“El local era ilegal, no podía estar abierto, entraban menores de edad, a saber quiénes estaban en la puerta. Quiénes eran esos tipos para matar a mi hermano”. Quien así se expresa, en entrevista concedida al semanario “Época”, es Antonio Ussía, hermano de Álvaro, el joven asesinado tras serle literalmente partido el corazón por la mitad a la salida de un local propiedad del Ayuntamiento que preside Ruiz Gallardón y que ha devuelto a la memoria de los madrileños el recuerdo de la jamás aclarada “Operación Guateque”. Alberto Ruiz Gallardón, por cierto, no tuvo, a diferencia de Esperanza Aguirre, ni el gesto de acudir a la velada-concentración en memoria del joven convocada el pasado viernes a las puertas de “El Balcón de Rosales” por sus compañeros de colegio. Estaba muy ocupado viajando a costa del erario a Estambul.

Sorprenden en este caso varias cuestiones que deberían ser respondidas de inmediato, si al frente del Consistorio madrileño hubiera un político sabedor de que su función primordial es la de servir al ciudadano y no servirse de él:

1) ¿Cómo es posible que “El Balcón de Rosales” (concesión municipal) tuviera más de 10 inspecciones, 47 denuncias, 7 solicitudes de clausura por parte de la policía municipal y siguiera funcionando como si nada hasta que, una vez acaecido el crimen y hecho público que el local es de titularidad municipal, se procedió a su clausura en menos de 24 horas?

2)¿Cómo es posible que después un montón de denuncias y, por lo tanto, supuestamente expedientes administrativos abiertos, de repente el ayuntamiento se pueda lanzar a clausurar emblemáticas discotecas –van cuatro en dos días; una de ellas la mítica sala “La Riviera”; 50 años funcionando- en cuestión de horas? ¿Acaso se prevaricó anteriormente cuando no se procedió al cierre pese a las irregularidades o la falta de licencia? ¿O se ha prevaricado ahora dictando órdenes de clausura apresuradas? ¿Son “cierres políticos” que tratan de evitar que alguien tenga que dar explicaciones comprometedoras?

3) ¿Quiénes son los concesionarios de “El Balcón de Rosales”? ¿No supervisa el ayuntamiento lo que sucede en sus concesiones municipales? ¿Quién era el encargado de verificar que la concesión cumplía con los requisitos contractuales por los cuales se concedió? ¿Se hizo? Y si no se hizo… ¿se depurarán responsabilidades políticas?

4) ¿Hay alguna relación entre los locales que permanecían abiertos ilegalmente y el escándalo de corrupción conocido como “Operación Guateque”, del cual el Ayuntamiento a día de hoy no se ha dignado a dar cuenta alguna a los ciudadanos madrileños y que, entre otras cosas, consistía en tener que presuntamente pagar a funcionarios por obtener licencias y hasta a policías municipales para poder ofrecer a los clientes el servicio de aparcacoches?

5) ¿Por qué se silenció la grave agresión sufrida por el hijo de un periodista de “El País” hace unas semanas en el mismo establecimiento?

Verán cómo todas estas cuestiones quedarán sin respuesta. Al fin y al cabo Ruiz Gallardón es el modelo de “supercentro” que para la derecha desea la izquierda.