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Etiquetas:   Ver   juzgar y actuar   -   Sección:   Opinión

Culpables de la crisis

Francisco Rodríguez Barragán
Francisco Rodríguez
viernes, 29 de agosto de 2008, 03:42 h (CET)
Hace unos meses, en una conversación sobre la situación económica, expresé mis temores de que se avecinaban tiempos difíciles, pero otros contertulios mostraron su confianza en que todo se arreglaría porque “no podíamos ir hacia atrás ni descender del nivel de vida alcanzado”. Mantuve que ninguna situación está garantizada y que podríamos ir a peor, opinión que no fue acogida por los demás.

Ahora cuando vemos que los precios aumentan, que muchos quedan en paro, que las ventas no cubren las expectativas de los comerciantes, que no es fácil conseguir un crédito, que los intereses de las hipotecas aumentan, que grandes empresas acuden al concurso de acreedores y otras pequeñas van desapareciendo, ha comenzado el miedo y se alza el clamor de que el Gobierno tiene que tomar medidas.

El Gobierno, primero negó que hubiera problemas y nos aseguró que estábamos en una situación envidiable para resolverlos. Después habló de que se trataba de dificultades puntuales que se resolverían en breve plazo. Luego amplió los plazos y echó la culpa de los problemas al precio del petróleo, a la administración norteamericana y, como no podía ser de otra manera, al partido de la oposición y al gobierno anterior.

Lo que se dice medidas del Gobierno no hemos visto ninguna, si acaso algunas ocurrencias escasamente meditadas. El primer partido de la oposición propone un amplio recetario, que el gobierno ni siquiera lee y los ciudadanos, me temo, que tampoco. El presidente Zapatero se dedica a repetir, como un disco rayado, que no va a dar ni un paso atrás en el “gasto social como querría la derecha”, para convencer a la gente que la izquierda es buena y la derecha mala, malísima.

El gasto social en sanidad y enseñanza dejó hace tiempo de estar en manos del Gobierno central y pasó a las Comunidades Autónomas. Las prestaciones de jubilación, invalidez, viudedad o desempleo, no transferidas a las CC.AA., están reguladas por Ley y no cabe ninguna medida discrecional sobre ellas. La ley de dependencia no parece fácil de llevar a la práctica y menos aun en esta situación. No sabemos realmente a qué gasto se refiere el Presidente.

Todos siguen esperando que el Gobierno tome medidas, pero hay quienes se organizan para que las medidas que tome les beneficien a ellos y buscan la colaboración de “conseguidores” relacionados con la Moncloa y de los altavoces mediáticos que convenzan a la gente de la bondad de las medidas que proponen, como pueden ser que el Gobierno les compre el suelo o los edificios que no consiguen vender. Es probable que se salgan con la suya. Los políticos creen que pueden hacer lo que quieran con el dinero que pagamos los contribuyentes. Los votos en las elecciones o en el parlamento legalizan todas las conductas, aunque no legitiman ninguna.

En este desaguisado todos tenemos nuestra parte de culpa aunque resulte difícil que alguien lo reconozca. Creímos que comprando una o varias viviendas nos haríamos ricos sin esfuerzo, que se revalorizarían perpetuamente, que el mejor ahorro y la mejor inversión era el ladrillo. Ahora sobran viviendas y las inmobiliarias cierran porque no venden ninguno.

La construcción ha sido como las estafas piramidales en las que todos creen que pueden ganar. Todo empezó cuando alguien puso en manos de los ayuntamientos una varita mágica con la que decidían, sobre el mapa, dónde y cómo construir. El suelo enriqueció, sin esfuerzo, a muchos propietarios de terrenos de cultivo. Esta riqueza fácil podía ser compartida con sus benefactores municipales. Aumentó el precio del suelo y las viviendas se encarecieron. Autorizar diez plantas en una playa, ¡menudo negocio!

Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas encontraron en este trapicheo de la construcción una fuente de ingresos, que creyeron inagotable, para sus presupuestos y los sustanciosos sueldos de los políticos y el aumento imparable de una clase clientelar de funcionarios. ¿Podrá seguir manteniéndose este tinglado?

Después de los años ochenta, en que los créditos bancarios tenían unos intereses hasta del catorce por ciento o más, llegó el dinero barato. Mucha gente se convenció de que era mejor deber un préstamo que ahorrar y las entidades financieras se lanzaron a prestar dinero para construir, vender y comprar viviendas. Si no había ahorro suficiente para tanto préstamo, se compraba dinero fuera de España. No había problema. La automática y milagrosa revalorización de los inmuebles todo lo resolvería. La parte de culpa de las entidades financieras ¿quién la pagará?

El precio de las viviendas se anunciaba públicamente, pero a la hora de formalizar la escritura de compraventa el que se consignaba era muy inferior al real, aunque el comprador no pagaba nada sino que, al mismo tiempo, recibía de una entidad financiera un préstamo por la totalidad del precio de la vivienda más gastos, que garantizaba con hipoteca sobre el piso que acababa de comprar por un precio mucho menor que el préstamo. El importe de este préstamo pasaba íntegramente a manos de la promotora o constructora. ¿Por qué importe contabilizaría la venta de la vivienda?

El mecanismo defraudatorio es bastante claro y la Administración Tributaria, que revisa tanto la escritura de compra como la de hipoteca, mira para otro lado y los notarios, a quienes se les impuso la obligación legal de luchar contra el fraude y el blanqueo de dinero, nunca han denunciado a nadie, que yo sepa. Si la Administración Tributaria no actua, ¿por qué habría de hacerlo el notario?

¿Para qué seguir? El afán de lucro de unos y otros, de todos, nos ha llevado a esta situación. Aceptemos cada cual la parte de culpa que nos toque y desconfiemos siempre de las ganancias sin esfuerzo y de las promesas de los políticos. Por favor, que cuando lleguen otras elecciones nuestros votos no legitimen a ningún político incompetente y mentiroso del color que sea.

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