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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

El TC ha conseguido desvirtuar la Constitución de 1978

Miguel Massanet
Miguel Massanet
martes, 9 de diciembre de 2008, 11:11 h (CET)
Cuando el señor presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapateros, se pone a hablar de lo futurible todos debemos ponernos en guardia. Dijo que la banda ETA tenía sus días contados y un atentado en Barajas confirmó que gozaba de buena salud; un final de año pronosticó las mil venturas para España y el pleno empleo para el 2008 y, hete aquí, que la realidad se ha encargado de fregarle por los hocicos a casi tres millones de parados y una recesión de caballo, que amenaza con acabar con aquella nación próspera, activa, ejemplar y reconocida como un ejemplo, que supo cumplir con todas y cada una de las condiciones de Masstricht para entrar en la Unión Europea. Es por eso que cuando habla, con la boca pequeña, de que la Constitución no precisa de reformas y que no es “imprescindible” ni tampoco una tarea “prioritaria” para el Gobierno el reformarla, no es porque esté convencido de ello, sino que no quiere enfrentarse a las peticiones que, la mayoría de los ciudadanos, están formulando para que se arbitren, en la Carta Magna, las limitaciones oportunas y se legislen los instrumentos que clarifiquen las funciones del Estado reforzando sus competencias, controlando los agujeros legales que han dado lugar a que, determinadas autonomías, se haya constituido, de hecho, en verdaderos problemas, en insaciables sangrías y en peligrosas cizañas, hierbas malignas y ponzoñosas, dispuestas a desgarrar la unidad patria y hacer jirones de lo que queda de la España de los Reyes Católicos.

Teme ZP, como la serpiente a la mangosta, que se proponga una nueva ley electoral que pudiera evitar que, minorías radicales, grupos incontrolados de desafectos a la Constitución y al Estado, nacionalistas imbuidos de utopías bolcheviques y progresistas encenagados de relativismo, puedan influir de manera decisiva, como está sucediendo en la actualidad, en la vida de los españoles; hasta el punto de que un pequeño funcionario, sin oficio ni beneficio, se haya podido aupar, trepando por los laberintos de la política, desde un puesto de contable del ayuntamiento de Cornellá a la presidencia de la Generalitat. Así, un señor Montilla, un pequeño tirano, un oportunista al frente de una ínsula Barataria, pero que, en virtud de los juegos de las urnas, tiene en vilo a media España; porque la otra media se la rifan los gallegos del BNGA y los compadres del separatismo vasco, los del PNV; ha sido capaz de poner en vilo a toda la nación. Y es que ZP está encantado con esta Constitución de 1978, porque sabe que la puede violar, marginar, puentear y orientar a su propia conveniencia, tantas veces como quiera porque, para ello, tiene el apoyo del Tribunal Constitucional, de la fiscalía general del Estado y de un conjunto de jueces que han preferido elegir la política, domesticar las leyes y frivolizar la Justicia para enterrar, en la profunda sima del olvido, a un pobre Montesquieu, que se desesperaría viendo en lo que han quedado sus famosos tres poderes garantes de la seguridad jurídica de una nación.

Así que, cuando uno observa como en un rotativo catalán –uno que pasó del franquismo al separatismo con la misma facilidad con la que, su propietario, se transmutó de miembro de la nobleza a proletario de conveniencia – ha publicado un extenso artículo alabando la colaboración del Tribunal Constitucional, calificándolo de “árbitro del modelo territorial y garante de derechos a la politización” ( será de la actuación de la justicia y de las leyes en contra de la constitución, digo yo), empieza a pensar que debe ser cierto que existe urgencia, verdadera necesidad e innegable prisa, en que se tapen las brechas por las que se han colado los independentistas para hacerse con un mamotreto jurídico como pudiera ser el Estatut catalán si, como no sería raro, logra sortear el obstáculo del TC. En realidad, creo que hubiera sido mejor que la interpretación de los artículos de la Constitución corriera a cargo del Tribunal Supremo, siempre que se cumpliera con la exigencia de la absoluta independencia de los tribunales frente al Ejecutivo y al Legislativo.

Porque, ya me dirán ustedes si defender, como hace el articulista, que el TC se cargara de un plumazo la LOAPA, que era precisamente la ley que ponía límites a la facultad legislativa de las autonomías, rebajar el techo de sus competencias y someter su jurisdicción a la del Estado; ha sido provechoso para España y los españoles. ¡Cuántos dolores de cabeza, cuántas barrabasadas y cuántos Estatutos nos hubiéramos evitado! Pero no se queda en chiquitas el defensor de las sentencias del TC, cuando juzga un gran acierto aquella sentencia que validó la expropiación de Rumasa por decreto ley; al parecer, para este periodista, el robo que le hicieron al señor Ruiz Mateos y a su familia, al que apoyaban sus propios trabajadores (hecho inédito en el mundo empresarial), fue un procedimiento adecuado y no una alcaldada del PSOE, un intento de prescindir de las leyes mercantiles y una patada al estómago de los procedimientos usuales para resolver los problemas reales o supuesto de una sociedad mercantil. Pero, donde más se ha lucido, donde ha dejado su impronta como progresista de pro, ha sido cuando

ha declarado, sin ambages, que la probación por el TC de los tres supuestos de ampliación del aborto ( supongo que el que más le ha “molado” ha sido el caso “terapéutico” el que se introdujo para que sirviera de coladero legal para toda madre que no quisiera hacerse cargo de las responsabilidades de sus actos). Supongo que el señor Soria estará encantado con las consecuencias que se han deriva de aquella absurda, criminal y descabellada interpretación de la Constitución que jueces adictos al PSOE no tuvieron inconveniente en validar. Seguramente estará satisfecho de que cientos de miles de inocentes criaturas vayan a parar a las basuras de las clínicas abortistas.

Y, por si faltara algo que nos acabara de predisponer en contra de las curiosas e inconstitucionales actuaciones de un tribunal pergeñado, específicamente, para que defendiera los contenidos institucionales; este TC, tan condescendiente con los separatismos, no tuvo mejor idea que declarar la constitucionalidad de la famosa “Llei de Nortmalitzasio Lingüística de Catalunya” o sea, la más grave, contradictoria y absurda medida en contra de la libertad de los padres a escoger la forma en la que deben ser educados sus hijos y el más eficaz procedimiento ( a la vista está) para convertir el castellano, en aquellas autonomías en las que, por aspiraciones independentistas, deseos secesionistas y sentimientos antiespañolistas; en un símbolo de la soberanía española al que era preciso erradicar, para obligar a la población residente a una inmersión en el idioma vernáculo, con un trascendental e irreparable perjuicio para los jóvenes que, por sus deficientes conocimientos del castellano, se verán obligados a reducir sus aspiraciones laborales al pequeño territorio de la autonomía. ¿Les parece a ustedes que tenemos algo que celebrar? Me temo que hoy debiéramos estar tristes, lamentarnos por aquella Constitución de 1978, que nos dimos para garantizar nuestras libertades, y que ha sido manipulada por ZP y el PSOE para adecuarla de hecho a sus espurios fines federalistas y partidistas. Ya decía el satírico Quevedo aquello de: “Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez”, no digamos lo que puede llegar a ocurrir, si los malos juzgadores son legión.

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