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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

La Administración de Justicia, ¡al desguace!

Miguel Massanet
Miguel Massanet
domingo, 14 de septiembre de 2008, 04:53 h (CET)
¿Hasta dónde está dispuesta la ciudadanía española a transigir con el estado de la Justicia en España? Y, ¿hasta dónde están los españoles dispuestos a soportar los órdagos que desde Catalunya y el País Vasco nos están lanzando los independentistas? En España una minoría exigua de los 45 millones que poblamos la península, apenas representativa en la urnas de las legislativas y que, sin embargo, por la complacencia del gobierno del señor Zapatero y por la abulia del partido de la oposición, más empeñado en ganarse las simpatías de los nacionalistas que en defender con energía la lengua española, sigue siendo la que tiene la llave del,.gobierno de la Nación. Lo que ocurre es que si no hay aplicación recta de la Justicia, tampoco hay orden ni respeto por la leyes ni por la Constitución.

Es obvio que, la Administración de Justicia en España, está pasando por un bache que, por desgracia ya viene de lejos; motivado, en gran parte, por los intereses políticos de los partidos mayoritarios, más empeñados en mantener el poder y la influencia sobre la judicatura que en garantizar un correcto funcionamiento de la misma. Si, por una parte, la pobreza de medios, el atraso de los juicios, la penuria de personal y la incuria de los profesionales, nos han llevado a que permanezcan en la nevera del olvido más de dos millones de expedientes; por la otra, deberemos reconocer que la politización de las instituciones, entre ellas la fiscalía del Estado; la sensibilidad de los altos tribunales a las presiones del Estado y en particular del Gobierno ( aquí tenemos el caso del Estatut de Catalunya, durmiendo el sueño de los justos en el TC); sin descartar las salidas de tono de algunos jueces, los llamados “estrellas”, lanzados a la busca de notoriedad más que de justicia; de lucro más que de oportunidad y de querencia partidaria más que de equidad; no abona que uno de los puntales del Estado, el encargado por velar por el cumplimiento de la normativa vigente, esté, precisamente, cumpliendo con su cometido. Sea por lo que fuere, lo que sí es evidente, es que en España hemos dejado de tener una Justicia independiente y que el aparato de la Administración de justicia está enmohecido, hasta tal punto, que ninguno de sus engranajes es capaz de funcionar medianamente bien.

No es extraño pues que se vayan multiplicando los casos en los que queda demostrada la impotencia de los tribunales para hacer frente a sus obligaciones. Cuando no es un juez que deja en libertad a un sujeto para que se fugue, con total impunidad, y con la agravante de sacarse el pasaporte que precisa en un comisaría de policía, para huir tranquilamente; nos encontramos con otro que, por las causas que fueren, sea por negligencia o por incapacidad, deja sin ejecutar una sentencia para que el reo pueda continuar cometiendo tropelías a su antojo. Cuando no es un caso es otro y lo malo es que los que han dado peor ejemplo han sido la propia Fiscalía del Estado, donde el señor Conde Pumpido no tuvo empacho en tratar con alfombra roja al señor De Juana Chaos o al señor Otegui, argumentando unos motivos coyunturales y más tarde, y cuando le convino al Gobierno dar la sensación de dureza contra el terrorismo, cambió los argumentos para encarcelarlos de nuevo. No digamos nada del Supremo y el TC, que ya no se molestan en ocultar su clara politización. El tema más sangrante es, sin duda, la tremolina organizada con los recursos en contra de la gran parida que es el Estatut catalán. Lo peor es que, como se trata de una Ley Orgánica y está vigente, todos los acuerdos que contiene se ponen en práctica de modo que, si se llegaran a declarar inconstitucionales, el mal ya estaría hecho y sería imposible dar marcha atrás.

Por otra parte, la dejación del cumplimiento de sus obligaciones de la fiscalía está dejando impunes temas de tanta solvencia como pudiera ser la aplicación de la “ley de banderas”; la enseñanza del idioma español y el derecho a usarlo; los propios intentos de sujetos como Ibarretche de buscar la secesión del País Vasco de España; los atentados contra los derechos individuales, como es la impartición obligatoria de la EpC obviando las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho de los padres a escoger la educación moral de sus hijos. Precisamente en estos días ,en Catalunya, se va a exhibir, al parecer sin reacción oficial o, mejor dicho, con la colaboración del Gobern, la bandera “estelada” símbolo del independentismo catalán. Hace unos años hubiera sido impensable que los propios ayuntamientos tomaran la decisión de colgarla de sus balcones, hoy, por el contrario, cualquiera que se atreviera a poner objeciones seguramente saldría mal parado y, cuando digo mal parado, me refiero físicamente.

La consecuencia de este buenismo, de esta condescendencia, de esta falta de autoridad para hacer cumplir las leyes, de la desidia de las autoridades y de la impunidad de aquellos que incumplen las normas que, un Estado de Derecho, debiera imponer a rajatabla; son, ni más ni menos, lo que ya se está empezando a producirse, algo que repugna al sentido común, y que parece que se convierte en algo habitual, el hecho de que, cualquier grupo de ciudadanos, se convierta en juez y parte de cualquier reyerta callejera, de cualquier delito de género, de cualquier incidente comunal; de tal forma que, a nivel de de los ciudadanos, se empieza a tomar la justicia por la mano hartos de que los jueces no cumplan con sus respectivos cometidos, la policía mire hacia otro lado y las leyes que se aplican no tengan la contundencia que debieran tener para garantizar la normal convivencia y orden de los ciudadanos. Los jacobinos demostraron lo peligrosa que puede llegar a ser lo de la justicia aplicada directamente por el pueblo.

Si desde los propios medios de comunicación se juzgan los hechos, sin la menor base jurídica para hacerlo; se anatematiza a las personas, sin darles oportunidad de defenderse y se crea malestar público y desinformación, sin que ni los poderes públicos ni la Administración de Justicia tomen medidas para evitarlo.¿Qué no va a suceder si se permite que, cada vez más, a nivel de calle, se vayan permitiendo críticas indocumentadas contra las instituciones, las leyes o las normas de convivencia, por sujetos que arriman el ascua a su sardina y que carecen de la menor solvencia intelectual y preparación adecuada para emitir opiniones que no sean sesgadas y oportunistas? La culpa de esta proliferación es sin duda del Gobierno, que no pone coto, no proporciona medios y no se interesa en que la Justicia esté dotada de medios y de independencia para hacer cumplir las leyes, sin interferencias. Leyes actualizadas, penas adecuadas para determinados delitos de especial gravedad; dotación de personal especializado y de medios técnicos y económicos para la Administración de Justicia; son demandas que no pueden dejarse en el olvido, si es que pretendemos que en España el Estado de Derecho sea algo más que una frase hermosa para enmarcar en el cuadro de la desidia, incompetencia y banalidad de un Gobierno aferrado a sus réditos partidistas y ajeno a los intereses generales del pueblo español.

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