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Etiquetas:   Algo más que palabras   -   Sección:   Opinión

Tres décadas de Estado social y democrático de derecho

Víctor Corcoba
Víctor Corcoba
martes, 2 de diciembre de 2008, 09:26 h (CET)
Llevamos tres décadas de Estado social y democrático de Derecho. Tiempo suficiente para una reflexión profunda. Siempre una deliberación calmada y tranquila desenreda los nudos y adereza lo que se desvía. Por eso, a mi juicio, sería bueno revisar el grado de cumplimiento de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la división de poderes y la soberanía popular, para extraer conclusiones y, bajo estas premisas, que la ciudadanía pudiese recapacitar. Nada es inamovible, todo cambia, y el cambio de las normas, aunque sea la ley de leyes, no sólo es necesario, también es aconsejable. Nada es lo mismo que hace treinta años. ¿Por qué se ha de temer a las reformas? Toda la vida es un ir y venir de vueltas y revueltas. ¿Por qué hemos de cerrar los ojos? Si acaso, hemos de abrirlos. Téngase en cuenta que las masas humanas más peligrosas –como alguna vez dijo Octavio Paz- son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo..., del miedo al cambio. Es cierto que, con la Constitución, los españoles hemos logrado pasar una transición pacífica y convivir luego con garantías jurídicas y sociales. Esto es un mérito de todos. Como también ha de ser un valor, seguir avanzando en democracia. Lo que exige no quedarse anquilosado en el tiempo, por mucho fruto de consenso que haya sido la Carta Magna. Habrá que volver a refrendar aquel asentimiento, pero con las ideas de hoy, modificando lo que sea preciso y necesario; puesto que, la misma Constitución, establece las pautas a seguir.

Que, a lo largo de estas tres décadas de Estado social y democrático de Derecho, la Norma Fundamental ha garantizado la convivencia y desarrollado instituciones para que así fuese, protegiendo el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, hoy nadie lo pone en duda. Las alternancias políticas, de muy distinto signo ideológico, se producen sin ningún tipo de complejos. Los derechos individuales y las libertades civiles y su garantía jurisdiccional efectiva, no sólo se encuentran amparadas, sino que también son fundamento y actitud de vida. La unidad de la Nación por una parte, y el derecho a la Autonomía por otra, representa uno de los avances históricos más importantes de la historia de España, donde se aviva la solidaridad como regla de juego democrático. La reconciliación también es fruto del pacto de la Constitución de 1978, como nos lo han recordado en la declaración de Gredos, con motivo del pasado veinticinco aniversario del refrendo popular a la Constitución española, los autores de la Carta Magna: Gabriel Cisneros Laborda, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero de Miñon, Gregorio Peces Barba, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Roca i Junyent, Jordi y Sole Tura. Subrayaron todos, en aquel encuentro, algo que ahora parece ponerse en entredicho: “El afán de cancelar las tragedias históricas de nuestro dramático pasado, la voluntad de concordia, el propósito de transacción entre las posiciones encontradas y la búsqueda de espacios de encuentro señoreados por la tolerancia que constituyen la conciencia moral profunda de nuestro texto constitucional”. La realidad, sin embargo, es la que es, y con este espíritu conciliador por entonces, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la norma suprema.

Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Después de tres décadas de Estado social y democrático de Derecho, se ha visto que nuestra conciliación ha sido posible. La voluntad constitucionalista de establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos integran la Nación española se cumple con creces. Hoy podemos decir que la enseñanza de los principios y valores de la sociedad democrática avanzada, a los que la Constitución sirve y ampara, se ha enraizado en todos los españoles. De ahí, que las reformas del texto constitucional que en el futuro se hagan, y que deben hacerse insisto de inmediato, (más vale que la Constitución se cumpla por todos que se ignore la aplicación de alguno de sus articulados, mal ejemplo éste), aconseje acomodarse a las reglas del juego primigenio que la propia Constitución marca y remarca. La cuestión de las modificaciones, pues, hay que abordarla sin temor alguno, con idéntico o mayor consenso al que presidió su elaboración, lo exige el guión, a sabiendas que treinta años es una eternidad para este mundo cambiante.

Las próximas tres décadas de Estado social y democrático de Derecho serán, deben serlo, de fortalecimiento en la medida que la Norma Fundamental cimiente el orden económico y social justo. A las nuevas generaciones hay que redimirlos de historias pasadas, que lo único que hacen es avivar el odio y el rencor, ayudándoles a fortalecer la voluntad de entendimiento, para asegurar a todos una digna calidad de vida. En los últimos tiempos la pobreza en España se ha disparado, y los principios rectores de la política social y económica que propugna la Constitución, parece que se han aletargado. La protección a la familia y a la infancia, la redistribución de la renta, el pleno empleo, la protección a la salud, los emigrantes, el trabajo decente con garantías de seguridad e higiene en el trabajo y la limitación de la jornada laboral, el medio ambiente y la calidad de vida…, no pasan del espíritu de la ley de leyes. Lo que no es de autoridad moral, que se de impunidad a los que incumplen la Constitución u otras leyes, aparte de fagocitar la seguridad jurídica, dañan gravemente el Estado social y democrático de Derecho. Por eso, hay que adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. Y si hay que reformar la norma, hágase; pero cúmplase lo vigente. De lo contrario, se pierde la autoridad moral de los gobernantes a todos los niveles. Que es lo que está pasando a veces.

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