Hace unos meses tuve un debate con una amiga -en adelante Rosenthal- sobre las desigualdades. Fue una interacción dialéctica muy amplia, y sobre la cual me basaré para defender o legitimar las desigualdades. De este modo, el formato responderá a refutar sus tesis y justificar las mías, intentando lograr la máxima fidelidad posible al debate producido, a pesar de no reproducirlo textualmente. Antes de proceder a desarrollar los argumentos, es importante reconocer la amplitud de la temática e indicar que únicamente tratamos algunos subtemas de todo el fenómeno. Por otro lado, reto a Rosenthal a responderme a cada uno de los tres artículos de opinión que elaboraré, siempre y cuando lo considere oportuno.

Rosenthal apela a la solidaridad para avanzar hacia una sociedad mejor en su conjunto, remitiendo a la vez que existe una desigualdad previa. Según ella, las desigualdades deberían reducirse, y por lo tanto, son en sí mismas negativas o incluso las podría calificar como injustas. De esta premisa se justifica, bajo su punto de vista, la intervención de la administración pública, justamente para perseguir el fin indicado. A partir de este posicionamiento, expongo a continuación una serie de argumentaciones.

Solidaridad implica ayudar o contribuir en el soporte de una tercera persona desde la vertiente voluntaria. Contemplar la solidaridad como un proceso caracterizado por componentes obligatorios es desvirtuar totalmente el término. De hecho, significa utilizar un concepto que tiene un fondo positivo para ocultar -no necesariamente de forma mal intencionada- lo que realmente se pretende llevar a cabo. Y es que, obligar mediante impuestos a contribuir a la disminución de la desigualdad social no responde a la naturaleza de la solidaridad, sino al contrario, al de la imposición de un fin “supuestamente” positivo -en los dos siguientes artículos se procederá a argumentar más específicamente la defensa de las desigualdades-.

La respuesta de Rosenthal se basa en proclamar que como no todas las personas desarrollan la empatía, o como mínimo no todas la ponen en práctica, esta supuesta solidaridad, o mejor dicho -esto exactamente no lo pronuncia ella, pero lo admito como parte de mi refutación en el párrafo anterior- esta imposición estatal es necesaria en muchas ocasiones para la supervivencia de estas personas.

Me opongo a pensar que como no todos los individuos tienen, muestran o aplican la empatía se deba promover indirectamente mediante el poder estatal. ¿Y por qué no se promueven otros valores o principios, como la humildad, la sinceridad, el esfuerzo, la inovación, entre otros, desde los poderes públicos? Y en cualquier caso, ¿Por qué si el problema es la falta de empatía, no se financian cursos que enseñen a desarrollarla o a entrenarla? De este modo, se lograría atacar la raíz del supuesto problema.

A pesar de todo, no defiendo este tipo de cursos, ya que diseñar acciones públicas para responder o intentar fomentar unos valores determinados es generalmente injusto para aquellas personas que no creen que éstos sean tan importantes, o simplemente que no formen parte de sus planes vitales. En consecuencia, no deberían contribuir igualmente a su financiación de forma involuntaria. De hecho, promover unos valores determinados es considerarlos implícitamente más importantes que otros -los que se financian y se promueven desde la administración pública con respecto a los que no-. Incluso, se puede acabar socializando a favor de unos supuestos o principios determinados y no de otros.

Para la supervivencia de las personas, es decir, en casos de extrema necesidad opto porque se les ayude económicamente, siendo un recurso de última ratio. Por lo tanto, primeramente se debe confiar en que las personas puedan desarrollarse autónomamente y no mediante el paternalismo estatal. En cualquier caso, como bien se ha dicho, en última instancia podrían aplicarse las rendas mínimas de inserción. Actualmente, estas medidas ya existen, pero lógicamente se debería mejorar en términos de definición, operacionalización y gestión.

En cualquier caso, es fundamental que los ingresos que se perciban de esta renda mínima de inserción sean devueltos por parte de los ciudadanos. Esto permite que no se genere una dependencia a la prestación. Y además, fomenta la concienciación y valorización mucho más real entorno al origen de la prestación, que no deja de ser el esfuerzo económico de los contribuyentes a los que no se les puede imputar la responsabilidad de la situación de la persona beneficiaria de la renda mínima de inserción. Cabe destacar, que se podría elaborar un artículo de opinión mucho más amplio para defender la particularidad introducida en este párrafo, pero este no fue objeto del debate.