Cuando una persona insiste en actuar en contra de la lógica, de los dictados de la razón y del más elemental sentido común, es imposible tomársela en serio salvo que, quien intenta imponer semejantes criterios, se obceque en imponer sus desvaríos a todo un pueblo, a una comunidad de más de siete millones y medio de ciudadanos que, por añadidura, ha dejado claro en las votaciones autonómicas que no cree, mayoritariamente, que el proyecto que se les quiere hacer tragar sea, precisamente, el que más los favorece, el que les va a proporcionar un más alto nivel de vida y de seguridad jurídica dejándoles, por el contrario, huérfanos del amparo y la protección de la nación a la que vienen unidos desde hace más de seiscientos años, con la que han compartido, dentro de Europa, lo que ha sido una de las crisis más profundas dentro de la más reciente historia de nuestra nación.

El señor Artur Mas ya nos tiene acostumbrados a exponer los problemas que afectan a Cataluña y los catalanes, desde su personalísima forma de entenderlos y de relacionarlos con los que afectan al resto de los españoles. Para Mas el concepto de democracia es, simplemente, el que les convendría que fuese a todos los que comparten con él este sentimiento de deslealtad a la nación a la que pertenecen, olvidándose de que democracia significa el derecho de todos los españoles a opinar sobre un tema y no sólo el de un puñado de catalanes (ni tan siquiera la de mayoría de ellos, como ha quedado claro en los recientes comicios), apenas 1´8 millones respecto a los 5 millones de ellos que tenían derecho a votar. Mal le iría si lo que él pretende, una y otra vez, respecto a intentar conseguir una mayoría favorable al independentismo y ello prodigando las consultas tantas veces como fuera necesario hasta que, por aburrimiento, los catalanes acabaran por aceptar su propuesta; si esta consulta se les hiciese a todos los españoles con derecho a voto de la nación. Entonces las posibilidades de conseguir su propósito serían, prácticamente, nulas.

Sin embargo, hay momentos en los que la exasperación que produce en los españoles puede llegar a sobrepasar el límite de tolerancia con la que se pueden contemplar las excentricidades, las estupideces y las payasadas de este Polichinela de atrezo en el que se ha convertido el expresidente de la Generalitat de Cataluña. Es posible que tengan razón todos aquellos que prefieran actuar con suma prudencia en el tema catalán para no levantar más suspicacias, para no crear más enfrentamiento entre catalanes y el resto de españoles o para evitar que, antes de las elecciones del 20D, se pudieran producir altercados que pudieran poner en cuestión la celebración de dichos comicios. Sin embargo, somos muchos los que ya estamos bastante hartos de que siempre se tomen con tanta parsimonia, con tanta cautela o, digámoslo claro, tanta mojigatería los desafíos que, sin disimulo alguno y expresados públicamente en el Parlamento catalán y recogidos en sus actas, ha dejado clara su intención de incumplir la legislación española, las resoluciones de los tribunales de la nación y el propio TC, garante de que la Constitución española sea respetada y obedecida.

Veamos si dejamos suficientemente entendidos algunos puntos respecto a la financiación de la comunidad catalana. Por una parte hay establecida una financiación, que pudiéramos definir como “normal”, consistente en una cantidad fija de financiación que reciben del Estado todas las comunidades autonómicas para atender a sus necesidades de prestar determinados servicios públicos a los ciudadanos, de los que se han hecho cargo. Lo que sucede y ya se ha convertido en algo endémico en el caso catalán, es que el Gobern no sabe arreglárselas con lo recibido en concepto de financiación regular y ha tenido necesidad de acudir al FLA, una fuente de financiación, establecida por el Gobierno, para ayudar a aquellas comunidades de las que está integrado el Estado cuando, por las circunstancias que fueren, necesitasen un préstamo adicional para poder atender a gastos imprevistos. A pesar de la autosuficiencia con la que Mas pretende vender a los catalanes la posibilidad de subsistir como país independiente, afirmando que Cataluña dispone de autosuficiencia para poder desenvolverse por si sola, sin la ayuda de nadie y menos de España; la realidad ha venido demostrando a través de los años que esto no es cierto y el Estado español, a través del FLA ya le ha venido prestando 40.000 millones de euros, aparentemente destinados a que puedan pagar a los proveedores las cantidades que se les vienen debiendo.

Conviene recordar que, del montante total del importe previsto para toda la nación, en los PGE, para dotar el FLA, más de un 38% se destina a ayudar, en sus problemas de pago, a la comunidad catalana. La última partida que Montoro les ha cedido a los catalanes supera los 3.000 millones de euros destinados, una vez más, a pagar las deudas contraídos con distintos proveedores, entre ellos la Seguridad Social y las farmacias, a las que ya se les adeuda una cifra que supera los 350 millones de euros. En esta ocasión, no obstante, las condiciones que el ministro Montoro ha puesto a la entrega de esta última ayuda, han puesto en pie de guerra a las huestes de la Generalitat del señor Mas y de sus colegas, incluido el señor Durán que se ha creído obligado (las elecciones están a la vuelta de la esquina) a apoyar una postura completamente absurda, visto lo que ha estado sucediendo con parte de las anteriores ayudas recibidas a través del indicado FLA.

La indignación y el victimismo que, una vez más, han exhibido los mandatarios catalanes tiene mucho que ver con algunas prácticas que han venido ejercitando desde hace años, destinadas a subvencionar sus martingalas separatistas, el pago de la consulta del 9N, las retribuciones de todos los que viene formando parte de la administración paralela que están organizando, para cuando asuman el poder; los apoyos especiales al idioma catalán; los gastos de las diversas “embajadas” que han ido estableciendo en el extranjero; las contrataciones de nuevos funcionarios etc. No les ha gustado que el ministro Montoro quisiera cerciorarse de que, el dinero que se destine a Cataluña, tenga carácter finalista, es decir, que sea destinado, íntegramente, a los fines para los que ha sido concebido y no resulte, como parece que puede haber ocurrido en otras ocasiones, cuando una parte de él ha sido desviada a otras partidas de gastos distinta y, en especial, relacionadas con la financiación de actividades separatistas.

Las amenazas, las quejas, las lamentaciones extemporáneas resultan ridículas, desproporcionadas y absurdas, si vienen de unos señores que acaban de dejar claro, en el Parlamento Catalán, que su intención es desobedecer las leyes del Estado y la resoluciones de sus tribunales, porque lo que ellos quieren es conseguir su independencia de la nación española.¿A qué viene, señores, el reclamar que el Gobierno no les fiscalice el dinero que les presta si, según sus intenciones, su objetivo es separarse del reino? En este caso parece absurdo que el Estado, si fuera consecuente, les prestara cantidad alguna. Si la deuda que tienen con el Estado español puede que sea superior a los cuarenta millones de euros ¿qué garantía tendría el Estado español de recuperar lo que se le debe, de un nuevo estado que quedaría sin financiación externa por la calificación de BB de su deuda pública y fuera de las posibles ayudas de los bancos europeos por quedar excluida de Europa?

O así es como, señores, bajo la óptica de un ciudadano de a pie, nos parece un ejercicio del más supino cinismo el que, cuando se recibe una ayuda para pagar a los proveedores y, esta ayuda, se presta a pesar de la anunciada ruptura con España prevista por quienes van a ser los nuevos gobernantes de la autonomía catalana, todavía se quieran imponer condiciones o se intente seguir con sus manipulaciones internas.