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Etiquetas:   Opiniones de un paisano   -   Sección:   Opinión

El viejo truco de denunciar al agraviado

Mario López
Mario López
lunes, 26 de enero de 2009, 06:36 h (CET)
La iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid de llevar al diario El País ante los tribunales de justicia, se corresponde a una estrategia muy común empleada por los guardias jurados del Metro de Madrid que en tiempos estaba muy extendida y hoy no lo sé. Para cubrirse las espaldas y neutralizar la denuncia que contra ellos puedan poner las víctimas de sus abusos, son ellos los primeros en denunciar en comisaría a sus víctimas. Yo lo sufrí en mis propias carnes, hace años, cuando me vi obligado a defender a unos chavales que estaban siendo agredidos salvajemente por dos guardias en la estación de metro de Plaza de Castilla.

Gané el juicio por incomparecencia de los matones, los que –según testimonio de su propio abogado- fueron despedidos de sus empleos. Cuando un periodista saca a la luz pública un asunto de corrupción política, tiene que aportar los datos suficientes que justifiquen dicha publicación. No se trata de que aporte pruebas de cargo suficientes para ganar un juicio, pues lo juicios no se ganan en la calle sino en los tribunales; demostrar culpabilidades es una labor que pertenece al ámbito exclusivo del proceso judicial, si lo hubiera. Un periodista puede, con toda la ley de su parte, destapar una trama corrupta contando tan sólo con los datos suficientes que demuestren que puede haber indicios para emprender una investigación, tanto en el ámbito político como en el judicial. La iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid el único objeto que persigue es judicializar el asunto, para no tener que afrontar responsabilidades políticas o, en el peor de los casos, hacerlo lo más tarde posible. De aquí a que se inicie el juicio, las pruebas y las voluntades pueden mudar, aparecer, desaparecer, y, a la postre, el caso puede quedar sobreseído y, una vez más, como cuando el famoso tamayazo, todo se queda en agua de borrajas. La única manera de evitar que esto ocurra es poner el asunto en manos de la fiscalía y de una comisión de investigación política. El escándalo es muy grave, existen claros indicios de la existencia de una trama de espionaje y todo ello, unido a la iniciativa marrullera que quiere emprender el Gobierno de Esperanza Aguirre, nos hace pensar que en la Comunidad de Madrid se están cometiendo muchas más irregularidades de las que ahora salen a la luz. En democracia, la labor de la prensa es señalar, la de la administración de justicia, juzgar, y la del poder político, colaborar al esclarecimiento de los hechos y ponerse a disposición de la ciudadanía que será, por medio de sus representantes, quien deba de decidir sobre las responsabilidades políticas de cada cual.

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