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Etiquetas:   Perspectiva de Levante   -   Sección:   Opinión

Treinta años de la Constitución Española

Domingo Delgado
Domingo Delgado
martes, 9 de diciembre de 2008, 11:11 h (CET)
Rememoramos un particular cumpleaños, el de nuestra “Carta Magna”, por el que podemos felicitarnos colectivamente como sociedad organizada durante un largo periodo de tiempo –inusual en la historia constitucional de nuestro país-, que se gestó y arraigó bajo la práctica del consenso, en unos años difíciles de transición política de un régimen autoritario a otro democrático.

Justo es reconocer a nuestros constituyentes del año 1978 una especial generosidad en sus planteamientos políticos concretos, que hicieron posible la difícil transición política, pues si la derecha democrática trabajó en la apertura del régimen franquista, la izquierda –igualmente democrática- aparcó el pleno de sus reivindicaciones para posibilitar un acercamiento de posiciones bajo el umbral del nuevo régimen constitucional. De forma, que todos hicieron de la necesidad virtud, y ello hizo factible la nueva configuración política de España.

Pero como en toda obra humana, la perfección está ausente, pues el texto constitucional contiene apuestas políticas, que en algunos casos han generado más problemas que los que trataba de solucionar, como puede ser el caso del Título VIII de la configuración territorial del Estado Autonómico, que dicho sea de paso, se redactó así para dar respuesta al nacionalismo catalán y vasco, pero finalmente con la política del “café para todos”, diseñó un mapa autonómico artificial, que ha generado un laberinto político y administrativo al país, sobre el pretexto del “hecho diferencial”, en muchos casos harto discutible. Pero que ha dado lugar a la multiplicación de las Instituciones Políticas Autonómicas, con la generación de una nueva clase de políticos regionales y el correspondiente aparato burocrático, multiplicando el gasto público, desbordando el crecimiento del sector público de forma exponencial, y dando lugar a una dispersión de centros de poder de difícil armonización, así como a una profusión legislativa que genera desigualdad de trato en los ciudadanos de diferentes territorios, y además roza la discriminación e inseguridad jurídica general.

Igualmente con el discurrir del tiempo, el régimen de separación de poderes, proclamado por el constitucionalismo liberal clásico desde Montesquieu, se ha ido diluyendo, tornando en un gobierno fuerte –en casos de mayorías absolutas parlamentarias-, con el peligro del “rodillo” en su acción de gobierno (quedando las Cámaras legislativas, como meras “cajas de resonancia”); o por el contrario, ante mayorías parlamentarias relativas, nos encontramos con gobiernos de compromiso, débiles por las hipotecas políticas con las que han de atender a sus socios de gobierno. Extremo este particularmente delicado en nuestro país por la existencia de los “nacionalismos disolventes”, cuyo proyecto político no prima precisamente el objetivo de una política de Estado, sino sus particularismos e intereses regionales y nacionales. De donde se deduce la progresiva debilidad que el “proyecto de Nación Española” está padeciendo a manos de quienes tendrían que fortalecerla.

Ni que decir tiene que el Poder Judicial, que comenzó con un peculiar régimen corporativo del Gobierno de los jueces, en el Consejo del Poder Judicial, en las legislaturas del PSOE fue cambiado por un sistema de elección política, del máximo Órgano de gobierno de los jueces. De forma que también se hace depender del Gobierno de la Nación.

Los actores políticos principales, partidos y sindicatos, se han ido conformando como estructuras cerradas de poder en manos de unas elites que los dirigen sin apenas control democrático por sus bases –pese a que se proclame como exigencia constitucional-. Conocido resulta que quien alcanza el poder “domina el aparato”, y “el que se mueve no aparece en la foto”, en palabras de Alfonso Guerra, quién también proclamó “la muerte de Montesquieu”. De hecho, el férreo control de los grupos parlamentarios sobre sus diputados y senadores, en virtud de los reglamentos de las Cámaras, hace imposible que se escape detalle a la voluntad de la elite dominante. Déficit democrático ya denunciado por Max Weber. Y que genera una apatía en la ciudadanía, que ve con ajenidad lo que ocurre en la vida política, pues su participación democrática se limita a emitir un voto cada cuatro años.

Schumpeter describió ese tipo de democracia como de mero método o procedimiento político, ya que “el pueblo es únicamente el productor de gobiernos”, pero ni plantea, ni decide las cuestiones que determinan su destino.

De donde se deduce que si realmente se cree en la democracia, se deberían abordar las necesarias reformas legislativas que posibilitaran realmente una auténtica división de poderes, con controles de “frenos y contrapesos” políticos, y sobre todo una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, y una mayor libertad de acción en los diversos actores políticos, disminuyendo el control de los aparatos y de las elites políticas, en beneficio de una mayor representatividad

También merecería un cambio la vigente ley electoral, que en razón de primar la proporcionalidad frente a la mayoría, y por ende, dar entrada a las minorías en la acción política, sin embargo, parece que no se ha ajustado bien las diferentes proporciones, pues no resulta ni lógico, ni justo que formaciones políticas como IU, con más votos que partidos de ámbito regional, tengan en proporción menos diputados, de igual forma que UPyD que tiene una diputada con un logro de votos muy similar al del PNV, que tiene varios diputados y grupo parlamentario propio. Pues siendo así, no se cumple tampoco la máxima clásica del liberalismo democrático del idéntico valor del voto de todos los ciudadanos.

Igualmente habrá que eliminar de la Constitución la interna contradicción de declarar al mismo tiempo la igualdad de sexo, entre hombres y mujeres, y postergar a la mujer en el orden sucesorio de la Corona.

De igual manera, habría que abordar la nueva configuración constitucional del Senado como auténtica “Cámara de las Autonomías”, del que se tiene un buen ejemplo en el Bundesrat alemán.

Pero para abordar esta importante tarea de reforma constitucional, que actualice y mejore los contenidos legislativos más acordes con los tiempos y necesidades de regeneración y activación democrática de la vida pública española, conforme al pluralismo de la misma, resulta necesaria una mayoría cualificada, que ha de conseguirse con el concurso y acuerdo de las fuerzas políticas más representativas, entre las que tienen que coincidir el PP y el PSOE, que más allá de las circunstancias de la política concreta, habrían de convenir un “Pacto de Estado” que de paso a esta reforma legal, y sobre todo, que cierre definitivamente el mapa autonómico del Estado, impidiendo que presiones de fuerzas centrífugas lleven la agenda política del Gobierno de España, para lo cual se necesita esa grandeza de miras que tuvieron hace treinta años nuestros constituyentes.

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