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Etiquetas:   Ley del divorcio  

L pez Aguilar asegura que la reforma de la Ley del Dirvorcio no favorece los matrimonios de conveniencia

Redacción
viernes, 22 de octubre de 2004, 11:03 h (CET)
El ministro de Justicia, Juan Fernndo L pez Aguilar, record hoy en el Senado, durante la sesi n de control al Gobierno, que un extranjero que se case con un espaol deber permanecer casado como mnimo un a o para poder optar a la nacionalidad espaola, porque el art culo que as lo regula en el C digo Civil no ser modificado por la reforma de la Ley del Divorcio.

Redacci n / EP
De esta forma, asegur que el proyecto del Gobierno, en fase de informe de rganos consultivos, no afecta en ninguna medida ni favorece la celebracin de matrimonios de conveniencia.

L pez Aguilar responda as a la pregunta del diputado del PP Jos Blas Fern ndez Snchez sobre las previsiones del Gobierno para evitar la celebraci n de estas uniones fraudulentas una vez vea la luz la reformad el divorcio. En este sentido, el titular de Justicia advirti de que esta modificaci n no tiene consecuencias sobre la adquisicin de la nacionalidad. "Un art culo del Cdigo Civil que la nueva norma no cambia establece que para que un extranjero adquiera la nacionalidad espa ola es preciso que demuestre un ao de convivencia sin separaci n de hecho ni de derecho asegur-. Quien quiera pensar que cas ndose y divorciandose en tres meses puede obtener la nacionalidad ignora el derecho y tambin la actuacin del Ministerio Fiscal".

En cualquier caso, admiti que el fraude de Ley y los matrimonios de conveniencia han existido siempre y manifest su confianza en la actuaci n de jueces, magistrados y fiscales para evitarlos. "La reforma del divorcio pretende eliminar, no slo un doble procedimiento, sino tambi n un doble sufrimiento procesal, econmico y moral, y el plazo para acceder a la disoluci n matrimonial no afecta en absoluto a la celebracin de matrimonios de conveniencia", enfatiz .

Por su parte, el senador del PP, que afirm no fiarse de las "buenas palabras" del ministro, denunci que hay una "realidad palmaria y una situacin de inmigraci n frecuentsima y alarmante de matrimonios r pidos que el Gobierno no puede dejar exclusivamente a la actuacin de jueces y fiscales".

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