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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

CAC, ¿la censura de los progresistas?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 15 de noviembre de 2008, 00:46 h (CET)
Si a alguien le quedara alguna sombra de duda sobre el maniqueísmo de este órgano de censura establecido en Catalunya (CAC), en el marco de las competencias de la Generalitat, al que, hipócritamente, se le considera “independiente” de las administraciones públicas ; puede ya descartarlas definitivamente. Lo verdaderamente vergonzoso es que desde Catalunya, amparándose en unas competencias emanadas de un Estatut, que está pendiente de que el TC decida sobre su constitucionalidad, se haya creado un órgano represor de las libertades inherentes a los medios de comunicación, especialmente, las de libre comunicación y expresión; organismo cuya misma existencia ha sido cuestionada tanto por el Gobierno Central como por el PP, que formularon sendos de recursos de inconstitucionalidad, cuestionando muchas de sus competencias y atribuciones, por considerarlas atentatorias a los preceptos constitucionales. Lo que ocurre es que, la Administración de la Justicia, en España, ha dejado de ser un órgano independiente y, desde que los socialistas se hicieron con el poder, ha quedado condicionada a las políticas del Ejecutivo que, tanto por medio del ministro de Justicia, como a través de las órdenes emanadas del propio fiscal General del Estado, señor Conde Pumpido, o de las escandalosas actuaciones de algunos jueces, que no han tenido reparos en utilizar las leyes para sus propios intereses; siempre han estado dirigidas, mediatizadas y subordinadas a los intereses partidistas del Gobierno.

La prueba de todo ello es la nula influencia y el exceso de corporativismos que se ha demostrado en las, escasas e inoperantes, actuaciones del CGPJ, cuya misión sería velar por el recto ejercicio de la judicatura y que, no obstante, parece que prefiere inhibirse y mirar hacia otro lado, cuando se producen actos vergonzosos que merecerían sanciones ejemplares sobre los jueces que los cometen, aplicando todo el peso de la Ley. Así, no debemos extrañarnos de que, un organismo tan politizado, tan escorado a la izquierda progresista y tan vendido a los trapicheos del Tripartit, actúe con plena impunidad en todo el ámbito catalán, dejando que se cometan los máximos desaguisados por parte de emisoras que vulneran claramente los preceptos constitucionales, con sus diatribas contra España y los españoles, sus ataques en contra del idioma y sus apologías descaradas de las aspiraciones secesionistas, tan en boga en ciertas capas de la población catalana. Por el contrario, se ensañan con aquellas otras, pocas, que todavía muestran su heroicidad declarándose españolas y defensoras de la integridad de la nación española.

Al parecer, para esos señores del CAC y su presidente, señor Joseph Mª Carbonell, a pesar de tener en contra a los periodistas europeos, a la FAPE ( Federación de Asociaciones de Prensa de España) y a una gran parte de los españoles, no se les caen los anillos cuando ven la ocasión de amordazar a quienes no comulgan con los principios que ellos han decidido que se impongan a los ciudadanos, como por ejemplo, la famosa enseñanza integral en catalán o la legalidad del Estatut, o la subordinación de todas las emisoras y TV’s catalanas a las servidumbres impuestas desde la Generalitat. Cualquier emisora que defienda el españolismo, la unidad de España, la necesidad de que se respete la enseñanza en castellano, los derechos constitucionales de los padres de elegir la educación religiosa y moral de sus hijos etc; para esos señores del CAC, es mucho peor que impedir que se blasfeme contra la iglesia en las televisiones locales; que se proyecten programas pornográficos a hora inoportunas o que se insulte y deslegitimen a determinadas personas, sólo por el hecho de opinar de forma distinta a la doctrina “oficial” que se intenta imponer.

Es por eso de que, aunque en ocasiones difiero de algunos de los planteamientos de la COPE, no por ello dejo de reconocer que, en dicha emisora, se dicen verdades como templos; se defienden principios morales y éticos que se corresponden con los que profesa un gran sector de la población española; se dan soporte a causas que parece que ponen nerviosos a los partidos políticos, como es el caso de la defensa de la AVT y de las víctimas, muchas veces maltratadas y olvidadas, de la banda ETA; se defienden los derechos conculcados de los ciudadanos, emanados de la Constitución, a que sus hijos tengan la educación y formación que ellos desean y se reniega de que, desde el Gobierno central, se utilicen medios torticeros y desleales por los que se favorecen a las autonomías en las que gobiernan los de su partido y, en cambio, se posterga y penaliza a las otras aunque, objetivamente, tuvieran más derecho a ser ayudadas. Por ello, resulta incomprensible y deleznable que, unos pocos, vendidos a los poderes públicos, valiéndose de artimañas y conducidos desde las Administraciones de izquierdas, quieran eliminar las voces discordantes, las que les molestan y levantan ampollas con argumentos convincentes, con verdades irrefutables y con razonamientos axiomáticos en sus demagogias seudo-comunistas, en sus filosofías inconexas y en pretendidos agravios procedentes de una guerra civil, que no supieron ganar y cuya derrota han sido incapaces de digerir, a pesar de ya hayan transcurrido setenta años de su finalización.

¿Cómo es posible que un organismo, en teoría independiente, encargado de vigilar la idoneidad de las programaciones en radios y televisiones, resulte que, a la vez, es quien distribuye las frecuencias?, ¿en base a qué criterios lo hacen?, ¿premian a los buenos

(sus correligionarios) y sancionan a los malos( los que difieren de sus ideas)? Entes públicos, cuyos integrantes, en su mayoría, han sido elegidos por el Parlament, o sea, que deben su cargo al Tripartit. Deberían velar por la defensa de un pluralismo político y, vean ustedes, la forma de respetarlo ¡privando a las cadenas de otras ideologías: COPE, Vocento, ABC, de poder expansionarse!, aunque tengan más audiencia que muchas otras que, vean por donde, han sido favorecidas con más número de frecuencias porque pertenecen a grupos de tendencias nacionalistas o que aparentan tenerlas, para así llevarse la parte del león. ¡Esta es la función del CAC, arrimar el ascua a la izquierda y, de paso, eliminar obstáculos al Tripartit, para que siga en su acción de desmembrar a Catalunya de España! Pero aquí no pasa nada, ni los fiscales, ni el PP ni las más altas estancias de la Nación, parecen ser sensibles a estos incumplimientos de la Constitución. Un caco hurta un pollo y va a la cárcel y aquí, en Catalunya, se infringen, cada día, derechos fundamentales de los españoles y nadie parece darse cuenta de ello. Hubo alguien que pronosticó que, en España, después de la Guerra Civil nunca más volveríamos a las andadas, me temo que se equivocó y, si no, al tiempo.

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