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Los casos Noos y Madrid Arena ante la Ley de Murphy

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Eso de que la Ley es igual para todos no equivale a decir que “mañana será otro día” , u obviedades equivalentes, sino más bien a que el sol sale por Antequera; es decir, se trata de una afirmación tan falsa como un duro sevillano. Y los que, como yo, por razones de defender la libertad de expresión o cualesquiera otras, hayan tenido alguna vez que pisar un juzgado o habérselas con un tribunal, convendrán en que “el trato” que recibe el imputado suele depender, entre otras cosas, del bufete de abogados que lo represente; es decir, de la pasta que podamos o queramos gastarnos en algo tan elemental como defender nuestros derechos... incluso algunos tan elementales como el que tenemos a la propia imagen (Una anécdota personal: el firmante de este artículo, por ejemplo, soporta desde hace más de cuatro años un escrito injurioso “on line”, firmado por un conocido abogado aficionado a la egiptología, donde se le acusa sin prueba alguna de una serie de hechos ignominiosos. Y todo ello por la única razón de haber publicado un artículo en el que se denunciaban las deplorables condiciones de seguridad que padecían los trabajadores empleados en la excavación de una tumba tebana que él dirige. La denuncia que interpuse fue archivada por la juez... vaya usted a saber por qué; pero ahí sigue el escrito calumnioso)

Esta semana ha coincidido en el tiempo el inicio de dos procesos: El llamado “Caso Noos”, en el que, entre otros imputados figura una Infanta de España y su marido, y el tristemente célebre “Caso Madrid Arena”, en el que se juzga un presunto homicidio involuntario por el que perdieron la vida cinco chicas. Los detalles de uno y otro son de sobra conocidos porque han sido “mediáticos”; algo que resultaba inevitable en ambos casos, ya que se dan circunstancias muy especiales: en el primero por afectar de lleno a la Familia Real (o a la del Rey, que en este caso tanto da) en un turbio asunto de fraude a la Hacienda Pública con visos de prevaricación. En el segundo por sentarse en el banquillo unos ciudadanos acusados de haber actuado negligentemente en un acto público masivo (un concierto) que se celebró en un local regentado por el Ayuntamiento de Madrid.

Aparentemente ambos casos son muy diferentes. Lo son, de hecho; aunque no hace falta pensar mucho para encontrar un nexo entre ellos: la codicia; ese venenillo que hace que no nos conformemos con lo que tenemos, aunque seamos objetivamente ricos, como es el caso de todos estos prebostes y prebostillos que hoy, por fin, se las ven con la Justicia.

Hay, sin embargo, dos “peros”.

Para empezar, el hecho de que por cinco muertes, el principal inculpado, Miguel Ángel Flores -un individuo que antepuso sus Ferraris, sus casas de lujo, sus joyas y sus francachelas a la seguridad que debía a sus clientes en un acto multitudinario en el que se triplicó el aforo permitido- sólo, como máximo, vaya a cumplir una pena de cuatro años de cárcel –el tope previsto por un homicidio involuntario- es simplemente bochornoso. No es de extrañar que los familiares y allegados a las víctimas estén consternados: la vida del ciudadano normal (el que no está aforado ni se desplaza en limusina) no vale un ochavo. Matar con alevosía o por imprudencia sale muy barato en nuestro país. Qué pena y qué vergüenza. Pero es lo que dice la Ley... una Ley que nada tiene que ver con la verdadera Justicia.

La segunda constancia de que no hay nada más falso que aquello de “tomos somos iguales ante la Ley” sería que Da. Cristina de Borbón, a la sazón Infanta de España, hija y hermana de reyes, levantara definitivamente sus principescas posaderas de las incómodas sillas de metal y acetato de los Juzgados de Palma de Mallorca, amparada por la cuestionable petición de un fiscal, de nombre Horrach, que parece actuar más como abogado defensor de Su Alteza que como Ministerio Público. A la hora de enviar esta columna a la redacción del periódico, todavía no se conoce cuál será la decisión del juez. De ser favorable a la exoneración, sin más, de la Infanta, sólo por el hecho de “ser vos quien sois”, el número de republicanos (entre los que no me encuentro) va a aumentar de manera asombrosa... para deleite de Pablo Iglesias y de los que le siguen a ciegas...como las ratas en el cuento del flautista de Hamelin.

El enunciado general de la “ley de Murphy” afirma que si algo puede salir mal, saldrá mal.

A veces, a la vista de cómo van desarrollándose los últimos meses de la vida española, se puede caer en la tentación de pensar que es una de las pocas que de verdad funcionan.

