el que tales actuaciones van a tener lugar y los encargados de armar los acosos, alborotos y humillaciones, tienen el raro privilegio de estar presentes en el momento oportuno. Los secretos del sumario, de hecho, ya no lo son y resulta que se hacen públicos antes de que, el interesado o sus abogados hayan podido tener acceso a él. Es obvio que existen topos, en los juzgados y audiencias, que filtran ilegalmente informaciones que nunca debieran de salir de ellos y que, de forma incomprensible, se han convertido en algo habitual, sin que la Justicia tome las medidas pertinentes para evitar que estas ilegalidades puedan repetirse.

Nadie ha podido entender que los nacionalistas catalanes hayan podido llegar tan lejos en su desafío al Estado de Derecho, pasándose la Constitución por el forro de sus pantalones y evitando que, después de varios años de desobedecer sistemáticamente, tanto las resoluciones del Parlamento de la nación, como las distintas sentencias de los tribunales y del propio TC, sigan campando por sus respetos, ocupando cargos públicos y manteniendo, como si no pasara nada, sus actuaciones ilegales y evidentemente de orden secesionista sin que, hasta la fecha, ninguno de ellos haya ido a parar a la cárcel, algo que tuvieron que soportar otros políticos catalanes que pretendieron llevar a cabo semejantes pretensiones, como fue el caso del señor Companys.

Ahora, muchos partidos políticos están empeñados en modificar la Constitución y no es precisamente para acabar con esta lacra en la que se ha convertido el sistema autonómico en España; al contrario, sus pretensiones se centran en hacer desaparecer de ella todo resquicio de defensa de la unidad de España, intentando establecer un sucedáneo artificial, como es el objetivo de los socialistas, propugnando una especie de estado federal que, dicho sea de paso, no colma las aspiraciones separatistas de los catalanes, que pretenden la separación de Cataluña de España. En todo caso, este invento de Pedro Navarro al que se ha agarrado el señor Pedro Sánchez, no tiene el menor sentido si se tiene en cuenta que las atribuciones que la ley les ha concedido a las autonomías, especialmente en el Estatut Catalán, en realidad contienen más competencias que las de que disponen muchos de los länders alemanes.

Lo cierto es que, las actuaciones que bajo una interpretación excesivamente laxa del derecho a la libre expresión avalado por nuestra Constitución, de acuerdo con las más recientes resoluciones de los jueces, han convertido este derecho hiperprotegido en prácticamente inexpugnable; alterando la protección a la intimidad de las personas, los insultos gratuitos a las autoridades; las injurias o la seguridad los políticos en algo meramente ilusorio, si es que debemos atenernos al comportamiento de los jueces en casos en los que existe un enfrentamiento entre quienes reclaman su derecho a no ser estorbados en su ámbito íntimo y particular y aquellos que todo lo justifican apelando a la protección del derecho a la libre expresión. Una más de las formas subrepticias mediante las cuales se puede ir socavando la autoridad de la norma constitucional sin tener que acudir a un cambio de sus preceptos.

La Constitución española, en realidad, no necesita otra modificación que la que llevara a agilizar las posibilidades del Estado de Derecho para cortar de tajo, cuando se vislumbre la menor posibilidad de que grupos conspiradores, partidos de dudosa actitud democrática o totalitarios, o antisistemas y subversivos, intenten aprovecharse de las reglas democráticas para infiltrarse en las instituciones, con la evidente intención de, desde sus propias entrañas, realizar una labor de zapa de modo que, con el tiempo, solo quede la funda de un estado democrático, vaciada por completo del contenido ideológico y de los mecanismos de la Justicia que garantizan sus valores y principios éticos y morales, que el pueblo, en las urnas, quiso darse como protección.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable sensación de que, en nuestra nación, se han infiltrado quinta columnistas que, bajo la apariencia de erigirse en defensores de las clases menos favorecidas, lo que, en verdad intentan, es que se desmorone todo el estado democrático surgido de la transición, para introducir un sistema dirigido por las izquierdas extremas que, como siempre ha ocurrido con estos intentos totalitarios, el único resultado que se puede esperar de él, es el caos y la pobreza; igualitaria sí, pero sin provecho alguno para salir de la miseria, como ocurre en Venezuela, la nación de Maduro, en situación de grave y desesperada situación económica, pero todavía con fuerza para intentar exportar su cáncer social el resto de países del viejo continente, comenzando por España. Cuidado con ellos.