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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Catalunya desafía a España

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 17 de septiembre de 2008, 11:12 h (CET)
No por esperado es menos preocupante que, en Catalunya, el Estado de Derecho brille por su ausencia. En un lugar donde el Gobern de la Generalitat se pasa por el entreforro de los pantalones las sentencias del TSJC, sin que de ello surja ninguna actuación de la fiscalía para forzar que se cumplan las resoluciones judiciales; en una parte del territorio nacional donde se permite que sea vejada la bandera Española y se quemen los retratos de los reyes impunemente, ante la presencia entre impasible, impotente y desairada de los Mossos de Escuadra o, en una autonomía en la que se han impuesto a sus ciudadanos medidas contrarias a la Constitución, se han limitado, en contra de la ley, los derechos de los españoles en materia de educación y donde, por añadidura, se impone a toda la ciudadanía el uso del catalán como única lengua oficial y se considera como de “mala educación” el hablar en castellano; podrán comprobar, señores, que, en este mismo territorio, en el que el nacionalismo y el separatismo se han constituido ( representando a una pequeña parte de la población de la región) en dictadores de la conducta de los catalanes; que exigen obediencia a sus dictados y satanizan todo lo que provenga del resto de España, al tiempo que se regodean cuando los fanáticos de sus seguidores insultan, agraden, se refocilan y calumnian a la nación, reclamando la independencia y el autogobierno; resulta que, ni por Gobern catalán ni por Gobierno central, se lleva a cabo ninguna acción, ninguna actuación de la Justicia ni ningún acto de represión por parte de la fuerza pública encargada del mantenimiento de la legalidad y el orden.

Y uno, escandalizado por un escenario de rebelión semejante en contra de la legalidad establecida, se cuestiona el hecho de que se puedan mantener, al frente de tales comunidades, a personas que han dado evidentes muestras de su talante subversivo, de su desprecio por la Constitución y de su evidente intención de enfrentarse contra cualquier tipo de norma que provenga del Gobierno de España; sin arbitrar los mecanismos constitucionales oportunos para despojar de sus prerrogativas a las autonomías que permiten tal situación. Lo malo de esta incuria de los que nos gobiernan, es que la pasividad que están demostrando, permitiendo estos brotes secesionistas en las provincias catalanas y vascas, es que están contagiando a otras autonomías que, con anterioridad, nunca habían causado problemas de esta índole, como pudieran ser las Baleares y la propia Galicia. Si una cosa ha quedado demostrada durante el tiempo que el PSOE del señor Zapatero lleva al frente del gobierno del país, es que el andarse con paños calientes con los terroristas, con los nacionalismos separatistas o con aquellos que reniegan de la unidad de España y de sus instituciones, no sirve para nada, al contrario, el único resultado ha sido que salgan reforzados ante la debilidad del Ejecutivo; se sientan más fuertes y, de paso, su impunidad les sirva para atraer a más partidarios que piensan que, apoyándose en ellos, van a salir más beneficiados.

No parece que nuestros gobernantes hayan sacado conclusiones de lo que, la Historia de España, nos ha enseñado. La situación actual de Catalunya, salvando las distancias en cuanto al tiempo y el entorno internacional, tiene demasiadas semejanzas a la de los tiempos del señor Companys, cuando la II República –entonces el Estado actuó con firmeza y acabó con la pretensión autonomista del abogado de los cenetetistas —; para que no sintamos la impresión de que se puede llegar a un punto en que se vuelvan a reproducir sucesos de xenofobia y revolución filo comunista semejantes a aquellos, con la intención de reproducir de nuevo la hazaña de aquel iluminado. Todos sabemos, por triste experiencia, a lo que condujeron “aquellos polvos”.

Sin embargo, no debemos dejar de contemplar con estupefacción los intentos continuados del Gobern y de CIU para ir expandiendo la hegemonía de Catalunya, en busca de la tan ansiada independencia. Uno de los métodos consiste en ir abriendo en Alemania, Francia y ahora parece que en New York, oficinas a las que pomposamente les llaman “embajadas” saltándose las disposiciones legales que atribuyen sólo al Estado le representación de España ante las otras naciones. Últimamente, hemos tenido una muestra más de los intentos constantes de introducir peones nacionalistas en las instituciones del Estado; ha sido en el reciente nombramientos de los vocales del Poder Judicia, –una merienda de negros que ha dejado patente la intención de los partidos políticos de tener amarrada a la Justicia para que se acomode a sus fines particulares – cuando CIU ha conseguido introducir a un señor, Ramón Camps, que, junto a Margarita Uria, del PNV ( otros que tal), van a poder inclinar la balanza a un lado u otro cuando, como es de prever, los partidos mayoritarios no estén de acuerdo.

Ahora la prensa ha dejado al descubierto que, este señor, tiene abierta una causa como supuesto prevaricador, que sigue su curso. Al parecer, según Periodista Digital, “el Tribunal de Justicia de Cataluña investiga si Ramon Camp y seis miembros más de un tribunal calificador, cometieron un delito de prevaricación en la adjudicación de una de las plazas de chófer que estaban en juego en un concurso público”. Aquí cabría preguntar ¿cómo los señores de CIU no han tomado la precaución de investigar el pasado de este señor antes de presentarlo para el cargo?. O ¿puede que haya primado el saber que dicho señor tuvo algo que ver en la redacción del Estatut o en su valoración? En cualquier caso, a una vergüenza se suma otra debido a que, sea cuan fuere el resultado de la causa abierta contra el señor Camp el hecho es que, su situación de sospechoso de cometer un delito, no le permite seguir en un puesto donde la honorabilidad es una condición sine que non. En fin, que no salimos de sobresaltos y lo verdaderamente dramático es que parece que nadie, ni tan siquiera los del PP, se esfuerza lo más mínimo en poner remedio a este estado de cosas. Y si ustedes me preguntaran lo que hacen, ante este estado de cosas, aquellos que están encargados de mantener la unidad de España y velar por el cumplimiento de la Constitución, lamentablemente, les debería responder que,¡ nada, nada en absoluto! Siguen viviendo de rentas y parece que, quienes tienen la obligación de velar por España, se encuentran muy a gusto viviendo su vida, gozando de sus privilegios y cobrando del Estado.

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