El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, ha instado a los militares involucrados en la masacre de seis jesuitas durante la guerra civil (1980-1992) a entregarse a las autoridades.

"Hay personas que se han ocultado. Mi recomendación es que se entreguen", ha afirmado Sánchez Cerén durante el programa Gobernando con la Gente, desarrollado este sábado en la ciudad de San Miguel.

Este sábado la Policía de El Salvador ha informado de la captura de cuatro militares de los 17 buscados a raíz de una petición de la Audiencia Nacional española tramitada por Interpol.

"Estamos comprometidos a cumplir normas internacionales", ha destacado el presidente salvadoreño, quien ha atribuido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la responsabilidad de decidir si extradita o no a los militares. "Necesitamos que haya verdad con todo lo que sucedió en el pasado, pero también necesitamos que haya perdón", ha apostillado.

PETICIÓN DE CAPTURA DEL JUEZ ESPAÑOL
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco envió a comienzos de enero una nueva petición a Interpol para la captura de los militares salvadoreños retirados, supuestamente involucrados en la masacre de los religiosos y dos colaboradoras en los momentos más álgidos de la guerra.

En el marco de una ofensiva guerrillera en la capital, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando militar de ultraderecha irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo de religiosos, entre ellos el rector de la institución, Ignacio Ellacuría. Cinco de los seis sacerdotes eran españoles. En el ataque también murieron una empleada doméstica y su hija.

El crimen es uno de los más emblemáticos del conflicto armado que enfrentó a la entonces guerrilla izquierdista y ahora partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el Ejército salvadoreño, con un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

La justicia española ya había solicitado en 2011 la detención de los militares con miras a la extradición, pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió que el requerimiento se refería únicamente a un aviso de localización, por lo que desechó la petición de captura y la extradición.