La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha suspendido este viernes un viaje a Japón y Vietnam para ahorrar dinero tras ordenar una congelación presupuestaria de 10.000 millones de reales (2.600 millones de dólares) que amenaza con paralizar al Gobierno.

La medida busca cumplir con la ley de responsabilidad fiscal del país, después de que el Congreso no pudiese aprobar una legislación esta semana para recortar el objetivo fiscal gubernamental para este año. Por ley, el Gobierno debe contener los gastos para cumplir el objetivo original de ahorro fiscal.

"Este no es un problema financiero, sino presupuestario. (...) A partir de diciembre, el Gobierno no puede tener más gastos discrecionales, excepto los esenciales para el funcionamiento del Estado", ha explicado un portavoz presidencial a periodistas.

El mismo portavoz ha indicado que el viaje de Rousseff, que debía comenzar el martes, ha sido cancelado a consecuencia del congelamiento. Tampoco ha quedado claro por el momento qué áreas del Gobierno se verán afectadas por la medida.

Enfrentada a la peor recesión en décadas, Rousseff intenta estabilizar las cuentas del país tras años de fuerte gasto público que erosionaron la confianza de los inversores en la una vez floreciente economía brasileña.

La mandataria está también bajo presión para cumplir con la ley presupuestaria después de que la Corte Federal de Cuentas sentenciase que manipuló las finanzas públicas del país en 2014. Sus rivales políticos aseguran que debería someterse a un juicio político en el Congreso por saltarse la legislación.

El arresto el miércoles de su hombre de confianza en el Senado, Delcidio do Amaral, por supuesta obstrucción de una investigación de corrupción en la empresa con participación estatal Petrobras, retrasó la votación prevista de la ley para cambiar el objetivo de superávit primario.