Los casos Noos y Madrid Arena ante la Ley de Murphy

Luis del Palacio
viernes, 15 de enero de 2016, 00:01 h (CET)
Eso de que la Ley es igual para todos no equivale a decir que “mañana será otro día” , u obviedades equivalentes, sino más bien a que el sol sale por Antequera; es decir, se trata de una afirmación tan falsa como un duro sevillano. Y los que, como yo, por razones de defender la libertad de expresión o cualesquiera otras, hayan tenido alguna vez que pisar un juzgado o habérselas con un tribunal, convendrán en que “el trato” que recibe el imputado suele depender, entre otras cosas, del bufete de abogados que lo represente; es decir, de la pasta que podamos o queramos gastarnos en algo tan elemental como defender nuestros derechos... incluso algunos tan elementales como el que tenemos a la propia imagen (Una anécdota personal: el firmante de este artículo, por ejemplo, soporta desde hace más de cuatro años un escrito injurioso “on line”, firmado por un conocido abogado aficionado a la egiptología, donde se le acusa sin prueba alguna de una serie de hechos ignominiosos. Y todo ello por la única razón de haber publicado un artículo en el que se denunciaban las deplorables condiciones de seguridad que padecían los trabajadores empleados en la excavación de una tumba tebana que él dirige. La denuncia que interpuse fue archivada por la juez... vaya usted a saber por qué; pero ahí sigue el escrito calumnioso)

Esta semana ha coincidido en el tiempo el inicio de dos procesos: El llamado “Caso Noos”, en el que, entre otros imputados figura una Infanta de España y su marido, y el tristemente célebre “Caso Madrid Arena”, en el que se juzga un presunto homicidio involuntario por el que perdieron la vida cinco chicas. Los detalles de uno y otro son de sobra conocidos porque han sido “mediáticos”; algo que resultaba inevitable en ambos casos, ya que se dan circunstancias muy especiales: en el primero por afectar de lleno a la Familia Real (o a la del Rey, que en este caso tanto da) en un turbio asunto de fraude a la Hacienda Pública con visos de prevaricación. En el segundo por sentarse en el banquillo unos ciudadanos acusados de haber actuado negligentemente en un acto público masivo (un concierto) que se celebró en un local regentado por el Ayuntamiento de Madrid.

Aparentemente ambos casos son muy diferentes. Lo son, de hecho; aunque no hace falta pensar mucho para encontrar un nexo entre ellos: la codicia; ese venenillo que hace que no nos conformemos con lo que tenemos, aunque seamos objetivamente ricos, como es el caso de todos estos prebostes y prebostillos que hoy, por fin, se las ven con la Justicia.

Hay, sin embargo, dos “peros”.

Para empezar, el hecho de que por cinco muertes, el principal inculpado, Miguel Ángel Flores -un individuo que antepuso sus Ferraris, sus casas de lujo, sus joyas y sus francachelas a la seguridad que debía a sus clientes en un acto multitudinario en el que se triplicó el aforo permitido- sólo, como máximo, vaya a cumplir una pena de cuatro años de cárcel –el tope previsto por un homicidio involuntario- es simplemente bochornoso. No es de extrañar que los familiares y allegados a las víctimas estén consternados: la vida del ciudadano normal (el que no está aforado ni se desplaza en limusina) no vale un ochavo. Matar con alevosía o por imprudencia sale muy barato en nuestro país. Qué pena y qué vergüenza. Pero es lo que dice la Ley... una Ley que nada tiene que ver con la verdadera Justicia.

La segunda constancia de que no hay nada más falso que aquello de “tomos somos iguales ante la Ley” sería que Da. Cristina de Borbón, a la sazón Infanta de España, hija y hermana de reyes, levantara definitivamente sus principescas posaderas de las incómodas sillas de metal y acetato de los Juzgados de Palma de Mallorca, amparada por la cuestionable petición de un fiscal, de nombre Horrach, que parece actuar más como abogado defensor de Su Alteza que como Ministerio Público. A la hora de enviar esta columna a la redacción del periódico, todavía no se conoce cuál será la decisión del juez. De ser favorable a la exoneración, sin más, de la Infanta, sólo por el hecho de “ser vos quien sois”, el número de republicanos (entre los que no me encuentro) va a aumentar de manera asombrosa... para deleite de Pablo Iglesias y de los que le siguen a ciegas...como las ratas en el cuento del flautista de Hamelin.

El enunciado general de la “ley de Murphy” afirma que si algo puede salir mal, saldrá mal.

A veces, a la vista de cómo van desarrollándose los últimos meses de la vida española, se puede caer en la tentación de pensar que es una de las pocas que de verdad funcionan.

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