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La supresión de las autonomías

la reforma constitucional que el PP debió de haber hecho y no hizo
Miguel Massanet
jueves, 25 de febrero de 2016, 00:23 h (CET)
Un estudio del profesor Jaume Garcia, catedrático de la universidad Pompeu y Fabra, demuestra que la diferencia entre el coste de vida entre las distintas autonomías españolas llega a establecer contrastes de hasta el 43%. Otro estudio, encargado por la Generalitat de Cataluña: “se basa en la “relación positiva” que existe entre el nivel de precios y el PIB per cápita y en una estimación del gasto de los hogares a partir de los datos del INE”, de él se puede deducir que, en España, sobre una media de 100 hay tres grupos de autonomías según su coste de vida: las que están por encima de la media (Cataluña, 108,5%; Madrid, 114,5%; País Vasco, 107,7% y Navarra, 110,6%); los que están por debajo de la media ( entre el 99,8% de Baleares y el 90,4% de la Rioja) y, un tercer grupo, que está situado muy por debajo de la media nacional ( entre el 87,9% de Asturias y el 80,3 de Extremadura, el farolillo rojo de las autonomías españolas)

El modelo autonómico en España, según un estudio, llevado a cabo por la formación UPyD, ha degenerado en una administración tremendamente costosa para el ciudadano y que incurre en numerosas duplicidades que no solo incrementan su coste, sino que tampoco demuestran realmente su eficiencia. También se habla de que una administración más eficiente y una mej0ora en sus prácticas de gestión podrían suponer un ahorro anual de más de 24.000 millones de euros, una cantidad lo suficientemente importante como para ser objeto de un estudio más detenido y más si, como ocurre en la actualidad, una ahorro de semejante magnitud podría contribuir a aliviar la deuda pública ( como es sabido, desde Bruselas, ya nos han advertido de la excesiva cuantía de esta partida y de la urgente necesidad de que se vaya reduciendo, señalando la cantidad de 25.000 millones de euros como un buen punto de partida para iniciar la regulación de tan costosa carga para el Estado)

Si ponemos por ejemplo lo que cuesta a los ciudadano el mantenimiento de los 135 parlamentarios de los que consta el Parlament catalán (para una población de unos 7 millones de habitantes) veremos que, en el 2009, tenía un presupuesto de 68,3 millones de euros mientras que, el Congreso de Diputados, con 350 escaños y una población de 46 millones de personas, tenía un presupuesto de 98 millones de euros. Otro punto importante a considerar es el hecho curioso de que, con la división de funciones entre el Estado y las 17 autonomías y dos ciudades autónomas, se conseguiría un importante ahorro de funcionarios, la realidad ha demostrado todo lo contrario si se tiene en consideración que (datos del 2010) desde el 2009 el número de empleados públicos sufrió un aumento (gobernaban los socialistas) de 500.000 personas. En dos décadas, en Cataluña el número de funcionarios creció en 60.000 personas. En la actualidad España está gastando en empleados públicos la friolera de 120.000 millones de euros al año, unas cantidades que es evidente que no tienen justificación alguna cuando, debido a la cuestión autonómica, hay muchas tareas duplicadas y, por otro lado, cada autonomía actúa por su cuenta y sin medida alguna.

Así y todo, en el presupuesto de gastos de de las CC.AA del 2015 hay previstos 1.450.millones de euros y los gastos previstos en cuanto a las 2500 entidades locales, asciende a la cifra de 3.721 millones de euros. Un cuadro verdaderamente preocupante por lo que significa de carga para los PGE y que, sin duda, si se consiguiera que España volviera al sistema centralizado anterior a la Constitución de 1978, representaría un importante alivio para las arcas estatales. Pero, aún siendo importante el aspecto económico de sostener dos administraciones, que en muchos casos actúan en forma paralelas, lo verdaderamente preocupante, lo que tira por la borda las buenas intenciones de los padres de la Constitución española, cuando decidieron implantar el sistema autonómico en España es que, aquello que tuvo por finalidad el satisfacer a aquellas regiones en las que ya existían, desde antes de la Guerra Civil, ciertas reclamaciones de mayor autonomía, los que convirtieron las lenguas vernáculas en motivos reivindicativos y aquellos que se inventaron agravios y derechos presuntamente ancestrales, sobre imaginarios reinos que nunca existieron, quedaran apaciguados, renunciaran a mayores prerrogativas y se olvidaran de cualquier idea separatista, algo que quedó confirmado cuando, en el caso catalán, aquella Constitución fue acogida con alborozo y votada masivamente por el pueblo catalán.

