Más de 2,7 millones de niños en Estados Unidos tienen a uno de sus progenitores en la cárcel, según The Investigative Fund, de The Nation. Más de la mitad de los adultos en prisión tienen hijos a su cargo. De ellos, 120.000 son madres. El deterioro en el régimen de visitas que denuncian periodistas como Silvia Harvey supone sólo uno de los varios obstáculos para el desarrollo de los menores y el cumplimiento de derechos fundamentales relacionados con su cuidado y su desarrollo.

La ausencia de uno de los progenitores por encarcelamiento pone toda la presión sobre el que queda en libertad para el cuidado de los hijos. La cárcel cercena una de las fuentes de ingreso para la familia y deja toda la carga de los gastos en una sola persona. Esto se traduce muchas veces en una ausencia prolongada por largas jornadas de trabajo. Si no existe una amplia red familiar y de apoyo, los menores crecen más expuestos a la calle, a entornos de violencia por falta de referentes y por una pobreza estructural que atenaza a muchas de las familias con alguien en la cárcel. Los sistemas penales suelen castigar a los sectores que padecen más la exclusión social, como ocurre con los negros y los latinoamericanos en Estados Unidos.

La cárcel puede convertirse en un catalizador más para una falta de oportunidades por abandono escolar, por alejamiento de actividades deportivas, por el consumo de estupefacientes, por embarazos tempranos no deseados y por la entrada de menores en pandillas y en grupos dedicados a la delincuencia. Esto expone a muchos menores a experiencias carcelarias tempranas, lo que puede marcarlos para el resto de sus vidas. Tampoco se pueden obviar las consecuencias emocionales de tener al padre o a la madre en una cárcel. Experiencias traumáticas por cuchicheos en el colegio, por peleas, por violencia en la familia y otras circunstancias pueden desembocar en depresiones, en conductas tóxicas y en dificultades en el aprendizaje. Incluso se pueden dar casos de estrés post traumático que, cuando no se trata, acaba en trauma incapacitante.

Aunque la mayor parte de la población penitenciaria se compone de hombres, en algunos países ha aumentado a ritmos preocupantes la población penitenciaria femenina. En varios países, el fenómeno de las “mulas”, como se conoce a mujeres que transportan droga en su cuerpo, ha disparado esas cifras. Los hijos de esas mujeres se quedan a cargo del padre o a veces huérfano en entornos con alta mortalidad a causa de la violencia armada.

Organizaciones de la sociedad civil organizada de varios países coinciden en algunas denuncias de sus sistemas penitenciarios particulares, entre las cuales destacan la alta proporción de presos preventivos, que se refiere a personas encarceladas sin la condena firme de un juez. Esto abre la posibilidad a que personas pasen uno o dos años en prisión sin que luego se les condene. En España, como en muchos otros países, porcentajes de presos mucho más elevados de los recomendados por la ONU y por otros expertos, se enfrentan a esta situación por delitos menores relacionados con las drogas. Esto invita a plantear condenas alternativas a la cárcel, lo que redundaría en una disminución en el número de menores desatendidos por alguno de sus progenitores encarcelado.

Existen redes como Otro derecho penal es posible, en España, que engloba a varias organizaciones con actividades de voluntariado en prisión y de sensibilización sobre temas penitenciarios. Esta sociedad civil organizada plantea trabajo comunitario y condenas que se cumplan fuera de la cárcel para no potenciar procesos de exclusión alimentados por una vida entre cuatro paredes: experiencias traumáticas, falta de trabajo, exclusión, estigmatización, aislamiento, pérdida de redes familiares y sociales, problemas de salud y de otro tipo. Para delitos menores que no atentan contra la vida se pueden plantear conmutaciones de condena por trabajo comunitario, cumplimiento de condena fuera de prisión con diversos métodos de monitoreo o de vigilancia.

La búsqueda de condenas más ajustadas a derecho y a la naturaleza del delito puede evitar que miles de niños crezcan sin alguno de sus progenitores. Esto puede servir de red para evitar una caída permanente de las futuras generaciones.