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Etiquetas:   Políticamente incorrecta   -   Sección:   Opinión

Garzonadas

Almudena Negro
Almudena Negro
@almudenanegro
martes, 21 de octubre de 2008, 04:48 h (CET)
Garzonada: dícese del espectáculo antidemocrático y esperpéntico orquestado, con manifiesto desprecio hacia el Derecho, por un miembro de la judicatura con mucho parné cuando anda en busca de compartir honores de Nobel con el criminal Yasser Arafat.

Puede la garzonada suponer la injerencia en la política nacional y soberana de terceros países a los cuales el juez en cuestión considera que debe amparar porque los debe considerar incapaces para hacerlo por sí mismos, la acusación de pertenencia a banda terrorista en forma de X contra un presidente de gobierno a quien acompañó previamente como número dos en las listas del partido por Madrid, la solicitud de actas de defunción de personas cuya muerte es pública y notoria (¿qué tal Marilyn? ¿Y Kennedy? ¡Anda! ¿Y Hitler?), el destinar millones de euros del ajustado presupuesto de la Justicia a perseguir fantasmas del pasado mientras importantes sumarios contra el terrorismo del presente, como el chivatazo a ETA que impidió la detención de su cúpula financiera, duermen el sueño de los totalitarios, la derogación por vía de facto de la Constitución de 1978 o incluso la profanación de tumbas con la oposición de los familiares del finado, cual es el caso de Federico García Lorca.

De lo que se trata es, haciendo buena la falacia que dice “que hablen bien o mal lo importante es que hablen de uno”, de ocupar cientos y cientos de páginas en periódicos y de ocultar la negligencia chapucera que permite la excarcelación de peligrosos narcotraficantes. Negligencia que en un país democrático –aquél que tolera “garzonadas” no lo es- a cualquier juez costaría la separación del puesto.

La penúltima garzonada acontecida en nuestro país, la misma que algunos desprecian afirmando “es una payasada más de Garzón” es de una gravedad jurídica infinita. Y no lo es porque eso de las culpas colectivas sea una aberración totalitaria o porque puestos a imputar a todos los antiguos falangistas la mitad de los ministros actuales –Wenceslao Fernández de la Vega a la cabeza- y hasta Juan Luis Cebrián verían desfilar por los juzgados a sus progenitores, en el caso de que aún vivan. La gravedad del asunto reside en que resulta que la Constitución Española de 1978 fue posible, principalmente, por el suicidio de las Cortes franquistas que cambiaron, muy a pesar del PSOE, partido que, aunque hoy en día no se recuerda, pidió el “no” en el referéndum para la reforma política, las leyes del Movimiento que sustentaban la legalidad franquista con el fin de facilitar una transición a la democracia por vía de reforma y no de ruptura, y por la ley de Amnistía de 1977 que hizo posible la reconciliación nacional, como ha tenido a bien recordarle la Fiscalía al desenterrador de la Audiencia Nacional.

Si la judicatura, empezando por el nuevo CGPJ, permite este atropello será cómplice de la liquidación del régimen constitucional y de lo poco de democracia que queda en España. Si es que queda algo.

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