El tiempo y las nuevas circunstancias, agravada por una crisis de 7 años, han reverdecido, con la ayuda de un gobierno que no ha sabido tomar el problema catalán por los cuernos y actuar con la energía precisa, cuando lo que de verdad se estaba ventilando era nada más y nada menos que la unidad de la nación española; las ansias nacionalistas del pueblo catalán, al menos de una parte de él. Lo peor ha sido que, a medida que los políticos catalanes iban presionando con mayor fuera al gobierno de Madrid, éste en lugar de dar una respuesta contundente se ha limitado a contemporizar, ceder en parte, continuar subvencionando el déficit catalán, aún a sabiendas de que, una parte de las ayudas, con cargo al FLA, eran destinadas a partidas que nada tenían que ver con el fin para el que se concedían. En la mayoría de los casos eran desviadas para ir formando una serie de comisiones, de grupos de asesores y de puesta en funcionamiento organismos, especialmente dedicados a preparar una futura constitución catalana y a crear las instituciones que, en su día, deberían sustituir a las estatales establecidas en esta autonomía.

Tuvieron su ocasión de oro y la desaprovecharon. Pocas veces una nación ha entregado a un partido político la serie de ventajas que los votantes decidieron darle al PP en noviembre del 2011, cuando las urnas le premiaron con dos mayorías absolutas, tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado. La mejor ocasión para emprender la reforma que precisaba España para sacarse de encima esta servidumbre, en la que se ha convertido el sistema autonómico que, aparte de no servir para apaciguar a los nacionalistas catalanes o vascos, sólo ha conseguido agravar la cuestión cuando los gallegos y los de mi tierra, las Baleares, tomando ejemplo de catalanes y vascos, se añadieran a los que pretenden su propia independencia.

España votó, pese a las interpretaciones interesadas de los distintos partidos que, en la actualidad, forman el panorama político español; algo que no tiene ni pies ni cabeza. La sabiduría del pueblo se ha demostrado que, en esta ocasión, sólo ha servido para que nadie se entienda, para que las luchas por el poder hayan hecho olvidar las verdaderas necesidades de la nación y para que, grupos de intrusos financiados desde naciones extranjeras, hoy en día, tengan posibilidades de llegar a convertir a España en uno más de estos países en los que, bajo la excusa de conseguir mejoras para los pobres, se acaba con la triste realidad de que, los únicos que salen beneficiados, son los que consiguen hacerse con el poder aunque, para ello, sea preciso que el pueblo acabe pagando sus errores, al dejarse llevar por los cantos de sirena de los agitadores que les han prometido lo que, ellos mismo sabían, que no estaba en su mano poder conseguir.

O así es como señores, de nuevo hemos caído en la misma trampa en la que suelen acabar aquellos que, con todas las pegas inherentes a una situación de crisis, con los problemas de estar en una situación difícil y con los agobios producidos por la falta de trabajo o la imposibilidad de encontrar uno; ello no obstante, cuando ya empezaba a despejarse el horizonte, decidieron tirarlo todo por la borda en busca de una utopía, que no se resistía al mínimo y más simple análisis racional. Nos podríamos haber evitado muchos de los desengaños por los que hemos tenido que transitar, muchas de las penalidades que se han tenido que soportar si, cuando se pudo, cuando era el momento de actuar, un gobierno que no supo hacer uso de las prerrogativas que se le dieron, desaprovechara la ocasión para enmendar aquel fallo que, de buena fe, cometieron los autores de la Constitución: acabar con el sistema autonómico en España.
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