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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Antenas de telefonía móvil

Marc Paré (Tarragona)
Redacción
sábado, 24 de enero de 2009, 12:01 h (CET)
Para abrir una tienda deben realizarse una serie de trámites en diversos organismos (ayuntamiento, hacienda, seguridad social...), cumplir unas normativas y superar unas inspecciones. Es muy difícil ahorrarse alguna exigencia, ya que los que otorgan las licencias conocen a fondo todos los requisitos.

Hay que cumplirlo todo. Pero si se quiere instalar una antena (o estación base) de telefonía móvil, el asunto es mucho más simple. En zonas urbanas, la licencia depende del ayuntamiento, y en municipios medianos y pequeños, éstos desconocen por completo las reglamentaciones. No se exigen los requisitos contemplados en el decreto 148/2001 de la Generalitat. A las operadoras no se les exigirá "prevenir las emisiones utilizando la mejor técnica disponible", aunque esté escrito en la ley. Nadie comprobará las distancias de protección o los niveles de referencia. Y cuanto menos sepa la población, mejor. Una vez instaladas, cuesta mucho dinero y más tiempo conseguir su desmantelamiento. Ningún médico, investigador o científico duda de que las ondas electromagnéticas afectan al ser humano. El desacuerdo está en la magnitud de la intensidad de campo (o densidad de potencia) que produce un efecto perjudicial inadmisible. Y la frontera entre lo admisible y lo inadmisible depende de los intereses particulares. El Parlamento Europeo, en una Resolución de 4 de Septiembre de 2008, afirma que "los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos [...] y no abordan la cuestión de grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, recién nacidos y niños". Encima de que son obsoletos, no se exigen.

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