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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

La amenaza del no nacido

Juan García-Filoso
Redacción
jueves, 22 de enero de 2009, 08:04 h (CET)
Viene siendo natural, que de tiempo en tiempo, se suscite la polémica sobre la necesidad de modificar del artículo 57.1 de la constitución, el cual da preferencia dentro del mismo grado, al hombre sobre la mujer, en la sucesión al trono de España. Esta controversia no es baladí si tenemos en cuenta la posibilidad del nacimiento de un tercer hijo varón de los Príncipes de Asturias, que daría al traste con el derecho de primogenitura de su actual titular – Su Alteza Real la Infanta Doña Leonor- que pasaría a ser la segunda en el Ranking sucesorio.

El hecho de que esta discriminación se encuentre recogida en un precepto constitucional - el mencionado Art. 47 - norma suprema del ordenamiento jurídico español, y que ha sido regulada teniendo en cuenta cierta tradición histórica española que daba primacía al varón en la sucesión dinástica; justificaría, según algunos, la excepción al principio de igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo, formulado también en otro articulo, el 14, de nuestra carta magna.

Querer justificar esta desigualdad en una pretendida raigambre histórica es inadmisible, no solo por la perdida de su vigencia social sino porque la igualdad, además de erigirse como unos de los valores superiores del ordenamiento jurídico español, es un derecho fundamental vinculante para todos los poderes públicos. La Igualdad, como valor o como derecho, debe enseñorearse sobre la regulación a la sucesión del Trono plasmada en el artículo 57.1, que se opone con claridad meridiana a este principio fundamental. Su codificación en la constitución no puede soslayar que se trata realmente de la “inconstitucionalidad de un precepto constitucional”.

Hay quienes, además, ven un peligro en la reforma de la constitución con el objeto de regular la sucesión a la corona sin discriminación de géneros. Y esto por dos cuestiones básicas.

La primera por las connotaciones políticas que comporta la aplicación del artículo 168 de la constitución para “la reforma de un precepto constitucional”; que exige que ésta sea sometida a referemdun para su ratificación, y que podría servir para abrir el debate político y social sobre el anacronismo de mantener la Monarquía como forma de la Jefatura del Estado, además de ser un medio idóneo para que determinadas Comunidades Autónomas nacionalista, usen el referéndum, a modo de plebiscito encubierto, para expresar su rechazo al mantenimiento de su territorio dentro del marco político del estado español.

La segunda cuestión, más trivial, es más propia de cábalas jurídicas, y se refiere a una eventual “reivindicación del derecho de primogenitura de la Infanta Doña Elena para si o para sus herederos”, al convertirse en la primera en el orden regular a la sucesión. Esta conjeturada reclamación en perjuicio del Príncipe heredero difícilmente le seria reconocida; pues supondría despojar a su Alteza Real Don Felipe de Borbón, de un derecho individual que se hallaba constitucionalizado en el momento en el que tomo posesión de él: la dignidad de Príncipe de Asturias, aplicando retroactivamente una norma aprobada con posterioridad – el precepto constitucional reformado - cosa que prohíbe terminantemente el articulo 9.3 de la Constitución Española.

El Príncipe Felipe lo es de hecho y de derecho, y tiene “consolidado el empleo de Príncipe de Asturias” para si mismo y para su línea sucesoria, haciendo innecesaria una declaración institucional y jurídica de renuncia a la sucesión al trono por parte de las Infantas Doña Elena y Doña Cristina; como lo hiciese su Abuelo el Conde de Barcelona a favor de su hijo Don Juan Carlos, hoy día Don Juan Carlos Primero, Rey de España.

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