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El tercer poder

Ángel Ruiz Cediel
Ángel Ruiz Cediel
@angelruizcediel
miércoles, 12 de noviembre de 2008, 06:52 h (CET)
De los tres poderes del Estado democrático, el Judicial tiene cojera. No termina de aclararse a sí mismo. Se blanden como argumentos de su despelote la carencia de medios, el propio sistema que es del año de la tana y aun que de independiente no tiene nada, sino que está politizado hasta la médula como un enfermo de cáncer de huesos, y, claro, el esqueleto no le sostiene. Puede ser que sea una o todas las causas expuestas las que le tienen en este estado de convalecencia permanente, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que no sólo no hay quien lo entienda, sino tampoco parece haber nadie que le meta mano para darle cierta coherencia.

No sé cómo se verá la cosa desde las tribunas del poder o aún desde la platea de las clases privilegiadas, donde todos se saben a salvo de ellos; pero desde donde se sufren sus desvaríos, desde el gallinero del pueblo, la actuación de la Justicia se ve a veces como insufrible drama y a veces como jocosa comedia, aunque siempre con tintes melodramáticos. De sobra se sabe en estas alturas que no es preciso ser culpable para ser condenado, ni inocente para salir absuelto y aun compensado por el ingenuo Inocencio de turno.

Ni entre los mismos órganos judiciales o jueces se ponen de acuerdo en lo más básico; y si a eso le añadimos lo de los jueces estrellas, pues eso, que no hay quien se entienda. Buena parte del corpus judicial actual, en alguna medida regentes del tercer poder por el puesto que ocupan, ya eran jueces en aquel tiempo en que este poder era una herramienta del Estado unipersonal que ahora un joven juez estrella parece perseguir. Da la impresión de que hay un conflicto de intereses. El hecho de que ese juez —tan dado a perseguir genocidas por las esquinas del mundo, y a liar la Dios es Cristo metiendo los dedos donde nadie antes se había atrevido— quiera ahora abrir de par en par los armarios de la memoria, ha puesto a no pocos nerviosos o muy nerviosos. Él dice que se desentierren a las víctimas de la Guerra Civil que no tuvieron acceso a otra justicia que a vil asesinato, y los otros jueces dicen que de eso nanay del peluquín, que sigan donde están porque la guerra concluyó, se promulgó algo parecido a la “Ley del Perdón” de otras dictaduras latinoamericanas, y que aquí no ha pasado nada. Es decir, que es bueno y santo y justo que se desentierren a los hombres de los hielos, a los faraones o a los australopithecus, pero de los asesinados de la Guerra Civil, mejor no meneallos. Cosa de locos..., de quienes sin duda no tuvieron familiares que corrieran esa trágica suerte. Después de todo, los españoles vivimos en una tierra en la que nuestros muertos no los escondemos en armarios (ésos son para la memoria y ciertas conductas sexuales), sino que paseamos sobre ellos como si tal cosa. Tal vez, incluso no avanzamos más porque sus huesudas manos nos sujetan los talones desde debajo de la tierra.

No es fácil de entender el porqué ningún fiscal o juez ha hecho nada en los setenta años transcurridos desde la Guerra Civil por esas decenas o centenas de miles de conciudadanos que enlosan las riberas de nuestros caminos, los entornos de nuestros camposantos e incontables descampados, concediendo al menos la dignidad de una sepultura digna a quienes fueron vilmente asesinados con tal crueldad por causa de sus ideas, por estar en el momento equivocado en el lugar equivocado o sólo por tener una cuenta pendiente con algún vecino; pero es más difícil de comprender todavía que hoy, que desenterramos a los fenicios o a los romanos como si tal cosa, suponga esto una afrenta para nadie. Es lógico que a quienes perpetraron aquellas bestialidades —ya todos o casi todos muertos— se lo pareciera; pero no lo es tanto que les parezca “ilegal” a algunos fiscales y jueces.

Pero, en fin, no debemos olvidar que esto es España, y que si nos desprendiéramos de idiosincrasias como éstas quizás dejaríamos de serlo. Tal vez nuestra esencia sea la contradicción permanente, el batallar contra nosotros mismos hasta que no quede quién apague los faroles. No se puede mirar al futuro cuando el pasado todavía amarillea al borde los caminos: es hora de enterrarlo dignamente y podernos mirar todos a la cara.

La Justicia es así. Desde lo alto del gallinero se ve con claridad meridiana. España es un Estado de Derecho ahora, antes lo fue de ¡firmes!, pero según nuestra legislación no son necesarias las pruebas para condenar a un acusado, por la razón que sea algunos criminales confesos están tan libérrimos como los santos pájaros, los asesinados criando malvas por doquier como si tal cosa, pero, al mismo tiempo, los familiares de los asesinados no pueden recuperar los restos mortales de sus seres queridos y darles la digna sepultura que quieran.

El tercer poder del Estado cojea. Cojea demasiado, y, con él, el Estado mismo. Ni toda la legislación española bastaría para calzar esa pata, ni todos los carpinteros para arreglarla. Es un despropósito sin corrección posible, y de sobra tenemos pruebas de ello casi a diario. Lo que habría que hacer sería reinventarla —ahora que está tan de moda el término—, arrancarla de su sitio, construir otra nueva y ponerla en lugar de ésta. Sólo así evitaremos que un día se nos venga abajo la mesa entera.

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