El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy para la supresión del acceso universal a la atención sanitario. La admisión a trámite conlleva la inmediata suspensión de la medida llevada acabo por el Consell de garantizar la cobertura sanitaria a las personas con situación irregular en el territorio valenciano.

La ley que otorga a los inmigrantes indocumentados los mismos derechos de asistencia sanitaria que a los españoles en la autonomía valenciana fue una de las primeras medidas impulsadas por el recién renovado Ejecutivo valenciano, compuesto por el PSOE-PSPV y Compromís y presidido por el socialista Ximo Puig.

En el año 2012, la asistencia sanitaria a las personas en situación de irregularidad fue restringuida por el Gobierno español para el conjunto del territorio, con la intención de contener el gasto público.

Hasta la suspensión, decretada el pasado martes, las únicas condiciones para acceder a la cobertura sanitaria eran llevar tres meses empadronados en un municipio de la Comunidad Valenciana, no disponer de un seguro privado, ni ser nacional de un país que tenga firmado un acuerdo con España que le obligue al pago. La obtención de la tarjeta se hacía a través de los centros de salud.

Según datos de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, unas 5.000 personas se acogieron a este beneficio, la administración autónoma esperaba cubrir a cerca de 30.000 personas en situación irregular. Todas ellas, desde la admisión a trámite del recurso de Mariano Rajoy, quedarán, de nuevo, desprotegidas de cualquier tipo de adversidad sanitaria.

El Gobierno central presentó el recurso contra la norma autonómica el pasado 28 de octubre considerando que las autonomías no pueden definir quiénes se encuentran amparados por la sanidad pública y la cobertura que ésta puede tener. El Ejecutivo de Ximo Puig, por su parte, parece estar más a fin con el cumplimiento de los mandatos de la Constitución Española que habla de dar una cobertura a la sanidad universal y gratuita.

A poco más de un més del fin de la actual legislatura, Rajoy se enfrenta ante los Tribunales ante un caso controvertido como es el acceso a la Sanidad. El País Vasco ya ganó la batalla ante el Gobierno central y comunidades como Navarra, Andalucia o la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, han dado pasos hacia la cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares. Sin embargo, la reacción del Gobierno ante el conjunto de las comunidades autónomas ha sido bastante diferente.